En medio de bombos y platillos por el alza del ingreso mínimo general a $553.553, el gobierno de José Antonio Kast y sus aliados parlamentarios de RN, UDI y el Partido Republicano consumaron esta semana la mayor afrenta contra la clase trabajadora envejecida: la rebaja unilateral del sueldo mínimo para las personas mayores de 65 años, que pasará de los $539.000 a solo $415.000, un recorte de $124.000. La maniobra se aprobó en silencio, dentro de un proyecto general de reajuste de beneficios. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó la jugada como “un golpe directo a la dignidad humana”. La izquierda, unida en el rechazo, acusa a la derecha de institucionalizar la precariedad de los adultos mayores, obligándolos a competir con trabajadores jóvenes mientras sobreviven con un salario que ni siquiera alcanza la mitad de la línea de pobreza y que evidencia la verdadera naturaleza de clase del “gobierno de la mano dura”.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tramitación de la nueva Ley de Reajuste del Salario Mínimo debía ser un mero trámite burocrático para actualizar el ingreso base de los trabajadores. Sin embargo, la derecha chilensis encontró en este proyecto la ventana perfecta para consumar una de las políticas más regresivas de los últimos años. Mientras los reflectores apuntaban al alza del ingreso mínimo general –que, tras una indicación del Ejecutivo, se elevó de $539.000 a $553.553 a partir del 1 de mayo–, un inciso menor modificaba de raíz el estatuto de los trabajadores de más de 65 años, reduciendo drásticamente su piso remuneracional hasta dejarlo en apenas $415.000.
La magnitud del ajuste es brutal: se trata de una diferencia de $138.553 por mes entre un trabajador “joven” y uno “viejo”. Esto significa que, en un año, la pérdida supera los 1,6 millones de pesos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no tardó en reaccionar. Su presidente, José Manuel Díaz, encabezó la denuncia al interior de la Comisión de Trabajo, advirtiendo que la discriminación etaria “normaliza la idea de que los adultos mayores valen menos”.
La lógica del gobierno para justificar el descuento salarial a los trabajadores senescentes es tan clara como cínica: fomentar el empleo. La narrativa oficial sostiene que, al abaratar el costo de la mano de obra de las personas mayores, las empresas estarían más dispuestas a contratarlas. Es la misma lógica que impulsa el dumping laboral en las zonas francas y los tratados de libre comercio: si un trabajador es más barato, será más “empleable”. Lo que la derecha no dice es que esta política no es más que una competencia a la baja, donde los trabajadores jóvenes y los adultos mayores se enfrentan en una lucha por el salario más precario, mientras el capital se frota las manos. Los únicos beneficiarios de esta medida serán los empleadores, principalmente las pequeñas y medianas empresas que operan en el comercio y los servicios, quienes verán reducidos sus costos laborales.
El silencio cómplice de la institucionalidad
La aprobación de la medida fue posible gracias a la disciplina del oficialismo y de los partidos de derecha (RN, UDI y Republicanos), que impusieron su mayoría en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. La oposición, agrupada en el Frente Amplio y el Partido Comunista, intentó detener la iniciativa con indicaciones que buscaban igualar el salario de los mayores de 65 años con el del resto de los trabajadores, pero fueron derrotadas en la votación. El diputado comunista Luis Cuello fue lapidario: “Este gobierno no cree en la igualdad; cree en la flexibilización, la precarización y el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Con esta medida, están condenando a nuestros adultos mayores a una vejez indigna”.
El gobierno, por su parte, salió a defender su posición a través de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien tuvo que salir a explicar que “el sueldo mínimo diferenciado para mayores de 65 años es una realidad desde hace décadas” y que el Ejecutivo solo se limitó a ajustar los montos conforme a la Ley 21.578. La realidad, sin embargo, es tozuda: aunque el mecanismo de diferenciación etaria existe desde el gobierno de Sebastián Piñera, lo que ha hecho la administración de Kast no es una simple actualización mecánica, sino una rebaja significativa del valor real de ese ingreso diferencial en comparación con el ingreso general. En la práctica, el gobierno ha profundizado la brecha.
El golpe a la dignidad de una generación
El nuevo salario mínimo para los mayores de 65 años no es una entelequia estadística. Para cientos de miles de trabajadores, es la única fuente de ingresos. Son hombres y mujeres que, obligados por el magro monto de sus pensiones –que en muchos casos no supera los $200.000 mensuales–, deben seguir trabajando en labores de vigilancia, aseo, comercio ambulatorio y servicios domésticos. La estigmatización es doble: por un lado, las empresas los perciben como una carga por su “falta de productividad”; por otro, la sociedad los relega al olvido.
El diputado Boris Sánchez (Partido Republicano) defendió la medida argumentando que “los adultos mayores necesitan flexibilidad laboral, no imposiciones uniformes”. El argumento es la punta del iceberg del pensamiento neoliberal: la “flexibilidad” como sinónimo de desregulación y pérdida de derechos. No se trata de dar libertad para elegir, sino de entregar a los empleadores un mecanismo para abaratar costos. La “libertad de contratación” es en realidad la libertad de explotar.
El costo de la subsistencia y la función de clase del sistema
El magro ingreso de $415.000 mensuales difícilmente alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos (que hoy ronda los $300.000 por persona) y menos para el pago de arriendos, medicamentos y transporte. En este contexto, la rebaja es una condena social: la clase trabajadora que envejece queda relegada a un estrato de pobreza casi absoluta, obligada a elegir entre comer y curarse.
Desde una perspectiva marxista, esta rebaja revela la verdadera esencia del gobierno de Kast: un gabinete al servicio de los intereses del capital, que no duda en sacrificar a los sectores más vulnerables de la población con tal de asegurar márgenes de ganancia para los empresarios. La “mano dura” que prometió en campaña no es contra el crimen organizado, sino contra los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo que está detrás de esta decisión es la voluntad de disciplinar a la fuerza laboral y enviar un mensaje claro a la juventud: trabajen mientras son jóvenes, porque después serán desechables.
Las consecuencias políticas de un desprecio
La CUT ya anunció que recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la violación del Convenio 111, que prohíbe la discriminación en el empleo basada en la edad. En paralelo, las organizaciones de adultos mayores han convocado a una manifestación frente a La Moneda para exigir la derogación inmediata de la medida. La consigna es clara: “Ni un peso menos por los años entregados”.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, no escatimó en dureza: “Es inaceptable que la derecha premie a quienes más han aportado al país con un sueldo de hambre”. El sociólogo y analista político Alberto Mayol sostiene que esta política es el espejo de un modelo que, en lugar de construir cohesión social, profundiza la fractura generacional. “La precarización de los adultos mayores es la contracara de la riqueza de un pequeño sector”, señaló en su programa de radio.
Mientras tanto, en las calles, el descrédito del gobierno crece. Los grupos de tercera edad ya han comenzado a organizar cadenas humanas y protestas en las plazas principales. Y la oposición, que no logró frenar la medida, ha anunciado que presentará un proyecto de ley para eliminar de raíz el salario diferenciado y garantizar un ingreso mínimo universal para todos los trabajadores, sin distinción de edad.
Epílogo: la lucha no cesa
La aprobación de esta rebaja no es un hecho aislado en la historia de la administración de Kast. Es el eslabón de una cadena de agresiones contra los sectores populares que incluye el recorte de 200 mil millones de pesos en subsidios habitacionales, la poda de 413 mil millones al presupuesto de salud y el intento de coartar la libertad de expresión de las comunidades indígenas.
El desafío para la clase trabajadora es mayúsculo: frenar esta ofensiva y construir un sistema de protección social que garantice una vejez digna para todos. La lucha por los derechos de los mayores no es una lucha gremial más; es la lucha por el futuro de cada trabajador. Mientras el capital siga poniendo precio a la vida, la organización de los de abajo será la única garantía de que la justicia algún día se imponga.