Mientras la clase trabajadora enfrenta el desempleo más alto en cinco años y un ajuste fiscal que desangra la salud y la educación, el gobierno de José Antonio Kast ha puesto suma urgencia a la reforma al sistema político, una iniciativa que, bajo el discurso de la “gobernabilidad” y la “representatividad”, levanta nuevas barreras para la formación de partidos y candidaturas independientes, y termina de blindar el sistema de partidos que la clase dominante ya controla. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que autorizó un aumento del 14,4% en los sueldos de los consejeros del Banco Central, ahora dice necesitar “fortalecer la democracia” para frenar lo que llaman la “extrema fragmentación política”.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La máquina legislativa del gobierno de José Antonio Kast se ha puesto en marcha a toda velocidad. Este martes, el Ejecutivo ingresó suma urgencia a la reforma al sistema político, una iniciativa que, tras años de negociaciones durante la administración de Gabriel Boric, busca ser despachada durante septiembre. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue explícito: “Hemos decidido ingresar suma urgencia a su tramitación para que pueda cumplir con los últimos trámites de aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado y sea despachado a ley lo más pronto posible”. El objetivo declarado es “fortalecer la representatividad de los partidos políticos”.
Pero la letra chica de la reforma revela su verdadera función de clase: blindar el sistema de partidos que la clase dominante ya controla y dificultar la irrupción de nuevas fuerzas políticas. El proyecto establece que para la formación de nuevos partidos se requerirá alcanzar una afiliación mínima equivalente al 0,3% del electorado que haya sufragado en la última elección de diputados. También eleva los requisitos para las candidaturas independientes y reconoce legalmente los comités parlamentarios. En la práctica, estas medidas cierran la puerta a las fuerzas políticas que emergen desde los movimientos sociales y la clase trabajadora.
El “candado a los díscolos” y la hipocresía de la “gobernabilidad”
El texto de la reforma no es una medida técnica; es un acto de clase. La iniciativa, que el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet (FRVS), ha calificado como un acuerdo entre grandes partidos que “dificulta la creación de partidos políticos”, es la culminación de un proceso que busca “terminar con la fragmentación” y “devolver la estabilidad a nuestro sistema”. La “estabilidad” que defiende la derecha es la estabilidad del sistema que garantiza sus intereses, no la estabilidad de la clase trabajadora.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue categórica: “Todo lo que vaya en la línea de frenar y corregir la extrema fragmentación política que tenemos es clave”. Pero la “fragmentación” que la derecha quiere corregir no es la fragmentación del poder económico, sino la fragmentación de la representación política que permite a nuevas fuerzas emergentes desafiar el orden establecido. La misma lógica que guía a la derecha a levantar barreras para la formación de partidos es la que la lleva a recortar la gratuidad universitaria y a regalar el Estado al capital.
El ministro García Ruminot ha señalado que el proyecto “va en línea con mejorar la gobernabilidad y la representatividad de nuestro sistema político”. Pero la gobernabilidad que defiende el gobierno de Kast no es la gobernabilidad de la clase trabajadora; es la gobernabilidad de los de arriba. Es la capacidad de las élites para gestionar el conflicto social sin que este desborde los canales institucionales.
El acuerdo transversal de los grandes partidos y la exclusión de los de abajo
La reforma, que fue concebida durante el gobierno de Gabriel Boric e impulsada por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde, ha sido saludada por la derecha como un avance. La diputada republicana Macarena Santelices destacó que la iniciativa busca “fortalecer la democracia, para terminar con la fragmentación, fortalecer los partidos políticos y devolver la estabilidad a nuestro sistema”. El diputado UDI Guillermo Ramírez ha solicitado al Gobierno acelerar el despacho de todas las iniciativas relacionadas con el sistema político.
La hipocresía del discurso oficial es monumental. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que autorizó un aumento del 14,4% en los sueldos de los consejeros del Banco Central, ahora dice necesitar “fortalecer la democracia” para frenar la “fragmentación”. El ministro García Ruminot ha señalado que “fortalecer nuestra democracia también es una prioridad para este gobierno”. Pero la democracia que defiende el gobierno de Kast no es la democracia de la clase trabajadora; es la democracia de los patrones.
La función de clase de la reforma política
Desde una perspectiva marxista, la reforma al sistema político no es un avance democrático, sino un blindaje del statu quo. El proyecto, que bajo el discurso de la “gobernabilidad” y la “representatividad” levanta nuevas barreras para la formación de partidos y candidaturas independientes, es la culminación de un proceso que busca excluir a las fuerzas políticas que emergen desde los movimientos sociales y la clase trabajadora. La misma lógica que guía a la derecha a levantar barreras para la formación de partidos es la que la lleva a recortar la gratuidad universitaria y a regalar el Estado al capital.
El diputado Jaime Mulet ha sido categórico: “Este es un acuerdo entre la izquierda y la derecha que dificulta la creación de partidos políticos”. La reforma no es un acto de democracia; es un acto de clase. La clase dominante, con la complicidad de la socialdemocracia, ha decidido cerrar las puertas a nuevas fuerzas políticas y consolidar el control de los partidos tradicionales sobre el sistema. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “gobernabilidad” y la “representatividad”. La verdadera lucha no es contra la fragmentación política, sino contra un sistema que blinda a los de arriba y criminaliza a los de abajo.
Epílogo: el blindaje de los grandes y la exclusión de los de abajo
La reforma al sistema político, que el gobierno de Kast ha acelerado con suma urgencia, no es el fin de la historia, sino un nuevo capítulo de la ofensiva de la clase dominante contra la clase trabajadora. La misma administración que se llena la boca con discursos de “democracia” y “representatividad” es la que, en los hechos, levanta barreras para la participación política de los sectores populares.
El diputado Mulet ha advertido que el acuerdo entre grandes partidos “dificulta la creación de partidos políticos”. La clase trabajadora no debe olvidar que, en el Chile de los patrones, la democracia es un concepto que se negocia en los despachos del Congreso, no en las calles de los pueblos que resisten. Mientras el gobierno de Kast acelera el blindaje del sistema político, la clase trabajadora sigue esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El blindaje de los grandes no es el fin de la historia; es el recordatorio de que la lucha de clases sigue siendo la única clave para entender el Chile de los patrones.