Bajo la promesa de un “cambio de mano” y con un Parlamento fragmentado pero dócil a los intereses del capital, la nueva administración de José Antonio Kast ha puesto en marcha su “Plan Desafío 90”: una batería de medidas comunicacionales y administrativas que, lejos de abordar las causas estructurales de la desigualdad, buscan desregular la economía en beneficio de los grandes consorcios, endurecer el control social sobre los sectores populares y criminalizar aún más la migración, mientras se prepara una reforma tributaria que transfiere recursos desde las mayorías trabajadoras hacia la clase empresarial .
Por Equipo El Despertar
Este miércoles 11 de marzo, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso, José Antonio Kast asumió oficialmente la presidencia de Chile, marcando un giro abrupto en la correlación de fuerzas al interior del Estado . Flanqueado por figuras de la ultraderecha internacional como Javier Milei y María Corina Machado, el nuevo mandatario no ha perdido un minuto en comenzar a ejecutar la hoja de ruta diseñada por sus asesores más cercanos, entre ellos el economista Bernardo Fontaine . Se trata del “Plan Desafío 90”, un conjunto de 90 medidas concretas a implementar en los primeros tres meses de gestión, que incluye 40 cambios reglamentarios y el envío de unos 25 proyectos de ley al Congreso .
El plan ha sido calificado por analistas críticos como “básicamente comunicacional y efectista”, diseñado para que “las personas sientan de inmediato un cambio de mano, un gobierno que toma el control” . Sin embargo, detrás de la parafernalia mediática, lo que se despliega es una ofensiva en toda regla contra las precarias conquistas de los sectores populares. “El Plan Desafío 90 no aborda esas raíces profundas. Apunta a dinamizar, ordenar y mostrar acción”, advirtió Paul Walder, editor de Clarín, desnudando la esencia superficial de una estrategia que busca legitimar, a punta de gestos simbólicos, la profundización del modelo neoliberal .
EL CORAZÓN DEL PLAN: AJUSTE FISCAL Y TRANSFERENCIA DE RIQUEZA A LA BURGUESÍA
El núcleo duro de las primeras medidas se concentra en el Ministerio de Hacienda, liderado por el economista Jorge Quiroz, y apunta directamente a reconfigurar la distribución de la riqueza en favor del capital concentrado. Una de las prioridades legislativas será el envío, el próximo 1 de abril, de una reforma tributaria que propone reducir el impuesto corporativo de primera categoría del actual 27% a un 23% en un plazo de cuatro años . En la lógica del nuevo gobierno, menos impuestos a las grandes empresas se traduciría en inversión y crecimiento, un mantra de la economía burguesa que la historia reciente se ha encargado de desmentir una y otra vez.
Paralelamente, se ha instruido a todos los ministerios un recorte del gasto público del 3%, con el objetivo de ahorrar unos 3.000 millones de dólares en una primera etapa, como parte de una meta más ambiciosa de reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses de mandato . La orden es clara: revisar contratos de servicios, no reemplazar funcionarios públicos por enfermedad, limitar duplicidades y frenar nuevas asesorías . El “sacrificio fiscal” que se exige a la población se materializa en menos servicios públicos, mientras se alivia la carga tributaria de quienes más tienen. Para maquillar esta transferencia de recursos, se ofrece un crédito tributario a las empresas por “contratación y mantención de trabajadores contratados de sectores vulnerables”, una medida que no esconde su objetivo de mantener la precarización laboral y evitar que los trabajadores, ante la falta de empleos formales, caigan en la informalidad .
EL RODILLO DE LA “PERMISOLOGÍA” Y LA “LIBERALIZACIÓN DEL SUELO”
En materia económica, el nuevo gobierno ha declarado la guerra a la “permisología”. Jorge Quiroz ha sido explícito: “vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos para, directamente, eliminar permisos” . La promesa es desregular el sector de la construcción y urbanismo mediante una “liberalización del suelo”, una medida que, en palabras del propio ministro, “en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile” . Detrás de esta retórica modernizadora se esconde la entrega del territorio a los intereses inmobiliarios y especulativos, facilitando la construcción sin los debidos resguardos ambientales y urbanísticos, con tal de “liberar las amarras de la inversión en Chile” . Se citará al Comité de Ministros para destrabar proyectos de inversión paralizados por unos 7.000 millones de dólares, incluyendo el controversial proyecto minero Dominga, valorado en 2.500 millones de dólares, una verdadera joya para las extractivistas .
LA SEGURIDAD COMO MARTILLO DE LOS DE ABAJO Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
Como era de esperar, el discurso de la “seguridad” y el “control migratorio” constituyen el pilar represivo de esta nueva etapa. Las primeras acciones incluyen aumentar las penas para delincuentes vinculados al crimen organizado y segregar a los líderes de bandas en cárceles de máxima seguridad . Se intervendrán unos 20 barrios “críticos” con alta presencia de narcotráfico y se prohibirán los “narco funerales” . Son medidas que, presentadas como una cruzada contra la delincuencia, no hacen más que profundizar el carácter punitivo del Estado, sin abordar las causas estructurales de la violencia que genera el propio sistema capitalista: la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión.
En materia migratoria, el proyecto estrella es tipificar como delito el ingreso irregular al país, sancionando además a quienes transporten, empleen o arrienden viviendas a extranjeros en situación irregular . Se construirán zanjas para impedir el acceso por pasos no habilitados y se incrementará la dotación policial en la macrozona norte, bajo el mando del vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela . Se trata de la criminalización de la pobreza que huye de las crisis generadas por el imperialismo en otras latitudes, convirtiendo al migrante en el chivo expiatorio de los males que aquejan a la clase trabajadora chilena.
LAS CONTRADICCIONES EN EL BLOQUE POLÍTICO
A pesar de la aparente solidez del plan, el nuevo gobierno enfrenta contradicciones en su propia correlación de fuerzas. En el Congreso, las derechas suman 76 diputados, insuficientes para lograr una mayoría sin el apoyo de los 14 escaños del Partido de la Gente y del Partido Libertario, que han advertido que serán “oposición férrea” si las medidas no se centran estrictamente en seguridad y economía, o si se intenta avanzar en temas de libertades individuales que podrían “caldear los ánimos” . Esta fragilidad parlamentaria obliga al gobierno a modular su discurso, priorizando iniciativas de “sentido común” que generen amplios consensos, mientras la gran prensa y los medios afines se encargan de amplificar el relato de eficacia y rapidez, con asesores comunicacionales de la talla de Cristian Valenzuela y Felipe Costabal al frente de la maquinaria propagandística de La Moneda .
En definitiva, lo que se instala en Chile no es un gobierno de “emergencia” para la mayoría, sino un gobierno de clase que administra la emergencia en beneficio de la minoría. Mientras se anuncian medidas como la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años —una migaja para los sectores medios—, el plato de fondo es una restructuración profunda del Estado para hacerlo más eficiente a la hora de transferir plusvalía desde el trabajo al capital, desregulando, ajustando y reprimiendo en nombre del orden y el progreso . La lucha de clases, lejos de haberse clausurado, apenas inicia un nuevo y complejo capítulo.