La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes, acorralada por una serie de revelaciones que desnudan la podredumbre del Poder Judicial chileno. Desde su nombramiento fraguado en chats entre abogados poderosos hasta un fallo de 2021 donde habría sido jueza y parte de un mismo caso, y una reciente denuncia por presuntamente impulsar un contrato millonario a una empresa sin experiencia, Gajardo se ha convertido en el símbolo de un sistema judicial que blinda a los poderosos y aplica la ley con saña a los de abajo y a los enemigos del sistema. Mientras la Organización de Trabajadores del Poder Judicial exige un sumario en su contra y la prensa hegemónica se esfuerza por presentar el caso como un escándalo aislado, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: la justicia, en el Chile de los patrones, no es más que un negocio más para las élites.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La fachada de probidad del Poder Judicial chileno se ha resquebrajado una vez más. María Cristina Gajardo, ministra de la Corte Suprema, se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de revelaciones que apuntan a un patrón de conducta incompatible con la función judicial. El último capítulo de esta saga se abrió con una denuncia presentada por la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) ante la Corte Suprema, solicitando la apertura de un sumario en su contra —junto a la ministra Adelita Ravanales— por presuntamente impulsar la adjudicación, mediante trato directo, de un contrato por $470 millones a una empresa sin experiencia y constituida hacía menos de un año. La decisión de la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, de poner el asunto en tabla para la próxima semana ha encendido todas las alarmas en el Palacio de Tribunales.
La trama del nombramiento: el poder de los chats y los padrinos
Pero el escándalo no se limita al contrato millonario. La ministra Gajardo llegó a la Corte Suprema en enero de 2022 en medio de una trama de influencias que hoy se revela en toda su crudeza. Los chats filtrados entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik —actual embajador de Chile en Israel— dejaron al descubierto que el nombramiento de Gajardo y de su colega Diego Simpertigue fue fraguado en conversaciones privadas entre las élites del poder judicial. En un intercambio por WhatsApp, el abogado Samuel Donoso respondió a una consulta sobre quiénes podían suceder a las ministras próximas a jubilar: “En estas quinas estamos de acuerdo c lucho (Luis Hermosilla) y gz (Gabriel Zaliasnik) en que los mejores serían la Sra Gajardo y Sempertegui (sic)”. Pocos días después, ambos fueron ratificados como nuevos integrantes de la Corte Suprema.
La doble inhabilidad: jueza y parte en el mismo proceso
El historial de Gajardo no es menos preocupante. En 2021, cuando aún era abogada integrante de la Corte Suprema, participó como jueza en una causa laboral en la que representaba a una de las partes, la empresa minera FLSmidth. Es decir, habría sido jueza y parte en un mismo proceso judicial. El juicio debió repetirse y terminó con un fallo favorable a un extrabajador de la empresa. Sin embargo, el hecho de que haya participado en una causa donde tenía un conflicto de interés tan evidente revela la falta de escrúpulos de una magistrada que, antes de asumir como ministra, ya había sido cuestionada por la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, quienes se opusieron a su nombramiento argumentando que no acogía en sus fallos materias vinculantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La función de clase de la justicia: un negocio de cuello y corbata
Desde una perspectiva marxista, el caso de Gajardo no es una anomalía, sino la expresión más acabada de la función de clase del Poder Judicial. La justicia, en el Chile del capitalismo neoliberal, no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. Los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema no se deciden por mérito, sino en chats privados entre abogados influyentes que operan como una suerte de “cofradía de la toga”. La misma lógica que permite a una jueza fallar en una causa donde representa a una de las partes es la misma que permite a los grandes empresarios evadir la justicia mientras los trabajadores son condenados con todo el peso de la ley.
Mientras la ministra Gajardo enfrenta una denuncia por un contrato millonario, los jueces de base y los funcionarios del Poder Judicial son sometidos a un régimen de sobrecarga laboral y precariedad, como lo han denunciado las regionales de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial (Anejud). La justicia de clase se expresa en la doble vara: una para los de arriba, que se protegen entre sí mediante redes de influencia y contratos millonarios; y otra para los de abajo, que deben soportar la carga del sistema sin derecho a reclamo.