Apretado por el déficit fiscal que él mismo agravó con rebajas millonarias a las grandes empresas, el gobierno de José Antonio Kast desató una ofensiva de cobranza masiva contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Tesorería General de la República (TGR) inició este año embargos y retenciones de bienes financieros, incluyendo cuentas bancarias, depósitos a plazo y fondos mutuos, dirigidos a deudores morosos. En paralelo, impuso condiciones draconianas para los convenios de pago (24 cuotas con un pie de hasta $4 millones) y limitó drásticamente la gratuidad universitaria para mayores de 30 años. La respuesta de la clase trabajadora no se ha hecho esperar: la oposición de izquierda presentó un proyecto de “Pago Justo” que evalúa la situación socioeconómica, mientras miles de estudiantes y egresados denuncian que el gobierno prefiere extorsionar a los deudores antes que resolver el problema estructural del acceso a la educación superior.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del jueves 4 de junio, la cuenta bancaria de un joven profesional se desplomó a cero. No era un error informático. Era el Estado chileno, a través de la Tesorería General de la República, que en el marco del plan de cobro masivo del Crédito con Aval del Estado (CAE), había ordenado el embargo total de sus fondos. El caso se repitió por miles, y las redes sociales se llenaron de denuncias con la frase que resume la angustia del pueblo: “me dejaron en pelota” . El relato del gobierno era que solo irían por los “deudores ricos” (aquellos con ingresos superiores a los $5 millones). Pero la realidad de la ejecución fue muy distinta: la TGR notificó a 63.165 deudores, demandó montos por $674.654 millones y aplicó medidas de cobro a personas con rentas superiores a $1,5 millones, dejando en la calle a sectores medios y a miles de profesionales que apenas alcanzan a cubrir sus gastos básicos.
Mientras el Presidente Kast prometía en campaña “terminar con el CAE”, en La Moneda se desató una verdadera cacería de morosos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue lapidario al revelar la nueva estrategia: “El tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando”. Pero la evidencia demuestra que el grueso de la deuda no corresponde a millonarios evasores, sino a miles de chilenos que vieron cómo el crédito se les escapó de las manos, en un sistema usurero que multiplica las deudas con intereses usurarios y gastos judiciales desmedidos. La deuda total traspasada a la Tesorería asciende a la escalofriante suma de $4 billones (millones de millones), correspondiente a 554 mil deudores, según la propia TGR .
La estafa de la “gratuidad recortada”: el doble golpe a los estudiantes
El plan de cobranza del CAE es parte de una ofensiva mucho más amplia contra la educación pública. El gobierno de Kast, bajo la excusa del ajuste fiscal, pretende limitar la gratuidad universitaria a los menores de 30 años y cerrar la puerta a los mayores de esa edad, que serán derivados al CAE o a becas parciales. La maniobra es perversa: primero se encarece el acceso a la universidad y luego se persigue a los que ya están endeudados. El ministro Quiroz fue explícito: “A futuro, los que deseen matricularse con más de 30 años podrán tener beca, el CAE probablemente, pero no la gratuidad”. Se trata del mismo libreto aplicado en el recorte de salud y vivienda: el Estado se desentiende de sus responsabilidades y carga el costo de la crisis a los trabajadores.
Las resistencias populares: el proyecto de “Pago Justo” y la movilización en las calles
La diputada Ana María Gazmuri presentó un proyecto de ley para poner límites a esta cacería. El proyecto de “Pago Justo del CAE” propone sustituir el criterio actual (basado exclusivamente en ingresos) por una evaluación integral de la situación socioeconómica de cada deudor, considerando cargas familiares, nivel de endeudamiento, gastos esenciales (salud, vivienda, educación) y estabilidad laboral. Además, busca suspender las acciones de cobro durante 90 días y establecer facilidades de pago que eviten el desalojo financiero.
La respuesta popular no se ha hecho esperar. Las federaciones de estudiantes y las organizaciones de egresados han declarado el estado de alerta. El pasado 10 de junio, una multitudinaria manifestación frente a la Tesorería General de la República coreó consignas contra el “gobierno de los banqueros”. La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) anunció la realización de paros y tomas simbólicas para la próxima semana.
La hipocresía del ajuste fiscal: el “mercado” como único dios
La política de cobranza no es, como pretende el oficialismo, una medida de “justicia fiscal” para que los que más tienen paguen. Es la continuación de la lógica de clase que ha guiado a la derecha desde el retorno a la democracia. Mientras el gobierno ofrece rebajas tributarias millonarias a las grandes empresas, los trabajadores endeudados son ejecutados con la misma saña con la que se persigue a un asaltante de supermercado. La contradicción es brutal: el Estado gasta miles de millones en construir cárceles para los pobres, pero no duda en embargar la cuenta de un profesor que apenas llega a fin de mes.
Los trabajadores de la educación y los estudiantes no están solos. La lucha contra el CAE es la lucha por el derecho a la educación, por el fin de un sistema usurero que transforma el conocimiento en una mercancía y a los jóvenes en rehenes de por vida. La clase trabajadora debe entender que las medidas de cobro no son un accidente técnico, sino una política deliberada para disciplinar y sembrar miedo.
El llamado es a la organización y a la movilización. Frente al ajuste y la persecución, resistencia.