A 11 años de prisión fue condenado el expresidente Pedro Castillo, sentencia que para las fuerzas populares no es más que la judicialización de la política para eliminar a un adversario del sistema. El candidato Roberto Sánchez, ungido por el voto campesino, forzó un balotaje frente a la derechista Keiko Fujimori, demostrando la fractura irreconciliable entre la Lima señorial y el Perú profundo.
Lawfare contra Castillo: un juicio político con toga
El 27 de noviembre de 2025, el expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de “conspiración para la rebelión”. Lejos de un hecho aislado, esta sentencia es interpretada como un nuevo capítulo en la guerra jurídica contra los líderes populares en la región. Desde una perspectiva de clase, el lawfare es entendido como una “guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública”.
Castillo, un profesor rural y dirigente sindical llegado al poder desde las provincias andinas, nunca fue aceptado por la élite limeña. Su gobierno enfrentó un “asedio judicial, mediático y de buena parte del Congreso, controlado por el fujimorismo” en un “claro y sostenido intento desestabilizador”. Dos intentos de destitución fueron rechazados por el Parlamento antes del golpe institucional que terminó con su encarcelamiento.
La naturaleza política del proceso resulta evidente. Juristas como Eugenio Zaffaroni han advertido que el lawfare opera mediante fallos que “fingen legalidad y producen legitimidad moral, mientras destruyen adversarios políticos sin necesidad de probar delitos”. El tribunal no demostró que el “acto” imputado tuviera efectos concretos, ignorando que “ni hubo armas, ni plan operativo, ni cadena de mando, ni siquiera un cuerpo policial o militar dispuesto a obedecerlo”. Es un golpe judicial contra el campesinado y los sectores populares que se atrevieron a romper el cerco oligárquico a través del voto.
El voto rural: la venganza de los de abajo
En medio de este contexto de persecución, el domingo 12 de abril de 2026 se celebraron las elecciones generales. El escenario parecía diseñado para la derecha: la candidata Keiko Fujimori se posicionó primera con un 17% de los votos. Sin embargo, en un giro que contradice las proyecciones hegemónicas, el candidato de izquierda Roberto Sánchez remontó posiciones impulsado por el voto de las zonas rurales, esas que los grandes medios y las encuestas limeñas suelen ignorar.
Con el 91% del escrutinio oficial, Roberto Sánchez alcanzó el 12,1% de los sufragios, superando por apenas 31.000 votos al ultraconservador Rafael López Aliaga. Fue el denominado “voto del interior”, el de las provincias del sur andino, el que le dio la espalda a la derecha de Lima y le abrió las puertas al balotaje del 7 de junio.
Como ha señalado el historiador José Carlos Agüero, se trata de un “voto de protesta y reivindicación que considera que, más allá del autogolpe, las élites y el Parlamento minaron a Castillo y propiciaron su caída”. Es la memoria viva de un pueblo que no ha olvidado la embestida contra su presidente.
Sánchez: el delfín del “presidente mártir”
Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo y único miembro de su gabinete que se mantuvo hasta el final, se ha erigido como el abanderado de esta causa popular. No se desprende del sombrero de ala ancha que el expresidente le regaló en la cárcel.
El candidato de Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial castillista” y ha prometido, como una de sus banderas de campaña, indultar a Castillo si llega al poder. Su discurso apunta a refundar la patria: propone una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los recursos naturales y una nueva ley que proteja a los mineros artesanales, los mismos que el sistema formal ha criminalizado.
Su ascenso ha generado el pánico en las cúpulas del poder económico. La respuesta de la derecha no se hizo esperar. El candidato trumpista Rafael López Aliaga, al verse desplazado del segundo lugar, amenazó con convocar a sus seguidores a declarar la “insurgencia civil” si se consumaba el fraude que él denuncia sin pruebas. Por su parte, la candidata Keiko Fujimori —quien en 2021 sostuvo durante semanas denuncias de “fraude electoral” para deslegitimar la victoria de Castillo— ahora llama a López Aliaga a “aportar pruebas” y a no quebrantar el orden.
Perspectivas de una lucha de clases inconclusa
La jornada electoral no estuvo exenta de contradicciones. Decenas de miles de electores no pudieron sufragar por la falta de material electoral, una crisis logística que las autoridades no supieron gestionar. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue denunciado penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones, alimentando la desconfianza en un sistema que se resquebraja.
Pero más allá de las denuncias formales, lo que subyace es una lucha de clases que el sistema intenta contener por todas las vías, incluyendo la judicial. El hecho de que Roberto Sánchez haya alcanzado la segunda vuelta, a pesar del encarcelamiento de su mentor, demuestra que el proyecto de transformación sigue vivo en las mayorías.
La pregunta que ahora se impone en el horizonte es si las urnas podrán revertir lo que las togas sentenciaron, o si la justicia, en su versión clasista, volverá a imponerse sobre la voluntad popular.