El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes el sobreseimiento definitivo del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura. La jueza Carla Capello no solo puso fin a una persecución penal que se extendió por más de dos años, sino que además condenó en costas al Ministerio Público y, de manera personal, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por “grave negligencia” en la conducción del caso. La resolución judicial constituye un revés histórico para el aparato persecutor del Estado y desnuda la fragilidad del relato oficial sobre la probidad, revelando que la investigación no fue más que una cacería política montada sobre vicios de forma y desconocimiento de la ley, pagada con los recursos de todos los chilenos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia que se conoció en la tarde de este martes es el epílogo de una historia que comenzó en 2022, cuando la Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación contra el entonces candidato a gobernador Claudio Orrego por la transferencia de $1.686 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la Fundación ProCultura para la ejecución de un programa de prevención del suicidio. La persecución penal, que incluyó una fallida solicitud de desafuero rechazada por unanimidad por los 24 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero de este año, terminó siendo un monumento a la negligencia, el abuso y la persecución política selectiva.
La jueza Carla Capello no solo acogió la solicitud de la defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, sino que fue más allá: dictaminó que el Ministerio Público deberá pagar todas las costas del proceso y, en una decisión que “pocas veces se ha visto”, condenó personalmente al fiscal regional Juan Castro Bekios por “grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho en la conducción de la investigación”. El tribunal acreditó además que “no ser los hechos constitutivos de delito” y que el gobernador “ha acreditado su inocencia de manera clara y absoluta”.
La fiscalía al desnudo: un aparato al servicio del lawfare político
La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía no es un mero error técnico. Es la constatación de que el Ministerio Público, en su afán por obtener réditos políticos y golpear a una figura de la oposición, utilizó una investigación criminal como un instrumento de acoso. Durante más de dos años, el gobernador Orrego sufrió el escarnio público, allanamientos, la incautación de su teléfono celular y la difusión mediática de chats privados. Todo ello fue financiado con recursos del Estado, que ahora el propio tribunal le ordena al Ministerio Público reintegrar a través de las costas. La pregunta es obvia: ¿cuántos recursos públicos se dilapidaron en esta cacería? ¿Cuánto tiempo de los fiscales se malgastó en una causa que, según la justicia, nunca debió abrirse?
El abogado Ciro Colombara fue lapidario al calificar la resolución: “En una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho de la conducción de la investigación”. La gravedad de la negligencia es tal que el tribunal consideró necesario que fuera el propio fiscal, y no solo la institución que representa, quien asuma el costo de la pesquisa.
El doble estándar de la probidad y la función de clase del sistema penal
La hipocresía es monumental. Mientras el gobierno de José Antonio Kast se ufana de su cruzada contra la corrupción y la “mano dura”, el aparato judicial que dirige las investigaciones ha quedado expuesto como un ente fallido, que monta causas endebles contra figuras políticas de la oposición y desgasta sus vidas públicas durante años. El caso de Orrego se suma a una larga lista de investigaciones que han naufragado estrepitosamente, dejando un rastro de vidas rotas, gasto fiscal desmedido y desprestigio de las instituciones. El mismo sistema que persigue con saña a funcionarios de base por faltas administrativas o delitos menores aplica una vara distinta cuando se trata de investigar a un actor político relevante.
La jueza Capello también condenó en costas al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se había opuesto al sobreseimiento pese a no haber presentado querella alguna contra el gobernador. El tribunal, al estimar que no existían antecedentes que justificaran mantener la causa abierta, dio un portazo a la tesis fiscal, que había intentado sostener que eventuales irregularidades administrativas bastaban para configurar delitos.
Las reacciones: la verdad se abre paso
El gobernador Orrego, quien durante todo el proceso sostuvo su inocencia y denunció la utilización política de la justicia, salió al paso del fallo con una declaración que resuena como un mentís a la estrategia de la Fiscalía: “Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno: nosotros somos víctimas de un delito, no parte de él”. Orrego también apuntó contra los que, a su juicio, utilizaron la investigación para hacer campaña sucia: “Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también de este gobernador”.
El fallo deja a la Fiscalía en una situación incómoda. El Ministerio Público aún no ha emitido una declaración oficial sobre la resolución, y el fiscal Castro Bekios, condenado personalmente por negligencia, no se ha pronunciado sobre si apelará la decisión. Sin embargo, la resolución judicial está en firme, y la causa contra Orrego quedó definitivamente cerrada, a menos que alguno de los intervinientes recurra a tribunales superiores para intentar revertirla.
Epílogo: el costo de la negligencia
La condena en costas a la Fiscalía y a su fiscal regional, Juan Castro Bekios, no es solo un revés judicial. Es una advertencia sobre los peligros de un sistema penal que puede ser utilizado como ariete político para desgastar a quienes no comulgan con el poder económico o las alianzas de la derecha dominante. La negligencia del Ministerio Público, reconocida por una jueza, no fue un error aislado; fue la manifestación de una política de “tiro al blanco” selectivo: se investigó a Orrego hasta las últimas consecuencias porque el guion lo exigía, no porque hubiera pruebas.
El costo social de esta negligencia será pagado por los ciudadanos. Son los recursos de todos los chilenos los que se utilizaron para financiar una investigación que debía ser cerrada por falta de sustento. Y son los mismos ciudadanos los que han visto cómo sus impuestos financian el desgaste de una de las pocas figuras políticas que ha mantenido su inocencia contra viento y marea. La justicia, en este caso, ha terminado por imponerse, pero el saldo de la persecución es una lección: mientras el sistema punitivo del Estado esté al servicio de los intereses del capital y la política, la verdad será siempre la primera víctima.