Como suele ocurrir en estos casos, el lenguaje cumple una función central. No estamos frente a una simple jerga técnica, sino frente a una forma de encubrimiento ideológico. Cuando el documento habla de “optimización”, habla de recorte. Cuando habla de “evaluación”, habla de jerarquización política de derechos. Cuando habla de “sostenibilidad fiscal”, lo que en realidad está diciendo es que los derechos sociales dejan de ser derechos para convertirse en variables dependientes de disponibilidad presupuestaria.
Por Editor El Despertar
La Circular N°16 no es un documento técnico. O, mejor dicho, lo es en la misma medida en que toda pieza de administración estatal bajo el capitalismo pretende ocultar su naturaleza política detrás del lenguaje aséptico de la gestión. Su tono es sobrio, su estructura ordenada, su léxico cuidadosamente desideologizado. Habla de eficiencia, sostenibilidad, evaluación, priorización. No menciona conflicto, no nombra intereses, no reconoce antagonismos. Y, sin embargo, lo que expresa con notable claridad es una definición política de fondo: el Estado chileno ha dejado de concebirse como una herramienta de mediación social y ha comenzado a asumirse, sin demasiados rodeos, como un administrador disciplinado de la escasez al servicio de la estabilidad del capital.
Ese es el verdadero contenido del llamado “cambio de paradigma” que el documento anuncia con tono casi administrativo, como si se tratara de una simple corrección metodológica. No lo es. No estamos ante un ajuste de procedimientos, sino ante un desplazamiento estratégico en la función del Estado. Lo que cambia no es la técnica presupuestaria, sino el horizonte político que la orienta. Durante décadas, con todas sus limitaciones y contradicciones, el gasto público aún conservaba la pretensión de corregir parcialmente los efectos más brutales de la desigualdad. Hoy, en cambio, esa pretensión se abandona. El objetivo ya no es compensar las asimetrías del mercado, sino administrarlas de forma eficiente para que no alteren el equilibrio general del sistema. El Estado ya no busca contener la desigualdad; busca hacerla gobernable.
Como suele ocurrir en estos casos, el lenguaje cumple una función central. No estamos frente a una simple jerga técnica, sino frente a una forma de encubrimiento ideológico. Cuando el documento habla de “optimización”, habla de recorte. Cuando habla de “evaluación”, habla de jerarquización política de derechos. Cuando habla de “sostenibilidad fiscal”, lo que en realidad está diciendo es que los derechos sociales dejan de ser derechos para convertirse en variables dependientes de disponibilidad presupuestaria. No se trata de una diferencia semántica menor. Se trata del corazón mismo de la transformación. Allí donde antes se hablaba —aunque fuera retóricamente— de garantías, ahora se habla de costos. Allí donde antes se reconocía una obligación estatal, hoy se impone una lógica de rentabilidad.
Esto se vuelve especialmente evidente en el tratamiento de la educación. Basta revisar el anexo del Ministerio correspondiente para advertir que no estamos ante un mero ejercicio de racionalización del gasto, sino ante una reconfiguración explícita de las prioridades sociales del Estado. Los programas orientados al fortalecimiento de la educación pública, la reinserción escolar, la inclusión y el apoyo territorial aparecen como susceptibles de discontinuación, reducción o reevaluación. En cambio, las estructuras permanentes de financiamiento que sostienen el modelo híbrido —ese eufemismo elegante para nombrar la competencia desigual entre educación pública y mercado educativo— permanecen intactas. Lo que se recorta no es el exceso; es la capacidad del sistema público de disputar centralidad. Lo que se ajusta no es el gasto improductivo; es la posibilidad de que la educación opere como un mecanismo de igualación social.
Lo mismo ocurre, aunque con otras formas, en salud y en el conjunto de los derechos sociales. La lógica es idéntica y no requiere ser explicitada para hacerse visible. Cuando el gasto se subordina a criterios estrictos de eficiencia fiscal, el resultado no es una administración más inteligente, sino una reducción sistemática de la capacidad pública para sostener condiciones mínimas de reproducción social. Lo que sigue es conocido: listas de espera, deterioro institucional, saturación de servicios, frustración ciudadana. Y luego, como si se tratara de una conclusión espontánea y no de una operación cuidadosamente inducida, aparece el mercado como solución. Es el libreto neoliberal de siempre: se debilita lo público, se exhibe su deterioro como prueba de ineficacia y se presenta la privatización como salida racional. No es un error del modelo. Es su método.
Uno de los elementos más reveladores del documento es, precisamente, el reforzamiento del poder tecnocrático como instancia de decisión. La creciente centralidad de organismos como la Dirección de Presupuestos no expresa solo una sofisticación administrativa, sino una redefinición del locus real de la política. Lo que antes, al menos formalmente, podía ser objeto de disputa pública, deliberación parlamentaria o conflicto democrático, se desplaza ahora hacia circuitos cerrados de evaluación técnica. Las decisiones fundamentales sobre qué política se financia, qué programa se extingue y qué derecho se relativiza ya no aparecen como decisiones políticas sujetas a conflicto, sino como resultados de una racionalidad supuestamente neutral. Es el viejo truco de la dominación moderna: no negar el conflicto, sino administrarlo de tal manera que desaparezca del lenguaje.
Y allí radica, quizás, el rasgo más inquietante de todo este proceso: su capacidad para imponerse sin estridencia. No hay épica del ajuste. No hay brutalidad declarada. No hay siquiera necesidad de justificarlo ideológicamente en voz alta. No hace falta. El ajuste se naturaliza. Se presenta como sentido común, como prudencia, como responsabilidad. No se impone con violencia visible, sino con resignación administrada. Y esa es, probablemente, la forma más sofisticada de dominación contemporánea: aquella que no exige obediencia forzada, sino aceptación razonable.
La Circular N°16 no inaugura este proceso, por supuesto. Lo consolida. Le da forma administrativa a una transformación más profunda: la conversión definitiva del Estado en un dispositivo de gestión del orden existente. Ya no se trata de garantizar derechos, sino de administrar su escasez. Ya no se trata de corregir desigualdades, sino de hacerlas sostenibles. Ya no se trata de disputar el poder del capital, sino de asegurarle condiciones estables de reproducción. Lo demás —la retórica técnica, la sobriedad del tono, la estética de la responsabilidad fiscal— no es más que la coartada elegante de una decisión profundamente política: que la crisis la paguen, una vez más, los mismos de siempre.