A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, 51 masacres en lo que va del año, 81 municipios en riesgo extremo, 101 mil desplazados en el Catatumbo y un candidato opositor asesinado consolidan el escenario más violento desde la época del narcoterrorismo. La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte un aumento del 65% en municipios con alto riesgo electoral en comparación con 2022. Mientras la izquierda denuncia la ausencia del Estado para garantizar el voto libre, la derecha promete “perseguir como ratas” a los grupos armados. En esta coyuntura, la clase trabajadora y campesina colombiana, víctima histórica del conflicto, se prepara para votar entre el miedo y la esperanza, atrapada entre fuegos cruzados de actores que operan con total impunidad.
Por Equipo El Despertar
Bogotá, Colombia. A tres semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia registra el más grave deterioro de su orden público desde la época del narcoterrorismo. El país suma 51 masacres en lo que va del año, además de más de 26 acciones violentas reportadas en un solo fin de semana en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, según las Fuerzas Militares. Tras la explosión de una bomba en la vía Panamericana, las autoridades confirmaron el saldo de 21 muertos y 56 heridos, atribuido a las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. Sin embargo, cuando se pregunta a quien sirve esta ola de violencia, la respuesta es obvia: a la oposición restauradora del neoliberalismo.
El polvorín electoral: la violencia como actor político
La cifra de municipios en riesgo electoral extremo es la más alta en una década. De los 170 municipios con algún nivel de riesgo por factores de fraude y violencia, 81 se encuentran en riesgo extremo, lo que representa un aumento del 65% en comparación con los comicios de 2022. La MOE señaló que los focos críticos coinciden con zonas donde confluyen grupos armados, economías ilegales, débil institucionalidad y antecedentes de irregularidades electorales: el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el Andén Pacífico, el norte del Cauca, el Caquetá y el bajo Putumayo.
La violencia política ha golpeado con especial saña el proceso electoral. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay sacudió al país, siendo el primer magnicidio de un aspirante presidencial desde la época de los cárteles de la droga. A esto se suman 26 políticos asesinados y otros 35 que sufrieron intentos de asesinato, según datos citados por la Economist Intelligence Unit, dependiente de EEUU, lo cual motivó una caída de 13 puestos en el índice global de democracia de Colombia.
El drama humano: 100 mil desplazados y 40 mil confinados
La cifra de personas afectadas por la guerra supera cualquier registro humanitario reciente. En la región del Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han provocado más de 101.000 desplazados en tan solo 16 meses de hostilidades, refugiados en los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y la ciudad de Cúcuta, según el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander.
Además, 39.807 personas sufren confinamiento por acción de grupos ilegales, una modalidad donde comunidades enteras ven restringida su movilidad, con limitaciones en el acceso a alimentos, salud y condiciones básicas de vida. En el Cauca, el departamento más golpeado por el confinamiento, 9.300 personas permanecen encerradas en sus propias comunidades. En total, cerca de 50.000 personas vieron limitada su movilidad por cuenta del conflicto armado durante el primer trimestre de 2026, con un promedio de 442 personas afectadas por día.
La guerra de discursos: alternativas desde la grieta estatal
En medio de este fragor represivo, las distintas candidaturas ofrecen al país fórmulas antagónicas y por momentos complementarias para recomponer el monopolio estatal de la violencia. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha fijado condiciones claras para eventuales negociaciones: “A los grupos armados les digo con total claridad que deben detener la violencia a los liderazgos sociales y que un criterio a tener en cuenta para comenzar […] diálogos de paz será que dejen de cometerse acciones criminales […] no habrá diálogo con quien asesine, amenace o persiga líderes sociales en Colombia”. Además, ha denunciado presiones de grupos ilegales sobre el electorado en varias regiones, y ha pedido investigar cualquier intento de influencia en el voto.
En las antípodas, Paloma Valencia (Centro Democrático) promete el exterminio carcelario con “mano durísima”: “Conmigo no habrá diálogos […] Vamos a reactivar las órdenes de captura para perseguirlos como ratas y meterlos en la cárcel” (Yahoo News/Colombiano). Esta postura extremadamente punitiva, que evoca la fallida “seguridad democrática” de la década pasada, consolidaría una escalada paramilitar de consecuencias impredecibles para la libertad de comunidades y movimientos sociales. Entre tanto, Cepeda lidera las encuestas con un 37,2% de intención de voto, seguido por De la Espriella (20,4%) y Valencia (15,6%). El escenario apunta a una segunda vuelta el 21 de junio.
Conclusión: clases populares entre fuegos cruzados
Colombia se encamina a unas elecciones históricas, donde el miedo y la disputa territorial se han convertido en actores políticos. La ausencia de garantías para votar libremente en 81 municipios, sumada a la crisis humanitaria y la polarización extrema, revela el fracaso del modelo de seguridad del Estado.
Mientras la oligarquía colombiana y sus brazos armados imponen condiciones en los territorios, las masas campesinas y la clase trabajadora esperan definiciones: ¿negociación con condiciones bajo un gobierno progresista, o mano dura y guerra abierta con una administración de ultraderecha encabezada por Valencia o De la Espriella? Una vez más, el pueblo pagará los costos de la inestabilidad. El llamado de organizaciones sociales y víctimas es a no naturalizar la violencia y a exigir un escenario donde la voluntad popular no dependa de la autorización de fusiles. El 31 de mayo, mientras la Casa de Nariño espera definiciones, las comunidades campesinas en riesgo extremo de Arauca, Putumayo, Cauca y Antioquia medirán sus pasos: decidir no salir a votar puede ser, también, una declaración política.