Mediante un decreto firmado el pasado 24 de abril, el ministro Jorge Quiroz concretó un recorte de 32.721millonesalpresupuestodelMinisteriodeDesarrolloSocial,menoscabandoprogramasemblemaˊticoscomoelajuarpararecieˊnnacidos(conunarebajade32.721millonesalpresupuestodelMinisteriodeDesarrolloSocial,menoscabandoprogramasemblemaˊticoscomoelajuarpararecieˊnnacidos(conunarebajade1.850 millones) y castigando especialmente a organismos clave como la Niñez (12.748millonesmenos), Conadi(12.748millonesmenos),Conadi(7.634 millones) e Injuv ($3.859 millones). Mientras la vocera Mara Sedini descarta la pérdida de beneficios y los gremios alertan sobre el riesgo de desmantelamiento del Estado social, la oposición denuncia que el ajuste por decreto esquiva al Congreso y ejecuta, con lógica de clase, el dogma del “orden fiscal” a costa de los sectores más vulnerables.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La contundencia del ajuste no admite titubeos: aunque la ministra María Jesús Wulf intentó bajarle el perfil al asegurar que su cartera sería afectada solo en un 2,24% —por debajo del 3% exigido por Hacienda—, lo cierto es que la tijera presupuestaria dio en el blanco de las políticas sociales más sensibles. El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, intentó enmarcar la poda como un ejercicio de “eficiencia” y “ordenamiento”, argumentando que “no se tocan los beneficios sociales”. Sin embargo, la letra del decreto desmiente cualquier intento de minimizar el golpe: el recorte impacta directamente al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, al Instituto Nacional de la Juventud, a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio Nacional del Adulto Mayor.
La racionalidad técnica que esgrime el Ejecutivo es, en el fondo, una coartada caricaturesca. La baja en la natalidad, argumentan, justificaría la reducción de $1.850 millones para adquirir ajuares para recién nacidos, un beneficio emblemático que nació precisamente para aliviar la precariedad de las nuevas familias. La misma lógica fiscalista se aplica al diagnóstico clínico temprano en niñez, al rediseño del Injuv y a otras iniciativas de acompañamiento, todas ellas consideradas “baja ejecución” o piezas de un supuesto Estado “ineficiente”.
Esto no es “eficiencia”, es ofensiva de clase
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) no solo advirtió sobre el daño inmediato a la ejecución presupuestaria; fue directamente al corazón del asunto al recordar que modificar financiamientos y líneas programáticas mediante un simple decreto ministerial —en lugar de una ley— abre un flanco jurídico y político de enormes proporciones. En sus reparos, el gremio denunció que el gobierno está imponiendo un “reordenamiento fiscal” que reduce el gasto social mientras impulsa cambios tributarios favorables a los sectores de mayores ingresos. La derecha chilena, tradicionalista en los saludos y moderna en las rebajas, vuelve a demostrar que el principio de “emergencia” que tanto esgrimía en campaña se aplica solo para reprimir manifestaciones y no para blindar a los que menos tienen. El mensaje es inequívoco: los verdaderos beneficiarios de la “estabilidad fiscal” son los grandes capitales, no los niños que esperan su ajuar ni los jóvenes que peligran ver sus programas suspendidos.
Humo y metralla verbal desde La Moneda
La vocera, Mara Sedini, desplegó desde Talca una batería de frases hechas para intentar contener el incendio. “No hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar. ¡Ninguno!”, exclamó la secretaria de Estado, esforzándose por presentar el ajuste como una mera adecuación logística a una caída demográfica. “Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución y a la duplicidad de funciones. Estamos haciendo más eficientes los recursos”, insistió. Pero ni la elocuencia forzada puede tapar que, mientras se recortan $12.748 millones a la Niñez y se castiga a Conadi y Senadis, la promesa estrella de campaña —la de no recortar programas sociales— queda en evidencia como una nueva farsa del guión neoliberal.
El Frente Amplio, por su parte, salió al cruce con datos lapidarios. El diputado Ignacio Achurra (FA) advirtió que el tijeretazo a Desarrollo Social “es la punta del iceberg”, revelando que existen otros 22 decretos de modificación presupuestaria aún no transparentados. El legislador emplazó al Presidente Kast a “dar la cara” y reconocer que está aplicando políticas de austeridad que en nada benefician a las familias trabajadoras. “El Presidente Kast señaló en campaña que él no iba a mentir, que iba a hablar de cara al país y que no iba a cortar programas sociales. Y yo quiero decirle a los chilenos que hoy lo que sabemos es que esas promesas no se han cumplido”, sentenció Achurra.
El fantasma del “lawfare fiscal” y la opacidad
La mecánica empleada por el ministro Quiroz añade un agravante de fondo. Al concretar el recorte mediante un decreto firmado en solitario, el titular de Hacienda elude el control parlamentario y opera, en los hechos, como un poder de facto que modifica a su antojo las prioridades del gasto. La ANEF fue implacable al advertir que esta maniobra “elimina financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley”, lo que constituye no solo un conflicto de legalidad, sino una afrenta a la división de poderes. Un mecanismo que, de consolidarse, dejaría al Ejecutivo en condiciones de imponer su agenda de ajuste sin contrapeso alguno, incluso cuando sus promesas de campaña se derrumban apenas se asoman los primeros balances.
Conclusión: el silencio cómplice de RN y la UDI
Mientras la ministra Wulf y el subsecretario Fernández repetían el mantra de la “focalización eficiente”, los históricos partidos del oficialismo observaban el espectáculo en el más absoluto de los silencios. Ni Renovación Nacional ni la Unión Demócrata Independiente se atrevieron a cuestionar el decreto, prefiriendo refugiarse en la retórica de la “emergencia” que ellos mismos ayudaron a instalar durante la campaña. Esta complicidad muda confirma lo que la clase trabajadora ya intuía: la “nueva derecha” de Kast se sostiene en las mismas viejas prácticas de desmantelamiento del Estado social, solo que ahora orquesta sus recortes con la jerga moderna de la “reingeniería”. Sin embargo, los escombros que deja esta ofensiva —ajuares sin entregar, discapacitados desprotegidos, jóvenes sin canales de desarrollo— no pueden ocultarse bajo el manto de una declaración triunfalista de “ordenamiento fiscal”.
La clase trabajadora chilena debe sacar conclusiones. La fe en los ajustes quirúrgicos prometidos por los tecnócratas de turno es, en el mejor de los casos, una esperanza ingenua; en el peor, una complicidad que allana el camino al empobrecimiento de las mayorías. El Estado no puede ser “eficiente” a costa de los platos rotos de los que menos tienen. Frente a esta embestida, la única respuesta posible es la organización, la fiscalización ciudadana y la resistencia frontal a un modelo que piensa en sus arcas, no en la dignidad del pueblo.