El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una sentencia condenatoria contra el exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, y el exdirector de Inteligencia del Ejército, general (r) Shafik Nazal, por las interceptaciones ilegales del periodista Mauricio Weibel y otros denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense. Aunque la condena de cinco años de presidio y la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos representa un hito en la lucha contra el abuso de poder, los condenados cumplirán su pena en libertad vigilada intensiva, un beneficio que la Fiscalía no solicitó para ellos. Este fallo, considerado inédito por la Fiscalía, revela las contradicciones de un sistema judicial que, a pesar de condenar a dos altos funcionarios, sigue aplicando una lógica de clase que blinda a los poderosos y deja a los de abajo con la sensación de que la justicia siempre tiene una puerta trasera para los de arriba.
Por Equipo el Despertar
Santiago de Chile. El martes 30 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una sentencia que ha sido calificada como “inédita” por la propia Fiscalía. Por primera vez en la historia de Chile, un exministro de la Corte de Apelaciones y un exdirector de Inteligencia del Ejército fueron condenados por espionaje ilegal contra un periodista. La “Operación Topógrafo”, como se denominó la investigación, reveló una trama de interceptaciones ilegales que se extendió entre 2016 y 2018, donde el exjuez Poblete autorizó al menos 15 escuchas telefónicas solicitadas por el general Nazal, sustentadas en antecedentes falsos.
El blanco principal de esta operación fue el periodista Mauricio Weibel, quien en 2017 investigaba casos de corrupción vinculados a compras de armamento en las Fuerzas Armadas. También fueron espiados el excapitán Rafael Harvey y otros denunciantes de irregularidades al interior del Ejército. La fiscal Ximena Chong fue lapidaria al describir el modus operandi: el general Nazal presentaba solicitudes de interceptación con información falsa, “incluyendo tanto actividades supuestamente ilícitas como nombre de personas que serían los realmente interceptados, los cuales resultaron no ser ciertos”. Poblete, “en conocimiento de la falsedad de estos antecedentes”, autorizaba los oficios que permitían concretar las escuchas telefónicas.
La condena que no es tal
A pesar de la gravedad de los hechos, la sentencia impuso a ambos condenados una pena de cinco años de presidio, que fue sustituida por el beneficio de libertad vigilada intensiva. Esto significa que ni Poblete ni Nazal pisarán la cárcel. La Fiscalía había solicitado inicialmente 20 años de prisión para ambos, pero el procedimiento abreviado al que se acogieron los condenados permitió reducir drásticamente la pena.
La abogada de Weibel, Karinna Fernández, fue tajante: “Cuando se interviene el teléfono de un periodista que investiga, se interviene la democracia misma”. Y agregó que los hechos constituyen “graves vulneraciones a los derechos humanos, al haber sido cometidos por agentes del Estado encargados de proteger esas garantías”. El propio periodista calificó el fallo como un precedente “de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión”.
La función de clase de la justicia
Desde una perspectiva marxista, este caso revela con crudeza la doble vara del sistema judicial chileno. Por un lado, se condena a dos altos funcionarios por un delito grave, lo que podría interpretarse como un triunfo de la institucionalidad. Pero, por otro, se les aplica el beneficio de la libertad vigilada intensiva, un privilegio que rara vez se concede a los condenados de la clase trabajadora. La pregunta es inevitable: ¿se habría aplicado el mismo beneficio a un periodista o a un dirigente social condenado por un delito similar? La respuesta es obvia.
El sistema judicial, en el Chile del capitalismo neoliberal, no es un ente neutral. Es un instrumento de dominación que aplica la ley con saña a los de abajo y con benevolencia a los de arriba. La condena a Poblete y Nazal no es una excepción, sino la confirmación de la regla: la justicia, para los poderosos, siempre tiene una puerta trasera. Mientras los condenados disfrutan de su libertad vigilada, la clase trabajadora sigue esperando que la justicia sea realmente igual para todos. Pero la historia demuestra que, en el Chile de los patrones, la ley se dobla, pero nunca se rompe. Solo se aplica con rigor a los que no tienen apellido ni influencias.