Empresario con inversiones en el país de destino, excandidatos derrotados y un excomunista devenido en plumífero del poder: el gobierno de José Antonio Kast ha oficializado una seguidilla de nombramientos diplomáticos que, lejos de responder a una estrategia de Estado, revelan la lógica clasista de distribuir prebendas entre sus leales. En apenas un mes, La Moneda ha designado una decena de representantes en Washington, Lima, la ONU y la OEA, confirmando que para la nueva derecha chilena la política exterior es apenas un botín de guerra para los más fieles.
Lawfare corporativo: cuando el juez y el embajador comparten directorio
El nombramiento del empresario Andrés Ergas Heymann como embajador en Estados Unidos ha destapado una madeja de conflictos de interés que la narrativa oficial intenta desenredar con paños tibios. El flamante representante en Washington —ingeniero comercial de 59 años sin experiencia diplomática alguna— mantiene inversiones inmobiliarias activas en el país que se supone debe representar. El propio canciller Francisco Pérez Mackenna había planteado públicamente dudas sobre eventuales incompatibilidades asociadas a mantener negocios en el mismo país donde se ejerce la representación diplomática. Pero el diseño político se impuso sobre la prudencia técnica: Kast mantuvo el respaldo al empresario y terminó cerrando el nombramiento, apostando por su perfil económico y sus redes en el mundo empresarial norteamericano.
No es casualidad que el canciller y Ergas compartieran durante 11 años en el directorio del Banco de Chile. Es la misma lógica que explica por qué el abogado Gabriel Zaliasnik —compañero de colegio de Ergas en el exclusivo Nido de Águilas— sería el próximo embajador chileno en Israel. Como ha escrito el filósofo Slavoj Žižek, “el lawfare no es una desviación de la justicia, sino la justicia misma funcionando como un aparato de clase”. Aquí no hay jueces: hay una red de intereses que se autoperpetúa en las cúpulas del poder.
El “premio de consuelo”: la nueva industria de la derrota electoral
La primera tanda de designaciones ante organismos internacionales, anunciada el 18 de marzo, dejó en evidencia la segunda función de estas embajadas: servir de cajón de sastre para excandidatos que no lograron retener sus escaños. José Miguel Castro, médico veterinario de profesión, fue diputado durante dos períodos y en la última elección fue derrotado, perdiendo la reelección. Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial, fue candidato a diputado y también fue derrotado. Ambos terminaron en la OEA y la OCDE respectivamente, como si la derrota electoral mereciera un ascenso diplomático.
El caso más emblemático es el de Roberto Ampuero, el escritor devenido en embajador ante la ONU. Excomunista confeso que hoy ejerce como columnista de El Mercurio, Ampuero encarna la traición de clase que la burguesía recompensa con generosidad. “La diplomacia debería ser una herramienta de Estado, no un botín para los amigos del Presidente”, ha denunciado la oposición, que desde el primer momento criticó los nombramientos argumentando que hubo mucho “pituto”. Pero el oficialismo no se inmuta: en el gobierno recalcan que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República.
La Cancillería como botín: el asedio a la carrera diplomática
El desembarco político en las representaciones exteriores ha abierto un choque con los diplomáticos de carrera, que ven con preocupación cómo la institucionalidad se pliega a los designios del mercado. De los cinco embajadores nombrados ante organismos multilaterales, solo dos —Luis Plaza y Marta Bonet— son funcionarios de carrera. El resto responde a criterios de lealtad política, no a méritos profesionales.
En sectores de la Cancillería persiste el malestar frente a la designación de embajadores políticos en desmedro de diplomáticos de carrera, y particularmente por los perfiles que se han puesto sobre la mesa en esta etapa. Algunos más controvertidos que otros, como el de Ricardo Rincón —exdiputado democratacristiano hermano de la ministra Ximena Rincón— sobre el cual pesa un proceso en la justicia por violencia intrafamiliar en el pasado. Esto último, advierten algunos en el Ejecutivo, abrirá un flanco de críticas innecesario.
La geopolítica del amigo: cuando el interés nacional se pliega al interés privado
El problema de fondo no es la falta de experiencia diplomática de estos nombramientos, sino lo que representan: la colonización de la política exterior por los intereses de una clase que confunde la representación del Estado con la administración de sus propios negocios. Como advierte un reciente análisis, la arquitectura institucional chilena mantiene una elevada discrecionalidad presidencial en la conducción de la política exterior, y en contextos de alta incertidumbre global y ascenso de liderazgos populistas, la ausencia de mecanismos de control puede traducirse en nombramientos poco idóneos o definiciones estratégicas basadas en criterios coyunturales.
La misión de Ergas en Washington es explícita: normalizar las relaciones con Estados Unidos tras los roces del gobierno anterior y atraer inversiones para Chile. Un empresario con inversiones en el país donde debe atraer capital extranjero no es un diplomático: es un lobista con credenciales oficiales. Como escribió el intelectual francés Pierre Bourdieu, “el Estado es el banco central de la ilusión de la universalidad”. En el Chile de Kast, esa ilusión se ha vuelto demasiado cara de sostener: los embajadores ya no representan a la nación, representan sus propias chequeras. La pregunta que queda flotando en el ambiente diplomático es si algún día la Cancillería dejará de ser un botín de guerra para convertirse en lo que nunca ha sido: una herramienta al servicio del pueblo, no de sus amos.