El presidente José Antonio Kast, agobiado por una desaprobación que trepa al 58% según la última encuesta Cadem, realizó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia para salvar el naufragio de su promesa estrella de campaña: la seguridad. La flamante ministra Trinidad Steinert duró apenas 69 días en el cargo, lapso en el que el gobierno no exhibió avances concretos y la ciudadanía perdió toda confianza, hasta el punto de que un 45% cree que el Ejecutivo no tiene un plan definido y “está improvisando”. Su sucesor, Martín Arrau, se deshizo de los dos subsecretarios y prometió “resultados inmediatos”, pero su hoja de ruta no representa un cambio de rumbo, sino una profundización de la misma lógica de mano dura, persecución a los sectores populares y criminalización del descontento. La crisis de seguridad no es un fracaso técnico de gestión; es la manifestación de un modelo que produce violencia estructural, abandona los barrios populares durante décadas y luego responde con más policías, más cárceles y menos derechos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. A 82 días de su asunción, el Presidente José Antonio Kast rindió su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional en un clima de extrema fragilidad. La encuesta Cadem, publicada el día anterior, le arrojó una desaprobación del 58% y una aprobación del 38%, la cifra más baja desde que asumió el 11 de marzo. El estudio de Criteria, a su vez, reveló que apenas un 12% de los encuestados considera que el gobierno tiene un plan claro para enfrentar la delincuencia, mientras que un 45% opina que improvisa. La senadora socialista Paulina Vodanovic fue lapidaria: “Es gravísimo que hayamos estado 68 días sin un plan”.
En ese contexto de desbande, Kast decidió remover a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de gobierno, Mara Sedini, en la reestructuración más temprana desde el retorno a la democracia. El propio mandatario reconoció su fracaso con una declaración que retrata la improvisación de todo su proyecto: “No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado en esta etapa de gobierno”.
La metralla cae sobre los de siempre: la clase trabajadora paga la ineficiencia
Steinert fue vapuleada durante su breve paso por el Congreso, donde exhibió un desconocimiento absoluto de las materias que debía manejar. La semana pasada, al exponer ante los parlamentarios, reconoció que “no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado y concreto”. Era la confesión de un experimento fallido: una exfiscal sin experiencia política, sin manejo comunicacional y sin diagnóstico, instalada en un cargo clave que suponía el corazón del “gobierno de emergencia”.
Kast anunció como su reemplazo a Martín Arrau, hasta entonces ministro de Obras Públicas. Pero el cambio de rostro no es tal. En menos de 48 horas, Arrau ya removió a los dos subsecretarios de la cartera, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, argumentando que “es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos”. Este baile de sillas no es más que la manifestación de una burocracia desesperada por aparentar acción.
Mientras tanto, la clase trabajadora sigue pagando las consecuencias. Según el propio Kast en su Cuenta Pública, hasta el 31 de mayo Chile registró 378 víctimas de homicidio. La senadora Vodanovic denunció que el gobierno “ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo”. La experimentación, sin embargo, no la pagan los ministros que se van con sus jugosas indemnizaciones, sino los habitantes de los barrios populares, a quienes se les prometió el fin del calvario y se les entregó más de lo mismo.
La misma receta con un envoltorio nuevo: más control, más criminalización
El problema de fondo no es la ineficiencia personal de Steinert o Arrau, sino que la derecha chilena no entiende la seguridad como una construcción colectiva que requiere inversión social, sino como un dispositivo represivo para disciplinar a los sectores subalternos. El propio Kast, en su primera Cuenta Pública, confirmó esta línea. Anunció la creación de un “Registro de Vándalos e Incivilidades”, una base de datos para criminalizar la protesta social y el descontento. También prometió un “Plan de Intervención Barrial Intensivo” en 50 barrios críticos, que se traduce en más copamiento policial, más patrullajes y más operativos focalizados contra el crimen organizado.
El ministro Arrau, a su vez, detalló al Senado su plan: siete fuerzas de tarea, más facultades policiales y una agenda legislativa con 25 proyectos prioritarios. La meta, anunció, es intervenir 50 barrios prioritarios al año 2027, comenzando con 20 sectores durante 2026. No hay una sola línea sobre prevención social, sobre construcción de espacios públicos, sobre fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Es el viejo paradigma de la “mano dura”, el mismo que se ha aplicado durante décadas en los barrios pobres con nulos resultados, a excepción de la profundización de la estigmatización y el aumento del gasto público en aparatos represivos.
La función de clase de la “emergencia”
La “emergencia” que Kast pregona no es más que una coartada para imponer un orden autoritario que beneficie a los sectores más concentrados del capital. La seguridad no es una variable que se pueda gestionar técnicamente; es el reflejo de una sociedad desigual, donde los barrios populares han sido abandonados por décadas, donde las políticas de vivienda son insuficientes y donde los jóvenes no tienen acceso a empleos dignos ni espacios de desarrollo. El gobierno de Kast, en lugar de atacar esas raíces estructurales, profundiza el abandono: mientras recorta 200 mil millones de pesos en subsidios habitacionales y 413 mil millones en salud, inyecta recursos a las policías y construye nuevas cárceles.
La respuesta de la ciudadanía a este cóctel de ineptitud y represión no se ha hecho esperar. La encuesta Criteria reveló que la percepción sobre la capacidad de Kast para enfrentar la delincuencia cayó seis puntos y quedó en 38%. Un 46% de los encuestados considera que el gobierno ha tomado un camino incorrecto para enfrentar la emergencia, cinco puntos más que en la medición anterior.
Epílogo: la crisis continuará
El cambio de ministro y la purga de subsecretarios son el testimonio de una administración que se hunde en sus propias contradicciones. Martín Arrau juró que “la mano cambió”, pero la realidad es tozuda: la mano no cambió, solo se movió de un bolsillo a otro. La crisis de seguridad no es un problema de comunicación ni de liderazgo; es el resultado lógico de un modelo económico que produce pobreza, exclusión y violencia, y de un gobierno que, en lugar de revertir ese modelo, lo profundiza con más control y menos derechos. Mientras los nuevos subsecretarios se acomodan en sus sillones, la clase trabajadora seguirá esperando soluciones que no llegarán, porque la derecha no sabe —ni quiere— construirlas. La seguridad seguirá siendo un negocio para las empresas constructoras de cárceles, un dispositivo de control para los pobres y una promesa incumplida para quienes votaron por el cambio.