Mientras 177.000 trabajadores de la construcción siguen sin recuperar sus puestos desde 2019 y el desempleo nacional alcanza el 8,3%, los gremios del capital —CChC, CNC, SNA y Sonami— se reúnen en las vísperas de la asunción de José Antonio Kast para recordarle que su “gobierno de emergencia” debe traducirse en una sola cosa: más ganancias, menos impuestos y ningún obstáculo para explotar los recursos naturales, con las arcas fiscales vacías como coartada perfecta para justificar el desmantelamiento de lo público y la entrega de todo al “diálogo público-privado”.
Por Equipo El Despertar
A 24 horas del traspaso de mando, mientras el gobierno saliente de Gabriel Boric hace las maletas con un magro crecimiento económico y un deterioro fiscal que el propio presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura califica como “arcas fiscales muy escuálidas, no hay plata” , los verdaderos dueños de Chile han salido a la cancha a marcar la cancha. No se trata de simples declaraciones a la prensa: es el pliego de peticiones que la burguesía entrega a su nuevo administrador, con la confianza de quien sabe que el inquilino de La Moneda a partir de mañana responde a sus mismos intereses de clase .
Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), fue el primero en poner los números sobre la mesa: 177.000 puestos de trabajo perdidos en su sector desde el estallido social de 2019, una cifra que duele en los hogares obreros pero que para los empresarios se traduce en una exigencia: “crecer y mejorar las posibilidades de acceso al empleo sin duda son parte de las medidas que esperamos que el Gobierno adopte rápidamente” . El crecimiento que reclaman no es el de la economía popular, sino el de sus balances: más obras, más concesiones, más exenciones tributarias para reactivar el negocio inmobiliario que alimenta sus fortunas.
“Diálogo abierto y permanente” con quienes mandan
José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), fue más explícito sobre el tipo de relación que la clase dominante espera del nuevo gobierno. “Esperamos que el nuevo gobierno promueva un diálogo abierto y permanente con el mundo productivo, escuchando a los distintos actores antes de impulsar proyectos de ley que afectan directamente a la actividad económica” . Traducción: que no se atrevan a legislar sin consultarnos, que cualquier iniciativa que afecte nuestros márgenes pase por nuestro filtro, que el parlamento y el ejecutivo se subordinen a las necesidades de la acumulación.
Pakomio se encargó de recordar que su gremio “representa al comercio desde Arica a Punta Arenas”, una advertencia velada sobre la capilaridad del poder empresarial: no hay rincón del país donde la gran distribución y el pequeño comercio dependiente no estén articulados para defender sus intereses . La invitación a que el gobierno los “escuche” es, en realidad, una orden: las políticas públicas deben diseñarse en las oficinas de los gremios, no en los ministerios.
La alianza público-privada como eufemismo del despojo
Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), utilizó el lenguaje que la burguesía prefiere para vestir sus demandas: “fortalecer una alianza público-privada potente” . El diagnóstico es lapidario para el gobierno saliente: las arcas fiscales están vacías, “no hay plata”, y por lo tanto “incentivar la inversión del mundo privado es fundamental para el crecimiento” . El argumento es clásico: la crisis fiscal —provocada en buena medida por la evasión y elusión de los propios grandes contribuyentes— se utiliza como coartada para privatizar lo que queda de lo público.
Las demandas concretas del agro revelan hacia dónde apunta esa “alianza”. Walker exige “seguridad rural” —más policías y vigilancia para proteger sus fundos—, “infraestructura hídrica” —obras de riego financiadas por el Estado que aumentan el valor de sus tierras—, “apertura de nuevos mercados internacionales” —tratados de libre comercio que benefician a los grandes exportadores—, “financiamiento para la reconversión agrícola” —créditos blandos para modernizar sus explotaciones— y “control efectivo de las fronteras” para evitar el contrabando que compite con sus productos . Ninguna mención a los trabajadores del campo, a los temporeros, a la reforma agraria que nunca llegó.
Minería: ajustar el Código para que nada cambie
En el sector que extrae la principal riqueza del país, las demandas son aún más descarnadas. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), plantea una “paradoja” que sólo existe en la mente de los empresarios: “tenemos un escenario internacional favorable para nuestros minerales, pero dificultades internas para transformar esa oportunidad en mayor inversión y producción” . Las “dificultades internas” no son la sobreexplotación de los yacimientos, ni la contaminación de las comunidades, ni los salarios de los mineros: son las regulaciones que el propio Estado capitalista se ve obligado a mantener para no perder toda legitimidad.
Por eso Riesco exige “ajustes al Código de Minería para corregir distorsiones en patentes y el cambio de coordenadas de las concesiones” —traducción: menos costos para mantener los yacimientos ociosos mientras esperan el momento más rentable para explotarlos—; “una modernización efectiva del SEIA, especialmente para la pequeña y mediana minería” —es decir, menos trabas ambientales para abrir nuevas faenas—; y “una revisión de la Ley SBAP y su implementación” —en cristiano: que la protección de la biodiversidad no estorbe los negocios extractivos— .
“No hay plata”: la cantinela que justifica el ajuste
El coro de los gremios encuentra su nota común en la frase de Antonio Walker: “las arcas fiscales están muy escuálidas, no hay plata” . La constatación, que podría ser el punto de partida para discutir una reforma tributaria profunda que grave las grandes fortunas y las rentas mineras, se convierte en su contrario: en el argumento para que sea el capital privado, con sus prioridades y sus tiempos, el que ocupe el espacio que el Estado debe abandonar.
El gobierno de Kast, que asume con la promesa de impulsar un crecimiento cercano al 4% , recibe así su hoja de ruta: desregular, privatizar, abrir mercados, flexibilizar controles ambientales, fortalecer el aparato represivo en el campo y en las ciudades, y sobre todo, mantener un “diálogo abierto y permanente” con quienes realmente deciden. Los 177.000 trabajadores de la construcción que aún no recuperan sus puestos, los 8 de cada 100 chilenos que buscan empleo sin encontrarlo , los temporeros que recorren el país detrás de las cosechas, no aparecen en este pliego de peticiones. Para ellos, el “gobierno de emergencia” tiene reservadas otras políticas: las que vienen después, cuando el ajuste se traduzca en más precariedad, más represión y más desigualdad.
Mientras los titulares de la prensa hegemónica celebran la “expectación” de los empresarios ante el nuevo gobierno, la clase trabajadora chilena asiste a un nuevo capítulo de la misma historia: el cambio de administración no altera la correlación de fuerzas fundamental. El capital sigue mandando, y los gobiernos —se llamen Boric o Kast— se limitan a administrar sus intereses con distintos estilos. La diferencia es que esta vez, con las arcas vacías y el discurso de la “emergencia” como coartada, los dueños de Chile no piden: exigen. Y están seguros de que serán escuchados.