Mientras la clase trabajadora argentina soporta la peor crisis de su historia, el gobierno de Javier Milei ha encontrado en los migrantes el chivo expiatorio perfecto para desviar la atención de su brutal ajuste. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que este año cumple su primer aniversario, ha desmantelado el modelo de integración vigente durante dos décadas, reemplazándolo por un esquema de control punitivo que restringe el acceso a la salud y la educación, acelera las deportaciones y crea una agencia de seguridad migratoria a imagen y semejanza del ICE estadounidense. La misma derecha que prometió “menos Estado” ahora construye un aparato represivo para perseguir a los trabajadores migrantes, mientras las cifras oficiales confirman que los extranjeros cometen menos delitos que los argentinos. La clase trabajadora latinoamericana asiste a un nuevo capítulo de la misma historia: el capital utiliza el racismo y la xenofobia para dividir a los de abajo y ocultar que el verdadero enemigo está en los palacios del poder, no en las fronteras.
Por Equipo El Despertar
Buenos Aires. El 29 de mayo de 2025, Javier Milei firmó el DNU 366/2025, una reforma migratoria que, en menos de un año, ha transformado el paradigma de integración regional que rigió durante dos décadas. La Ley 25.871, sancionada en 2003, reconocía a la migración como “un derecho esencial e inalienable” y garantizaba el acceso universal a la salud, la educación y la asistencia social. La nueva normativa, en cambio, reinstaló una lógica centrada en el control, la selectividad económica y el endurecimiento de las condiciones de permanencia.
El DNU 366/2025 recorta derechos en múltiples frentes: exige acreditar “medios económicos suficientes para subsistir en el país” para acceder a la residencia permanente, sin definir qué significa eso, lo que otorga un margen discrecional enorme a la administración; permite la deportación de cualquier extranjero condenado por un delito, incluso si la pena es leve, revocando la práctica anterior que solo permitía la expulsión por penas superiores a cinco años; exige seguro de salud para ingresar al país y establece el cobro por atención en hospitales públicos, así como la posibilidad de cobrar matrículas en universidades públicas a extranjeros con residencia temporal; y acelera los procesos de expulsión, incluso antes de que exista una condena firme.
La hipocresía del “Estado mínimo” y el negocio del control
La contradicción es brutal. El gobierno de Milei, que llegó al poder prometiendo “menos Estado” y “libertad”, está construyendo el aparato represivo más grande de la historia argentina en materia migratoria. La creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, una suerte de ICE argentino, es la prueba de que la “libertad” que pregona la derecha es solo para el capital, no para los trabajadores. El nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Seguridad y no de Migraciones, consolidará el giro conceptual del gobierno: la migración ya no es una política de integración, sino una cuestión de control y orden interno . El modelo de referencia, según reconocen fuentes oficiales, es el ICE de Estados Unidos , la misma agencia que ha sido objeto de decenas de denuncias por redadas, detenciones y abusos contra migrantes.
La decisión de poner al frente de este organismo a Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y primer intendente del PRO en sumarse al proyecto libertario, confirma que la política migratoria de Milei no es una medida técnica, sino un instrumento político para disciplinar a los de abajo.
Criminalizar al migrante para ocultar el ajuste
El discurso del gobierno es una reedición de la retórica antiinmigrante que la ultraderecha global ha puesto en circulación. En la conferencia de prensa del 14 de mayo de 2025, el vocero presidencial estableció una distinción entre “buenos” y “malos” migrantes: la migración europea de fines del siglo XIX es “virtuosa”, mientras que las migraciones actuales son asociadas al caos, al abuso y a la delincuencia. Esta narrativa selecciona, racializa y criminaliza a ciertos grupos para adjudicarles la culpa de los problemas sociales y justificar el brutal ajuste neoliberal. Como señala un análisis de la Revista Común, “bajo el gobierno de Milei, lxs migrantes indeseables son acusados de abusar de los servicios públicos, cometer delitos, vivir al margen de la ley o atentar contra la prosperidad del país”.
Las cifras, sin embargo, desmienten esta narrativa. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 80% de las personas migrantes en Argentina son trabajadores formales o informales que sostienen la economía del país, y los datos oficiales muestran que los extranjeros cometen menos delitos que los argentinos. Pero la verdad no importa cuando lo que se busca es un chivo expiatorio para ocultar los costos de la devaluación, la inflación y el empobrecimiento generalizado.
El costo humano: vulnerabilidad, precarización y deportaciones
El impacto del DNU 366/2025 se ha hecho sentir con crudeza en el primer año de vigencia. Las expulsiones de extranjeros han aumentado de manera sostenida: en 2024 se expulsaron 620 personas, un promedio de 1,69 por día, y en los primeros tres meses de 2025 ya se contabilizaron 157 expulsiones, lo que representa un promedio de 1,74 por día, el más alto de toda la serie. Si se mantiene la tendencia, 2025 podría cerrar con un nuevo récord.
Pero las cifras oficiales ocultan el verdadero drama: las “conminaciones a abandonar el país”, un mecanismo que no obliga materialmente a irse, pero que coloca a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Quien no puede irse queda expuesto a la irregularidad migratoria, la precarización documental y el riesgo permanente de futuras sanciones o expulsiones. La política migratoria, denuncia la Defensoría del Pueblo, comienza a producir mecanismos de expulsión indirecta o encubierta, especialmente sobre sectores empobrecidos o atravesados por relaciones laborales informales.
La función de clase de la xenofobia
Desde una perspectiva marxista, la política migratoria de Milei no es una medida de seguridad ni una respuesta a la “crisis migratoria”. Es un instrumento de dominación de clase que cumple tres funciones fundamentales. Primero, criminaliza a los trabajadores migrantes, desviando la atención de la verdadera crisis económica y el brutal ajuste que el gobierno de Milei ha impuesto sobre la clase trabajadora argentina. Segundo, profundiza la precarización de la fuerza de trabajo, creando un ejército de reserva de migrantes en situación irregular, vulnerables a la explotación y la competencia a la baja de los salarios. Tercero, divide a la clase trabajadora entre “nacionales” y “extranjeros”, debilitando la solidaridad de clase y reforzando la hegemonía del capital.
La hipocresía es monumental. El mismo gobierno que pregona el “libre mercado” y la “libertad” erige muros para los trabajadores, mientras abre las puertas al capital financiero y a las grandes corporaciones. La misma derecha que prometió “menos Estado” construye un aparato represivo de control migratorio. La misma élite que se beneficia de la mano de obra migrante barata para sostener su modelo económico, ahora criminaliza a quienes sostienen con su trabajo la economía del país.
Epílogo: la resistencia como única salida
La política migratoria de Milei no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una ofensiva global de la ultraderecha que, desde Trump hasta Bukele, utiliza el miedo al migrante para consolidar su poder y desmantelar los derechos sociales. Pero la historia enseña que el racismo y la xenofobia son armas del capital para dividir a los de abajo. La clase trabajadora argentina y latinoamericana no debe dejarse engañar. El enemigo no está en la frontera, sino en los palacios del poder que deciden la guerra, el ajuste y la exclusión.
Como han señalado las organizaciones de migrantes y derechos humanos, “no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotras trabajamos y aportamos a este país”. La lucha contra la criminalización de la migración es parte de la lucha por un mundo donde los trabajadores, sin importar su nacionalidad, puedan vivir con dignidad. Mientras el gobierno de Milei construye muros, la clase trabajadora debe construir puentes de solidaridad. La resistencia es la única salida.