La tradicional romería al Cementerio General por los 53 años del golpe de Estado se convirtió este domingo en el escenario del primer gran choque entre el movimiento de derechos humanos y el gobierno de José Antonio Kast. Mientras miles de manifestantes recorrieron las calles de Santiago con claveles rojos y el grito de “no a los indultos, no a la impunidad”, el Estado desplegó su aparato represivo: carros lanzaaguas, gases lacrimógenos y al menos 37 detenidos, el 60% de ellos con órdenes judiciales pendientes, según Carabineros. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó a los manifestantes que enfrentaron a la policía como “delincuentes violentos”, en una declaración que criminaliza la protesta y legitima la represión. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: para el gobierno de los patrones, la memoria de los 3.000 asesinados y los 1.500 desaparecidos de la dictadura es una molestia que debe ser contenida con gases y carros de agua.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del domingo 6 de septiembre, miles de personas se congregaron en el sector de Metro Los Héroes para iniciar la tradicional romería hacia el Cementerio General . La convocatoria, organizada por agrupaciones de familiares de víctimas, el Partido Comunista y el Frente Amplio, tenía un doble objetivo: rendir “honor y gloria” a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y rechazar tajantemente cualquier intento de impunidad .
La marcha, que se celebra desde la década de 1980, adquirió este año un significado especial: era la primera que se realizaba con el ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile . El propio mandatario había descartado la realización de un acto oficial en memoria del golpe , y desde su sector político crecía la presión para que concediera indultos a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 .
“No a los indultos, no a la impunidad”
El recorrido de cuatro kilómetros desde el centro de Santiago hasta el camposanto en Recoleta fue un acto de memoria y resistencia . Los manifestantes, muchos de ellos con claveles rojos y fotografías de sus familiares muertos y desaparecidos, caminaron bajo la consigna más justa y repetida: “¿Dónde están?” . La pregunta, que ha resonado durante décadas, aludía a los más de 1.500 detenidos desaparecidos cuyos restos aún no han sido encontrados, pese a las repetidas peticiones a las Fuerzas Armadas para que entreguen información .
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, fue categórica: “A 53 años del golpe civil militar y a la ausencia de 1.400 víctimas de detención forzada, está conmemorándose, reivindicando lo que fue la Unidad Popular, Salvador Allende, pero también a unir fuerzas para impedir todo lo que es impunidad y retroceso en el tema de Derechos Humanos” .
El senador comunista Daniel Núñez puso el foco en uno de los principales mensajes de la convocatoria: el rechazo a eventuales indultos para condenados por violaciones a los derechos humanos . “Hoy día la consigna, el grito, es justamente no a los indultos, no a la impunidad”, sostuvo . El parlamentario advirtió que existe un riesgo de impunidad tanto respecto de crímenes cometidos durante la dictadura como por violaciones ocurridas durante el estallido social .
La exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara, quien participó en la marcha, vinculó la conmemoración con la discusión en torno a los derechos humanos y cuestionó recientes declaraciones provenientes de Argentina. “Creo que más importante que nunca mantener la memoria. Hemos sido víctimas el último día de muchos improperios por parte del Presidente de Argentina, dichos realmente crueles respecto de lo que pasa en este país con temas tan sensibles como los derechos humanos”, señaló .
La represión como respuesta
Mientras la marcha avanzaba, grupos de encapuchados protagonizaron enfrentamientos con personal de Carabineros que se encontraba desplegado para resguardar el recorrido . Los incidentes incluyeron el lanzamiento de piedras, bombas molotov y fuegos artificiales contra los funcionarios policiales, lo que motivó la intervención de los efectivos de Control de Orden Público (COP) . Los enfrentamientos se registraron tanto durante el recorrido como en las inmediaciones del Cementerio General , y provocaron interrupciones en el servicio de Metro en varias estaciones .
La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal. Carabineros desplegó vehículos lanzaaguas y otros elementos disuasivos para intentar contener los disturbios . El balance preliminar arrojó al menos 37 personas detenidas . Según la institución, el 60% de los detenidos mantenía órdenes judiciales pendientes .
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió al paso de los incidentes con una declaración que condensa la lógica de clase del gobierno de Kast. A través de sus redes sociales, el secretario de Estado cuestionó los desmanes y sostuvo que “como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos” . Luego, fue más lejos: “Quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son ‘manifestantes’, son delincuentes violentos” . “Distingamos entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”, agregó .
La función de clase de la represión
Desde una perspectiva marxista, la represión desatada por el gobierno de Kast durante la romería no es un incidente aislado, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción que restringe derechos fundamentales, ahora criminaliza a quienes se atreven a recordar a los 3.000 asesinados y los 1.500 desaparecidos de la dictadura.
El ministro Arrau, al calificar a los manifestantes como “delincuentes violentos”, no está describiendo una realidad; la está construyendo. Está legitimando la represión y deslegitimando la protesta social. Está diciendo a la clase trabajadora que la memoria de los crímenes de la dictadura es una amenaza al “orden” que su gobierno pretende imponer. Está diciendo que el derecho a la protesta, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia, son derechos que el Estado de los patrones está dispuesto a reprimir con toda la fuerza que tiene a su disposición.
La hipocresía es monumental. La misma administración que se llena la boca con discursos de “seguridad” y “orden” es la que, en los hechos, protege a los responsables de crímenes de lesa humanidad y reprime a quienes exigen justicia. Los indultos que el sector político de Kast presiona para conceder no son una medida humanitaria; son un acto de clase. Son la confirmación de que, para la derecha chilena, la impunidad de los verdugos es más importante que la justicia para las víctimas.
El llamado de la izquierda, de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares de las víctimas fue claro: “No a los indultos, no a la impunidad” . Pero el gobierno de Kast no escuchó. En lugar de eso, respondió con gases y detenciones. La clase trabajadora no debe olvidar esta lección: para el gobierno de los patrones, la memoria es una amenaza, y la represión es la respuesta.