La publicación oficial de la nómina de víctimas de desaparición forzada consagra la responsabilidad imprescriptible del Estado burgués, desnudando la insuficiencia de la reparación formal y la complicidad del negacionismo institucional.
Por Daniel Jadue
La publicación de la Resolución Exenta N.º 179 —que oficializa la nómina de personas declaradas ausentes por desaparición forzada conforme a la Ley N.º 21.775 y su reglamento para su inscripción en el Registro Civil— ha sido calificada por los voceros de la institucionalidad y los medios de comunicación hegemónicos como un “hito administrativo definitivo”, un “cierre procedimental para las familias” o un paso hacia la “pacificación nacional”. La narrativa dominante intenta transformar una lucha histórica de las familias y del movimiento popular en un simple trámite burócrata, despolitizando el origen de estos crímenes y presentándolos como excesos del pasado dentro de un Estado social de derecho restaurado.
Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo histórico y la teoría crítica del Estado, el reconocimiento registral de los detenidos desaparecidos no representa una concesión graciosa de la burocracia ni un gesto de reparación integral por parte del régimen. La desaparición forzada fue la herramienta de terrorismo de Estado empleada por la oligarquía y el capital financiero para desarticular a la vanguardia de la clase trabajadora, erradicar el proyecto popular e imponer a sangre y fuego las bases del modelo neoliberal. Reducir esta violencia sistemática a una categoría administrativa busca blanquear la responsabilidad histórica de la clase dominante y de las Fuerzas Armadas que continúan protegiendo los pactos de silencio.
Este paso legal pone de manifiesto, al mismo tiempo, el límite de la política institucional y el negacionismo práctico de la administración actual. Mientras el gobierno promueve discursos de reconciliación y mantiene intacta la estructura de impunidad de los aparatos de represión, la formalización de la nómina demuestra que la Verdad y la Justicia no son compatibles con el mantenimiento del orden institucional burgués. Como explicara el teórico e intelectual marxista italiano Antonio Gramsci al analizar los mecanismos de hegemonía e impunidad del Estado capitalista: «La hegemonía burguesa no solo se ejerce mediante la fuerza o la ley, sino absorbiendo las demandas del pueblo para vaciarlas de su contenido revolucionario, buscando institucionalizar el conflicto para que la clase dominada olvide la raíz estructural de su agravio».
Para la clase trabajadora, los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, la Resolución N.º 179 debe constituir una herramienta de agitación y combate contra la impunidad y el olvido. La verdadera memoria no se agota en los folios de un registro civil ni en la retórica de los salones del poder, sino que se reafirman en la movilización permanente para exigir el fin del pacto de silencio, el encarcelamiento de todos los genocidas y la continuidad de la lucha por la emancipación social por la que cayeron miles de revolucionarios en Chile.