El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate en 1996, en una ofensiva judicial que la administración Trump orquesta como preludio de una potencial acción militar contra la isla. Mientras la Casa Blanca endurece el bloqueo energético y económico con nuevas sanciones contra ministros y servicios de inteligencia, el fiscal general interino, Todd Blanche, no ocultó el objetivo final: asestar un golpe al corazón de la Revolución Cubana.
Por Equipo El Despertar
Miami / La Habana. Un hecho ocurrido hace tres décadas, en febrero de 1996, sirvió este miércoles como pretexto para la nueva escalada imperial contra Cuba. En una conferencia de prensa en Miami, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció la apertura de un proceso judicial sin precedentes contra Raúl Castro, de 94 años, junto a otros cinco ex pilotos de combate cubanos. Los cargos —conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate— se basan en una denuncia presentada en secreto ante un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de Miami.
El acta de imputación, un documento de 23 páginas, sostiene que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, autorizó el derribo de las avionetas tras violar repetidamente el espacio aéreo cubano. El documento detalla que los pilotos fueron entrenados especialmente entre enero y febrero de 1996 para detectar y seguir el vuelo lento de esas aeronaves, y que el 24 de febrero fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes.
La farsa judicial alcanza niveles grotescos al incluir a los propios pilotos como acusados, mientras Estados Unidos ofrece recompensas millonarias por información que lleve a su captura.
El plan maestro de Trump: del tribunal a la invasión
La imputación no es, como pretende presentarse, un acto aislado de “justicia universal” para los caídos del grupo de exiliados. Es el eslabón de una cadena de agresiones cuidadosamente orquestadas por la administración Trump. El fiscal general Blanche eludió las preguntas de los periodistas sobre si esta acusación es un preludio de una acción militar. Su silencio, sin embargo, fue elocuente. El paralelismo es inevitable: Washington desclasificó cargos similares contra Nicolás Maduro exactamente con el mismo propósito, antes de ordenar una operación militar relámpago en enero que terminó con la captura del mandatario venezolano en Caracas.
El presidente Donald Trump, fiel a su guion, no tardó en sumarse a la provocación. Horas después de la imputación, calificó a Cuba como un “país fallido” y afirmó estar tomando “medidas decisivas” para “abordar las amenazas a nuestra seguridad nacional”. Entre esas medidas, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
El cerco energético: el imperio quiere asfixiar, no juzgar
La ofensiva no se limita al plano judicial. El lunes 18 de mayo, la administración Trump aplicó una nueva batería de sanciones contra altos funcionarios del gobierno cubano, incluyendo a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. También incluyó al aparato militar y los servicios de inteligencia, bloqueando a cualquier entidad que les proporcione “apoyo material y financiero”. A estas sanciones se suman las amenazas de Trump a terceros países con aranceles a sus exportaciones si suministran combustible a la isla, en un intento de estrangular económicamente a Cuba. Esta política de asfixia energética es un crimen de lesa humanidad que ha provocado apagones de hasta 20 horas diarias y ha paralizado industrias esenciales.
La respuesta de la dignidad: “Jamás olviden que los antimperialistas somos muchísimos más”
Lejos de arredrarse, el gobierno de la Revolución Cubana respondió con la entereza que forjaron sus luchas independentistas. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó enérgicamente la imputación, calificándola como una “canalla acusación”, una “acción política sin ningún basamento jurídico” destinada a justificar “una agresión militar” contra Cuba. En un mensaje publicado en X, Díaz-Canel señaló que la fecha del 20 de mayo, utilizada por Trump para recordar el nacimiento de la “República de Cuba”, significa en realidad en la historia del país “intervención, injerencia, despojo, frustración”. Y lanzó una profecía que retumba en cada rincón de la isla: “Por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más”.
El canciller Bruno Rodríguez, por su parte, arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por intentar deslindar a Washington de las consecuencias del bloqueo económico, comercial y energético. El gobierno cubano emitió un comunicado oficial en el que condena “en los términos más enérgicos posibles” la “canalla acusación”, y denuncia que se trata de “un acto despreciable e infame de provocación política”.
Rusia condena la escalada
La comunidad internacional ya ha reaccionado. El gobierno de Rusia, principal aliado político y económico de Cuba, calificó las sanciones como una “cínica encarnación de la doctrina Monroe resucitada”. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, expresó “la plena solidaridad” de Moscú con la isla, y condenó “cualquier intento de burda injerencia en los asuntos internos de una nación soberana, intimidación, ilegales medidas restrictivas de carácter unilateral, amenazas y chantaje”. La República Bolivariana de Venezuela y China también se sumaron a las condenas, advirtiendo sobre las gravísimas consecuencias de una intervención militar en la isla.
La clase trabajadora debe saber la verdad
La clase trabajadora del mundo debe leer esta maniobra con claridad: no se trata de justicia, sino de la antesala de una agresión imperialista que busca aplastar un modelo de justicia social. Mientras Trump bombardea la conciencia del pueblo norteamericano con la mentira de que Cuba es una “amenaza”, la verdadera amenaza es la pobreza, el hambre y la muerte que el bloqueo financiado por él mismo impone a la isla. La respuesta de Díaz-Canel y el pueblo cubano es una lección de resistencia. La acusación a Raúl Castro, a sus 94 años, es el gesto de un poder en decadencia que, para mantenerse a flote, no duda en agredir a un anciano. Pero es también la constatación de que la Revolución Cubana les duele, y que les seguirá doliendo mientras haya un solo antimperialista en pie.