La tesis que propongo es sencilla. Kast no representa una actualización del fascismo europeo, sino una modalidad contemporánea de autoritarismo propia del neoliberalismo en una economía capitalista dependiente. Ambos recurren a formas autoritarias de poder, pero obedecen a racionalidades estatales distintas, persiguen proyectos económicos diferentes y ocupan posiciones opuestas dentro del capitalismo mundial. Confundirlos oscurece más de lo que esclarece.
Franco Vargas Gallinato
En la izquierda chilena se ha vuelto habitual calificar a José Antonio Kast y al proyecto que representa como fascista o neofascista. La reacción es comprensible, pues su discurso exalta el orden, convierte la inmigración en amenaza permanente, reivindica la dictadura, endurece la seguridad y subordina los derechos sociales a la disciplina de un mercado voraz y barbárico. Hay razones de sobra para oponerse a ese proyecto. Pero de ello no se sigue que la categoría de fascismo sea la más adecuada para comprenderlo.
La cuestión no es meramente terminológica. Los conceptos permiten identificar procesos, establecer relaciones causales y orientar estrategias; cuando una categoría pierde precisión histórica, pierde también capacidad explicativa. Y un diagnóstico incorrecto suele producir respuestas incorrectas. Si creemos enfrentar el retorno del fascismo, buscaremos las estrategias que fueron eficaces frente al fascismo europeo del siglo XX; pero si el fenómeno actual responde a otra forma de dominación, esas respuestas pueden terminar reforzando el orden que hizo posible su aparición.
La tesis que propongo es sencilla. Kast no representa una actualización del fascismo europeo, sino una modalidad contemporánea de autoritarismo propia del neoliberalismo en una economía capitalista dependiente. Ambos recurren a formas autoritarias de poder, pero obedecen a racionalidades estatales distintas, persiguen proyectos económicos diferentes y ocupan posiciones opuestas dentro del capitalismo mundial. Confundirlos oscurece más de lo que esclarece.
Conviene comenzar por el fascismo. En buena parte del debate público contemporáneo el concepto ha sido deshistorizado. Desde el ensayo de Umberto Eco sobre el “fascismo eterno” se volvió frecuente identificarlo por una serie de rasgos culturales generales: nacionalismo exacerbado, culto a la tradición, rechazo de la diferencia, construcción de enemigos internos, apelación al miedo. Esa perspectiva advirtió sobre la persistencia de tendencias autoritarias en las democracias, pero una categoría construida sobre atributos tan amplios termina aplicándose a fenómenos muy distintos entre sí —derechas radicales, dictaduras conservadoras, populismos. Cuando un concepto describe casi cualquier autoritarismo, deja de explicar lo que pretende identificar.
El fascismo, antes que ser una disposición psicológica permanente o una patología moral, fue una respuesta política específica a una crisis específica del capitalismo europeo de entreguerras. Italia es el ejemplo más ilustrativo. La Primera Guerra dejó una economía desorganizada, millones de excombatientes habituados a la violencia y un movimiento obrero que ocupaba fábricas y tierras durante el Biennio Rosso (1919-1920). Ante un liberalismo incapaz de restablecer el orden, Mussolini organizó los fasci di combattimento para destruir las organizaciones obreras, con financiamiento de grandes propietarios y complicidad del Estado liberal. Alemania siguió una trayectoria semejante. La derrota, la hiperinflación y la Depresión erosionaron a las clases medias, y el nazismo apareció como promesa de regeneración nacional. Como ha señalado Enzo Traverso, el fascismo canalizó la violencia social desatada por la guerra hacia un proyecto de reconstrucción nacional.
Pero el fascismo no fue únicamente una contrarrevolución destinada a aplastar al movimiento obrero; fue también un proyecto de reorganización del Estado y del capitalismo. Para Nicos Poulantzas constituye una forma específica del Estado capitalista que emerge en una crisis de hegemonía, cuando los mecanismos habituales de dirección política dejan de garantizar la reproducción del orden: reorganiza por la fuerza el bloque en el poder y destruye las instituciones liberales. Y a diferencia de otras formas de autoritarismo, no pretendía reducir el Estado para liberar el mercado, sino ampliar extraordinariamente las capacidades estatales y subordinar la sociedad a un proyecto nacional de expansión, orientando la acumulación privada hacia objetivos definidos políticamente por el Estado. El régimen convirtió además la política en una religión secular —juventudes, sindicatos corporativos, ceremonias, como mostró Emilio Gentile— y, según documentó Adam Tooze para Alemania, subordinó la inversión y la producción a la economía de guerra. La autarquía era central buscando reducir la dependencia del comercio internacional para sostener guerras prolongadas.
Ese rasgo es el que suele perderse al comparar apresuradamente el fascismo con las derechas radicales actuales. El fascismo fue inseparable de un proyecto imperial. El Imperio Romano de Mussolini o el Reich de los Mil Años eran una voluntad efectiva de reorganizar el capitalismo internacional mediante la guerra. La guerra constituyó su horizonte histórico. Y no cualquier burguesía podía impulsar un proyecto semejante, solo aquellas que aspiraban a modificar la jerarquía del mercado mundial necesitaban un Estado capaz de concentrar recursos, dirigir la economía y preparar la expansión militar.
El problema de llamar fascista a Kast es algo más estructural, es desconocer el lugar de América Latina en el capitalismo mundial. Como mostró la teoría de la dependencia, en particular Ruy Mauro Marini, el capitalismo latinoamericano no es una versión incompleta del europeo, sino una forma específica de inserción en el mercado mundial. La acumulación depende de la inversión extranjera, la transferencia tecnológica, los mercados externos y la exportación de materias primas. Las burguesías dependientes no organizan el sistema internacional; ocupan una posición subordinada y reproducen su acumulación a partir de esa subordinación.
Esto modifica el carácter del Estado. Mientras las burguesías imperialistas necesitaban fortalecerlo para disputar la hegemonía mundial, las dependientes requieren uno que garantice las condiciones internas de reproducción del capital sin alterar el orden internacional. Su problema histórico no consiste en construir un imperio, sino en administrar la dependencia. Por eso el fascismo difícilmente podía reproducirse en la región, porque las condiciones que lo hicieron posible en Europa no existían en economías que dependían de la apertura al capital internacional.
Esto permite comprender por qué las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, pese a compartir con el fascismo niveles extremos de violencia, respondieron a otra lógica. La categoría de Estado burocrático-autoritario de Guillermo O’Donnell mostró que los golpes en Brasil, Argentina, Uruguay o Chile no buscaban movilizar a las masas, sino expulsarlas de la política para restablecer las condiciones de acumulación. Donde el fascismo organizó sindicatos oficiales, juventudes y ceremonias de adhesión, las dictaduras destruyeron sindicatos, partidos y federaciones estudiantiles para producir una sociedad desmovilizada y disciplinada. Son dos formas distintas de ejercer la dominación.
El caso chileno, sin embargo, obliga a un matiz. La dictadura de Pinochet no se limitó a administrar autoritariamente el capitalismo dependiente, sino que lo transformó de manera radical. Como mostró Tomás Moulian, Chile fue el laboratorio más avanzado de la revolución neoliberal —privatización de empresas, reforma previsional, mercantilización de la salud, municipalización de la educación, liberalización financiera. El objetivo era reducir deliberadamente su capacidad de intervenir sobre la acumulación privada. Exactamente lo contrario del fascismo. Incluso la violencia cumplió una función distinta. No buscó incorporar a la población a un proyecto nacional totalizante, sino desarticular las organizaciones populares para impedir cualquier resistencia a la transformación neoliberal. Por eso es más apropiado entender a la dictadura como una de las primeras experiencias de neoliberalismo autoritario; no porque el neoliberalismo exija, necesariamente, una dictadura, sino porque en Chile la refundación del orden económico requirió un grado extraordinario de violencia estatal.
La trayectoria posdictatorial lo confirma. Ese mismo modelo pudo administrarse durante décadas bajo instituciones liberal-democráticas. El hecho es fundamental, porque revela que el neoliberalismo no posee una única forma política. Puede coexistir con democracias liberales, con gobiernos tecnocráticos o con modalidades crecientemente autoritarias cuando la legitimidad se erosiona. En términos gramscianos, las formas mediante las cuales se reproduce un mismo régimen de acumulación dependen de la relación variable entre consenso y coerción. Mientras el consenso basta para garantizar la hegemonía, la coerción permanece contenida; cuando ese consenso se debilita, los mecanismos coercitivos adquieren un protagonismo creciente. No sustituyen al neoliberalismo, sino que constituyen una forma distinta de gobernar sus límites.
Es en ese contexto donde debe situarse a José Antonio Kast. No es heredero político del fascismo europeo ni simple reedición de la dictadura, sino la expresión contemporánea de una modalidad autoritaria del neoliberalismo en una economía dependiente, precisamente en un contexto mundial crítico. La distinción modifica la pregunta. El problema ya no es cuánto fascismo es posible en la derecha chilena, sino por qué un modelo que durante décadas pudo administrarse mediante amplios consensos comienza a requerir formas políticas crecientemente autoritarias.
Decir que Kast representa una radicalización del neoliberalismo es correcto, pero insuficiente. Si solo viéramos continuidad económica, desaparecería lo que vuelve específico al momento actual. Esa lectura no explica que una parte importante de la derecha haya abandonado el lenguaje tecnocrático de la transición por un discurso cada vez más polarizador, punitivo y moralmente conservador. Para comprender ese desplazamiento es útil la noción de neoliberalismo autoritario desarrollada por Ian Bruff, quien indica que el neoliberalismo, además de privatización y desregulación, es también un proyecto de reorganización de la sociedad en torno a la lógica del mercado. Mientras produce legitimidad, puede sostenerse mediante instituciones liberales; cuando las promesas de prosperidad y movilidad pierden credibilidad, la reproducción del mismo orden exige reforzar la disciplina y la coerción.
Vista así, la propuesta de Kast cambia de sentido. Su programa económico no rompe el ciclo dictatorial, lo profundiza. Reducir la carga tributaria sobre las empresas, flexibilizar regulaciones ambientales, acelerar la aprobación de grandes proyectos de inversión, contener el gasto, reforzar la seguridad jurídica del capital. Nada de ello apunta a una economía dirigida por el Estado, sino a consolidar la inserción de Chile en los circuitos globales de acumulación. Su concepción del Estado lo confirma. En vez de nacionalizar sectores, planificar la producción o controlar el comercio exterior, apunta a un Estado selectivamente fuerte para el orden, la propiedad, las fronteras y las atribuciones policiales y penales, y limitado allí donde podría redistribuir riqueza o regular el capital. No son dos grados de un mismo fenómeno, sino racionalidades opuestas. En el fascismo el mercado quedaba subordinado al proyecto nacional; aquí el Estado se reorganiza para asegurar el mercado, y su autoritarismo. Más que movilizar a las masas, disciplina sociedades fragmentadas para garantizar la acumulación.
Esto no significa que pueda prescindir de toda identificación colectiva. Como han mostrado Wendy Brown y Melinda Cooper, la expansión mercantil erosiona los vínculos comunitarios e individualiza la vida social; pero ninguna sociedad se sostiene solo sobre la competencia, y toda dominación requiere producir pertenencia. Ese vacío es el que las nuevas derechas procuran ocupar a través de una comunidad esencialmente defensiva: la familia tradicional, la nación amenazada, el migrante convertido en enemigo, la delincuencia presentada como guerra interna, el orden elevado a identidad política. Todo ello ofrece un horizonte simbólico allí donde el mercado debilitó los vínculos colectivos. El conservadurismo de Kast forma parte de las condiciones culturales que permiten estabilizar un orden mercantilizado y hacerlo políticamente gobernable.
Esto corrige una idea muy difundida, según la cual neoliberalismo y nacionalismo serían incompatibles. La contradicción desaparece cuando se observa su función. El nacionalismo de Kast no pretende construir autonomía económica, una estrategia industrial protegida ni disputar la hegemonía internacional; no busca romper la dependencia, sino que es plenamente compatible con ella. Es un nacionalismo cuyo objetivo es organizar simbólicamente a la sociedad mientras la economía permanece integrada al mercado mundial. Por eso la burguesía chilena antes que un Estado dispuesto a disputar la organización del capitalismo mundial, requiere uno que garantice condiciones estables para la valorización de un capital hoy mayoritariamente transnacional. Su horizonte es atraer inversiones y administrar la inserción subordinada del país a las fuerzas del norte del continente. Ese es el verdadero sentido del autoritarismo contemporáneo en Chile, administrar la dependencia.
Llamar fascista a Kast, por tanto, no es solo un error histórico. Es también un error político, porque desplaza la atención desde el régimen económico realmente existente hacia una analogía que dificulta comprender la naturaleza específica del problema que enfrenta hoy la izquierda chilena.