La nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, disolvió la Unidad Estratégica del ministerio —el área creada por la administración anterior para coordinar con evidencia empírica a Carabineros, la PDI y Aduanas— y desvinculó a los tres ingenieros que la integraban sin siquiera avisar al experto criminalista que la dirigía. El mismo día que la exfiscal se jactaba de haber logrado que su cartera quedara exceptuada del recorte fiscal del 3%, anunciaba con la otra mano el desmantelamiento de la única unidad técnica que garantizaba que los recursos se gastaran con información confiable y no con criterios políticos. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la instalación de un gobierno que prefiere la ocurrencia policial antes que la inteligencia civil para gestionar la seguridad.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, llegó al cargo prometiendo “mano firme” y “sentido de urgencia”. En sus primeras tres semanas en el puesto ha demostrado, efectivamente, que sabe tomar decisiones rápidas. El problema es que esas decisiones desmantelan lo que el gobierno anterior construyó con acuerdo transversal, y lo hacen sin explicaciones, sin coordinación y, en algunos casos, sin siquiera avisar a los afectados.
Esta semana, Steinert disolvió la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, un equipo técnico creado durante la administración de Gabriel Boric para desarrollar el “Sistema de Seguridad Pública”, una plataforma que buscaba integrar la información y coordinar a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas . La unidad estaba compuesta por tres ingenieros y era dirigida por Fabián Gil, un experto criminalista que había sido convocado para liderar el área.
La ministra ordenó desvincular a los tres profesionales y eliminó el cargo de Gil. Lo hizo sin mediar palabra. Según consignó La Tercera, Steinert no le informó personalmente al director de la unidad, quien terminó presentando su renuncia tras enterarse de la decisión por canales administrativos .
“No se avanza demoliendo acuerdos”
La reacción de la exministra del Interior y ex pre candidata presidencial Carolina Tohá no se hizo esperar. En su cuenta de X, la exautoridad del gobierno anterior escribió: “No se avanza en seguridad demoliendo los acuerdos. La Unidad Estratégica alimenta con información confiable y evidencia empírica la gestión del sistema de seguridad. Disolverla va en contra de todas las recomendaciones de expertos” .
Tohá recordó que cuando se creó el Ministerio de Seguridad, la creación de esta unidad fue parte de un acuerdo transversal incluido en la ley. “Solo se opusieron los republicanos. Lo que no lograron en el Congreso buscan imponerlo de facto“, criticó .
La observación de Tohá apunta al corazón del problema: lo que el gobierno de Kast está haciendo no es gobernar, es desmantelar. Donde había acuerdos técnicos, ahora hay decisiones unilaterales. Donde había evidencia empírica, ahora prima la ocurrencia política.
El recorte que no fue y el desarme que sí ocurrió
La misma semana en que Steinert disolvía la Unidad Estratégica, celebraba con bombo y platillo que su ministerio había logrado ser exceptuado del recorte del 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó para todas las carteras .
“La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías“, declaró Steinert . La ministra, visiblemente satisfecha, agregó que “la seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección” .
El anuncio fue celebrado por la prensa hegemónica como un triunfo de la nueva administración. Pero lo que no dijeron los titulares es que, mientras Steinert aseguraba recursos frescos para las policías, con la otra mano estaba eliminando la única unidad técnica que garantizaba que esos recursos se gastaran con información confiable y no con criterios políticos.
Porque la Unidad Estratégica no era un adorno. Era el cerebro del sistema de seguridad: la instancia que permitía coordinar a instituciones con historias, culturas y procedimientos dispares. Sin ella, los recursos frescos pueden terminar en cualquier parte, menos donde la ciudadanía los necesita.
La purga en la PDI y el oficio que desató la tormenta
La disolución de la Unidad Estratégica no ha sido el único movimiento polémico de la nueva ministra. El mismo día de su asunción, el 11 de marzo, Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando información detallada sobre funcionarios vinculados a diligencias en la Región de Tarapacá, en el contexto de la investigación del denominado “Clan Chen” .
El oficio incluía antecedentes sobre destinaciones, razones de traslados y posibles registros administrativos de los detectives involucrados. El problema: se trataba de materias relacionadas con una investigación penal en curso, ámbito que corresponde exclusivamente al Ministerio Público .
La respuesta al requerimiento fue elaborada por la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Días después, y tras una reunión entre Steinert y Cerna el 20 de marzo, la oficial fue llamada a retiro .
La Contraloría General de la República ya abrió una investigación y dio diez días a la ministra y al director de la PDI para que entreguen todos los antecedentes de la salida de la jefa de Inteligencia . La acción responde a una solicitud de pronunciamiento impulsada por el diputado Raúl Leiva (PS), en medio de crecientes cuestionamientos políticos.
La función de clase de la “mano firme”
Lo que está ocurriendo en el Ministerio de Seguridad no es un accidente ni una serie de errores de principiante. Es la expresión de una concepción de la seguridad que la derecha chilena ha ensayado desde siempre: más policías, más recursos para las fuerzas represivas, y menos inteligencia, menos coordinación, menos control civil.
La Unidad Estratégica, con su enfoque en evidencia empírica y coordinación interinstitucional, era un obstáculo para esa concepción. Porque una gestión de la seguridad basada en datos permite evaluar qué funciona y qué no, exige transparencia y abre la posibilidad de que la ciudadanía controle a sus autoridades. Todo eso es inconveniente para un gobierno que prefiere operar con ocurrencias y con la lógica del “orden a cualquier costo”.
La ministra Steinert, que llegó al cargo con el aval del gremialismo más duro, ha cumplido en tres semanas lo que su sector esperaba: desmontar los acuerdos transversales, imponer por decreto lo que no lograron en el Congreso, y disciplinar a las instituciones policiales para que respondan directamente a la autoridad política sin intermediarios técnicos.
Epílogo: la seguridad de los pobres
Mientras la ministra Steinert celebra que su cartera recibirá recursos frescos, los trabajadores de la PDI ven cómo la Contraloría investiga el despido de su jefa de Inteligencia. Mientras la prensa hegemónica aplaude la “mano firme” de la exfiscal, los barrios populares siguen esperando que la seguridad sea algo más que una promesa de campaña.
La eliminación de la Unidad Estratégica es un golpe a la inteligencia civil. La purga en la PDI es un golpe a la autonomía técnica de las policías. Y todo ello ocurre mientras el gobierno de Kast promete que la seguridad será su prioridad.
Pero la clase trabajadora sabe que la seguridad que este gobierno ofrece no es la seguridad de los barrios populares. Es la seguridad de los grupos económicos, la seguridad de los empresarios, la seguridad de quienes necesitan que el Estado reprima con fuerza para que sus negocios sigan funcionando.
La ministra Steinert dice que la seguridad exige decisiones firmes. Lo que calla es que esas decisiones firmes están desarmando al Estado mientras los poderosos respiran aliviados.