En lo que Fidesz, el partido del histórico líder nacionalista Viktor Orbán, ha calificado como un hecho sin precedentes desde el fin del comunismo en 1990, la Fiscalía húngara allanó este martes las oficinas que albergan los servidores de la formación opositora, en el marco de una investigación por supuesta malversación de fondos públicos a través del Fondo Nacional de Cultura. Mientras el partido en el poder, Tisza, del primer ministro Péter Magyar, promete “limpiar” las instituciones de la “corrupción endémica” de la era Orbán, la oposición denuncia un intento de “tiranía agresiva” para silenciarla por la vía legal. La clase trabajadora del mundo asiste, una vez más, a la cruda realidad de la política burguesa: la disputa entre fracciones de la élite por el control del Estado, donde la “lucha contra la corrupción” se convierte en el arma de una clase para desbancar a otra, mientras los verdaderos explotadores —el capital financiero y las grandes corporaciones— observan y se benefician del espectáculo, completamente ajenos a la contienda.
Por Equipo El Despertar
Budapest. El 21 de julio de 2026 quedará grabado en la memoria política húngara como el día en que la “guerra de los tribunales” alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Sin previo aviso, investigadores de la Fiscalía del condado de Bács-Kiskun, en el sur del país, irrumpieron en el centro de datos que alberga los servidores de Fidesz, el partido del ex primer ministro Viktor Orbán, con el objetivo de incautar “todo el sistema de comunicaciones y las bases de datos” de la organización.
La operación, confirmada por una portavoz de la Fiscalía a la agencia Associated Press, se enmarca en una investigación por la “supuesta malversación” de unos 17.000 millones de florines (aproximadamente 53,5 millones de dólares) del Fondo Nacional de Cultura (NKA). Se acusa a seis exfuncionarios y actuales funcionarios de haber canalizado estas subvenciones estatales de forma “opaca” hacia artistas y organizaciones vinculadas a Fidesz, muchos de los cuales hicieron campaña activa por el partido en las elecciones de abril. Los implicados niegan las acusaciones.
El “cambio de régimen” de Magyar y la lógica del lawfare burgués
El allanamiento no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una ofensiva sin cuartel del nuevo gobierno de Péter Magyar contra el legado de Orbán. En abril de 2026, el partido Tisza, de corte proeuropeo y conservador, asestó un golpe electoral histórico a Fidesz, poniendo fin a 16 años de dominio nacionalista en Hungría. Magyar llegó al poder con la promesa de una “limpieza” institucional y un “cambio de régimen”.
Desde entonces, su gobierno ha actuado con celeridad para desmantelar el entramado de poder de su predecesor: ha aprobado una ola de medidas anticorrupción, ha modificado la constitución para impedir que Orbán se presente de nuevo y ha destituido a decenas de figuras afines al exmandatario, a las que califica de “títeres”. La semana pasada, el parlamento eliminó al impopular expresidente Tamas Sulyok por enmienda constitucional.
Desde una perspectiva marxista, esta contienda no es una lucha entre el “bien” y el “mal”, sino un conflicto intestino entre dos facciones de la burguesía húngara por la hegemonía del Estado. Una de ellas, la de Orbán, construyó durante 16 años un sistema de acumulación basado en el clientelismo y la cercanía al capital ruso. La otra, la de Magyar, busca reemplazarla, utilizando la bandera de la “lucha contra la corrupción” para deslegitimar a sus rivales y justificar su propio ascenso al poder, todo ello bajo la mirada cómplice de la Unión Europea, que ve en este giro la oportunidad de desbloquear los 16.000 millones de euros en fondos comunitarios congelados por las políticas iliberales de Orbán.
La paradoja de la “tiranía”: el grito de la oposición que se ahoga en su propia historia
La reacción de Fidesz no se ha hecho esperar. En un comunicado publicado en Facebook, el partido denunció que “no existe ningún precedente de este tipo en Hungría desde 1990, cuando terminó el comunismo”. La formación de Orbán acusó al gobierno de Tisza de intentar “incapacitar legalmente” a la oposición al no haber podido eliminarla políticamente, y habló de “tiranía agresiva” para describir las acciones del Ejecutivo. El primer ministro Magyar, por su parte, afirmó en redes sociales que se enteró del allanamiento por el comunicado de Fidesz y que está “a la espera de información de la Fiscalía”.
La ironía de esta situación es la esencia de la comedia burguesa. Durante 16 años, Fidesz y Orbán fueron acusados de minar la democracia, controlar los medios de comunicación y gobernar de forma autoritaria. Ahora, al verse aplicadas tácticas similares en su contra, claman por el estado de derecho. Como ha señalado la prensa internacional, Fidesz ha calificado las medidas de Magyar como “autocráticas”, un calificativo que durante años se utilizó contra el propio Orbán.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una “cruzada anticorrupción” que, en el fondo, es una guerra entre depredadores. Mientras los fiscales registran los servidores de Fidesz y los políticos se acusan mutuamente de “tiranía”, los trabajadores húngaros y europeos siguen viendo cómo sus salarios se estancan, los servicios públicos se deterioran y las grandes corporaciones, tanto húngaras como europeas, continúan acumulando ganancias, ajenas a este melodrama político que no es más que la confirmación de que, bajo el capitalismo, el Estado siempre es un botín que se disputan las élites.