Detrás de la música, el contenido que distintos sectores califican como regresivo: flexibilización que abarata el despido y alarga jornadas, restringe derechos de reclamo y redefine la relación laboral a favor del empleador, en nombre de “revertir el estancamiento del empleo formal”. El Ejecutivo atribuye la informalidad a la “litigiosidad”, “reglas imprecisas” y “rigidez”, y promete “simplificar registración”, “precisar indemnizaciones”, “modernizar licencias” y “dar previsibilidad”, en especial para pymes. En lenguaje llano: bajar costos laborales y trasladar riesgos desde la empresa al trabajador, en línea con las exigencias de ajuste exigidas por los acreedores.
Por Equipo El Despertar
El gobierno de Javier Milei firmó y envió al Congreso su proyecto de “Modernización Laboral”, un texto de 182 artículos que la Casa Rosada busca aprobación en tiempo exprés: media sanción en diciembre (sesiones extraordinarias hasta el día 30) e intento de sanción definitiva entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026. El dispositivo político ya tiene voceros designados: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El anuncio llegó en clave marketinera —video con “Back in Business” de AC/DC— y con un relato que repite la fórmula: “más crecimiento, más prosperidad, más trabajo”.
Detrás de la música, el contenido que distintos sectores califican como regresivo: flexibilización que abarata el despido y alarga jornadas, restringe derechos de reclamo y redefine la relación laboral a favor del empleador, en nombre de “revertir el estancamiento del empleo formal”. El Ejecutivo atribuye la informalidad a la “litigiosidad”, “reglas imprecisas” y “rigidez”, y promete “simplificar registración”, “precisar indemnizaciones”, “modernizar licencias” y “dar previsibilidad”, en especial para pymes. En lenguaje llano: bajar costos laborales y trasladar riesgos desde la empresa al trabajador, en línea con las exigencias de ajuste exigidas por los acreedores.
La estrategia legislativa busca aprovechar la nueva correlación parlamentaria en Senado para abrir el debate ya y acumular media sanción en diciembre. En paralelo, la Casa Rosada empuja un combo que incluye Presupuesto 2026, Ley de Estabilidad Fiscal, reforma del Código Penal y una polémica Ley de Glaciares, con la misma lógica: marcar agenda en extraordinarias y blindar el plan de reformas.
La respuesta social ya tiene fecha y calle. Para el jueves 18 de diciembre a las 18:00 (Av. de Mayo y 9 de Julio), sindicatos de base, comisiones internas, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y partidos del Frente de Izquierda–Unidad convocan a marchar al Congreso bajo la consigna “Abajo la reforma laboral esclavista y todas las reformas antipopulares”. Exigen a las conducciones de la CGT y la CTA que rompan la tregua, llamen a asambleas en los lugares de trabajo y a un paro general con plan de lucha para derrotar un paquete orientado —denuncian— a satisfacer al FMI antes que a defender derechos.
El trazo de clase es nítido. Bajo la etiqueta “modernización”, el proyecto reconfigura la relación capital–trabajo: simplifica la contratación para flexibilizar despidos, limita canales de reclamo y amplía márgenes empresariales en organización de tiempos y costos, en un contexto donde la negociación colectiva viene debilitada y la inflación erosiona salarios. El relato oficial invoca “empleo formal”, pero el mecanismo propuesto abarata el empleo existente y debilita la posición negociadora de quienes viven de su salario, condición que la historia reciente muestra como puerta giratoria hacia más precariedad, no hacia más puestos de calidad.
El juego institucional acelera; en la calle, el tablero se arma. De un lado, un Ejecutivo que apuesta a tiempos cortos, marketing y nueva aritmética legislativa; del otro, una base que empuja a sus centrales a salir del silencio. El resultado no se definirá solo en el recinto: como siempre en materia laboral, el campamento social —asambleas, sindicatos, estudiantes, movimientos— será quien incline la balanza entre un país que abarata el trabajo en nombre de la inversión y otro que sostiene que no hay crecimiento posible si se construye contra quienes lo producen.