La economía chilena se contrajo un 1,2% en abril —su peor desempeño desde marzo de 2023—, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó un 4,7% interanual y la producción manufacturera se desplomó un 2,5%. La minería, el sector estrella del modelo extractivista, registró una caída del 9%. La producción de cobre, principal exportación del país, se derrumbó un 11,8%. En lugar de atacar las causas estructurales de esta debacle, el gobierno de José Antonio Kast profundiza el ajuste fiscal, flexibiliza los derechos laborales y acelera la entrega de los recursos naturales a las grandes corporaciones transnacionales. Mientras el Banco Central reduce su previsión de crecimiento para 2026 a un magro 1,5%-2,5%, los grandes grupos económicos celebran la certeza jurídica que les garantiza el gobierno para seguir saqueando el territorio y la clase trabajadora asiste al desmantelamiento sistemático de su industria nacional.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Las cifras que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central han publicado en las últimas semanas son un acta de defunción de la ficción del “gobierno de la eficiencia”. El Índice de Producción Industrial (IPI) registró en abril una caída interanual del 4,7%. La producción manufacturera se contrajo un 2,5%, con la elaboración de productos alimenticios, un pilar de la industria nacional, cayendo un 7,7%. La producción minera, el motor de la economía extractivista, se desplomó un 9%, impulsada por una caída del 12,6% en la minería metálica, debido a la menor extracción y procesamiento de cobre.
El resultado global fue una contracción del Imacec del 1,2%, la mayor caída desde marzo de 2023, que sorprendió a los mercados por su profundidad. La economía chilena acumula así su cuarta caída mensual consecutiva.
La lógica extractivista: certeza para el capital, despojo para el pueblo
El ministro de Economía, Nicolás Grau, intentó minimizar el desastre atribuyéndolo a factores externos como el contexto internacional y el precio del cobre. Sin embargo, la realidad es que las políticas del gobierno de Kast han profundizado la crisis. La famosa “certeza para la inversión” se ha transformado en uno de los principales pilares de su administración. En sus primeros meses, el gobierno ha acelerado la aprobación de proyectos ambientales: 72 proyectos por un total de US$16.000 millones, la mayoría de ellos extractivos. Además, ha impulsado una reforma minera que modifica el Código de Minería para facilitar la inversión extranjera y un “plan de reconstrucción” que incluye una rebaja del impuesto corporativo y la flexibilización de los derechos laborales.
La apuesta del gobierno es clara: profundizar el modelo extractivista y entregar los recursos naturales a las grandes corporaciones transnacionales, en lugar de invertir en la industrialización del país y la creación de empleo digno. El resultado es una economía cada vez más dependiente de la exportación de materias primas, cada vez más vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y cada vez más incapaz de generar valor agregado y empleo de calidad.
El costo para la clase trabajadora: desempleo, precariedad y desindustrialización
El desplome de la actividad industrial no es un fenómeno abstracto. Se traduce en despidos, cierre de fábricas y precarización de las condiciones de trabajo. La tasa de desempleo ya superó el 9% en el trimestre febrero-abril, con 40 meses consecutivos por sobre el 8%. El desempleo femenino alcanzó el 10,5% y el desempleo juvenil, el 22,8%. Se estima que más de 940 mil personas buscan trabajo y no lo encuentran. Expertos anticipan que la cifra podría acercarse al 10% en los próximos meses.
El desempleo no es un fenómeno natural, sino una herramienta de disciplinamiento de la clase trabajadora. Un ejército de reserva de desocupados ejerce presión a la baja sobre los salarios y permite al capital imponer condiciones cada vez más precarias. El gobierno de Kast, lejos de combatir esta tendencia, la profundiza mediante el ajuste fiscal, la flexibilización laboral y la entrega de los recursos nacionales al capital transnacional.
Epílogo: la desindustrialización como política de clase
La caída de la actividad industrial no es un accidente, sino la consecuencia lógica de un modelo económico que privilegia el extractivismo por sobre la producción, el capital financiero por sobre el trabajo y la acumulación por sobre el bienestar social. La desindustrialización, el desempleo y la precarización laboral son el precio que la clase trabajadora paga por un gobierno que actúa como el comité de administración de los intereses del gran capital.
El gobierno de Kast ha llegado al poder para profundizar el modelo neoliberal y garantizar la “certeza” que el capital necesita para seguir saqueando el territorio. La clase trabajadora debe entender que la salida a esta crisis no pasa por más ajuste, más flexibilidad o más entregas de recursos a las transnacionales. Pasa por la recuperación de la soberanía económica, la nacionalización de los recursos naturales y la construcción de una industria nacional que ponga el trabajo y la vida en el centro de la economía.