La Mesa de Reactivación Laboral convocada por el gobierno de José Antonio Kast entregó su informe final con 22 propuestas para enfrentar la crisis del empleo, que dejó la tasa de desocupación en 9,4% —la peor desde junio de 2021— y una caída de 70 mil empleos formales desde 2022. Detrás del discurso técnico y del supuesto “consenso inédito” entre economistas, el paquete de medidas es una ofensiva frontal contra los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora. La propuesta estrella es la flexibilización de la jornada de 40 horas, la eliminación de la restricción de “única naturaleza” en los contratos —lo que permitirá a los empleadores exigir múltiples funciones a un mismo trabajador— y un mecanismo de reducción temporal de jornadas con cargo al Seguro de Cesantía que, en los hechos, traspasa el costo de la crisis a los bolsillos de los propios trabajadores. Mientras el gobierno presume de “abrir el debate”, la clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la ofensiva neoliberal: la precarización del empleo como política de Estado.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El martes 30 de junio, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibió el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, una instancia convocada por el gobierno y presidida por el economista David Bravo. Tras 49 días de trabajo, los nueve expertos —que incluyen a representantes de la Universidad de los Andes y del ESE Business School— presentaron 22 medidas agrupadas en cinco ejes: empleo femenino y sistema de cuidados, subsidios al empleo, capacitación laboral, regulación laboral con impacto en el empleo, e información del mercado laboral.
El diagnóstico es lapidario: el país arrastra 40 meses consecutivos con una tasa de desocupación igual o superior al 8%, y el desempleo femenino alcanza el 10,5% mientras el juvenil se dispara al 22,8%. Pero la receta de los expertos no es la inversión social ni la protección del empleo digno, sino la flexibilización a ultranza de los derechos laborales.
El corazón de la ofensiva: jornada flexible y polifuncionalidad
Dos propuestas concentran el núcleo de la ofensiva contra los derechos de los trabajadores. La primera es un mecanismo de reducción temporal de jornadas ante crisis económicas, inspirado en el sistema alemán “Kurzarbeit”. En teoría, busca evitar despidos masivos; en la práctica, permite a las empresas reducir las horas de trabajo y pagar solo el sueldo proporcional, compensando las horas no trabajadas con recursos del Seguro de Cesantía. Es decir, el costo de la crisis lo pagan los trabajadores y el fondo solidario que ellos mismos financian, mientras el empleador se desentiende de su responsabilidad.
La segunda es la eliminación de la restricción de “única naturaleza” en los contratos de trabajo. La mesa propone modificar el artículo 10 N°3 del Código del Trabajo para permitir que los empleadores exijan a un mismo trabajador “dos o más funciones distintas, independientemente de la naturaleza que tengan”. Como señala el informe, la medida busca “destrabar” las restricciones que, según los expertos, “dificultan la adaptación ante el cambio tecnológico y la automatización”. En castellano: un trabajador podrá ser obligado a realizar tareas de distinta naturaleza sin que el contrato lo limite, profundizando la precarización y la explotación.
La Sala Cuna Universal: un derecho que se vuelve negocio
El informe respalda el proyecto de Sala Cuna Universal, argumentando que elimina el “impuesto a la contratación de mujeres”. La medida, presentada como un avance para el empleo femenino, es en realidad una maniobra para abaratar el costo de la mano de obra femenina. Como señala el propio informe, el financiamiento provendrá de “cotizaciones del empleador y un aporte del Estado”. Es decir, se crea un nuevo fondo que, en lugar de garantizar el derecho a la sala cuna como una prestación del Estado, lo convierte en un mecanismo de transferencia de recursos desde los trabajadores y el fisco hacia las empresas que contratan mujeres.
La función de clase de la “reactivación”
Desde una perspectiva marxista, estas medidas no buscan reactivar el empleo, sino profundizar la lógica de explotación del capital. La flexibilización de la jornada y la polifuncionalidad son herramientas para aumentar la tasa de plusvalía, obligando a los trabajadores a producir más en menos tiempo y a asumir tareas múltiples sin un aumento salarial proporcional. La reducción de jornada con cargo al Seguro de Cesantía es una transferencia de recursos desde el fondo común de los trabajadores hacia las arcas de los empleadores, que ven reducidos sus costos laborales sin asumir el riesgo de la crisis.
El ministro Rau celebró el “consenso inédito” de la mesa. Pero ese consenso no es más que la unanimidad de una clase que defiende sus intereses. Los nueve expertos —economistas de universidades privadas y exautoridades de gobiernos de derecha— no representan a los trabajadores, sino al capital. Como ha señalado la izquierda, el gobierno de Kast utiliza la crisis del empleo para avanzar en su agenda de desregulación, la misma que ya ha impulsado con el recorte fiscal, la rebaja de impuestos a las grandes empresas y la flexibilización de la ley de 40 horas.
Epílogo: la lucha continúa
La Mesa de Reactivación Laboral ha entregado su informe. El gobierno de Kast ya ha anunciado que impulsará estas medidas en el Congreso. La clase trabajadora chilena enfrenta una nueva ofensiva: la precarización del empleo como política de Estado, la flexibilización de los derechos laborales como receta para la crisis, y la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital como solución al desempleo. La izquierda debe denunciar este paquete de medidas y movilizar a los trabajadores para defender sus derechos. La reactivación del empleo no se logra con más flexibilidad y menos derechos, sino con inversión social, protección del empleo formal y redistribución de la riqueza. Mientras el gobierno de Kast entrega el mercado laboral al capital, la clase trabajadora se organiza para resistir.