El arriendo se estableció en torno al 25 por ciento de los ingresos familiares. Muy por debajo del 60 o 70% que puede llegar a consumir hoy. La vivienda dejaba así de funcionar exclusivamente como una mercancía y una herramienta de extracción de plusvalía, y recuperaba parcialmente su condición esencial, la de satisfacer una necesidad humana.
Por Daniel Jadue
Hay decisiones políticas que revelan con mucha mayor claridad que cualquier discurso el proyecto de sociedad que inspira a un gobierno. La decisión del gobierno de José Antonio Kast y de su ministro de Vivienda, Iván Poduje, de terminar con el programa de Arriendo a Precio Justo pertenece precisamente a esa categoría. Poduje ha dicho que el nombre estaba mal puesto y que su gobierno quiere un país de propietarios y no de arrendatarios. La frase puede parecer atractiva. El problema aparece cuando detrás de ella se esconde la eliminación de una política pública destinada precisamente a aquellas familias para las cuales la propiedad no constituye hoy una posibilidad real, y que según estudios de opinión es un grupo que crece cada día que pasa. Tanto es así que el 44% de los jóvenes chilenos entre 18 y 24 años cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia.
Conozco bien esta política porque nació en Recoleta durante nuestra administración. No nació en una oficina ministerial ni fue producto de algún sofisticado estudio encargado a una consultora. Nació de algo mucho más sencillo, de mirar la realidad concreta de miles de familias y preguntarnos qué podía hacer un municipio frente a un mercado inmobiliario que había convertido el derecho a la vivienda en uno de los negocios más rentables y abusivos de Chile.
En aquellos años constatábamos una realidad evidente. Había familias que no calificaban para acceder a una vivienda propia, pero que tampoco podían pagar los precios que imponía el mercado del arriendo. Familias trabajadoras que debían destinar porcentajes enormes de sus ingresos simplemente para tener un techo. Mujeres jefas de hogar, adultos mayores, trabajadores informales y jóvenes que quedaban atrapados entre un sistema de subsidios insuficiente y un mercado que les exigía ingresos, avales, garantías y condiciones contractuales que muchas veces simplemente no podían cumplir.
Decidimos entonces hacer algo que para algunos parecía imposible. Crear vivienda pública municipal destinada al arriendo a precio justo. Así nació la Inmobiliaria Popular de Recoleta y con el apoyo del gobierno de Michelle Bachelet, posteriormente el condominio Justicia Social 1. Construimos 38 departamentos municipales bien localizados, cercanos al Metro, a establecimientos educacionales, a centros de salud y a los servicios públicos de la comuna. El principio era extremadamente sencillo. El costo de la vivienda debía adaptarse a la capacidad económica de las familias, y no obligar a las familias a sacrificar su vida para adaptarse al precio que impusiera el mercado.
El arriendo se estableció en torno al 25 por ciento de los ingresos familiares. Muy por debajo del 60 o 70% que puede llegar a consumir hoy. La vivienda dejaba así de funcionar exclusivamente como una mercancía y una herramienta de extracción de plusvalía, y recuperaba parcialmente su condición esencial, la de satisfacer una necesidad humana.
La experiencia funcionó. Y funcionó tan bien que posteriormente dejó de ser simplemente una política de Recoleta. En 2022, el Ministerio de Vivienda decidió recoger esa experiencia y proyectarla a escala nacional. El entonces ministro Carlos Montes llegó hasta Justicia Social 1 para anunciar un programa que buscaba generar miles de viviendas destinadas al arriendo protegido. Lo que había comenzado como una innovación municipal demostraba que desde los gobiernos locales era posible construir políticas públicas capaces de modificar la agenda nacional.
Cuesta comprender, entonces, que algunos años después otro ministro llegue a decir que el concepto de Arriendo a Precio Justo estaba equivocado. Lo que está equivocado es creer que existe una contradicción entre promover la vivienda propia y disponer de un parque público de viviendas en arriendo.
Las sociedades que han construido políticas habitacionales exitosas saben que ambas soluciones son complementarias. Hay familias para las cuales la propiedad constituye una alternativa adecuada y debe ser apoyada por el Estado. Hay otras que necesitan una vivienda de transición. Hay adultos mayores, familias monoparentales, jóvenes, trabajadores que se desplazan territorialmente y personas que atraviesan situaciones económicas difíciles para quienes el arriendo protegido constituye una solución perfectamente racional.
La pregunta, entonces, es por qué obligarnos a escoger. ¿Por qué una política pública debería imponer una única forma de habitar?La respuesta parece encontrarse menos en las necesidades de las familias que en una determinada concepción ideológica de la vivienda. Para el neoliberalismo, la vivienda constituye fundamentalmente un activo económico. Se compra, se vende, se hipoteca, se hereda y se transforma en instrumento de acumulación patrimonial. Para nosotros, en cambio, antes de ser cualquiera de esas cosas, la vivienda constituye un derecho y una condición material indispensable para desarrollar una vida digna.
Naturalmente queremos que las familias que aspiran a tener una vivienda propia puedan conseguirla. Jamás el programa de Arriendo a Precio Justo pretendió reemplazar la propiedad. Pretendía resolver el problema de quienes, mientras esperaban diez o quince años por una solución definitiva, estaban condenados a pagar arriendos abusivos, vivir hacinados o permanecer en condiciones habitacionales indignas. Y de hecho, asi sucedio. varias de las familias de Justicia Social I, gracias precisamente a ese programa, pudieron por fin destinar parte de sus ingresos ahorrar para su vivienda definitiva y lo lograron.
Hay además una cuestión económica que rara vez aparece en este debate. Cuando el Estado construye una vivienda y posteriormente la entrega en propiedad, resuelve legítimamente el problema de una familia. Cuando conserva parte de esas viviendas como patrimonio público destinado al arriendo protegido, construye además una capacidad permanente del Estado para intervenir en el mercado habitacional. La misma vivienda puede servir sucesivamente a distintas familias y permanecer durante décadas como patrimonio de todos. Eso es precisamente lo que parece incomodar.
Porque un parque significativo de vivienda pública introduce algo que el mercado inmobiliario chileno conoce demasiado poco, competencia pública. Demuestra que el precio del arriendo no constituye una ley natural. Demuestra que es posible establecer precios relacionados con los ingresos de las familias. Demuestra que el Estado puede participar directamente en la provisión de vivienda sin limitarse a entregar subsidios que terminan muchas veces alimentando los precios establecidos por el propio mercado.
El debate, por tanto, es mucho más profundo que la continuidad de un programa. Estamos discutiendo qué entendemos por vivienda. Estamos discutiendo si las ciudades deben organizarse según la rentabilidad del suelo o según las necesidades de quienes las habitan. Estamos discutiendo si el Estado debe limitarse a financiar la demanda privada o si puede construir patrimonio público capaz de garantizar derechos. Y estamos discutiendo, finalmente, quién tiene derecho a vivir en una ciudad bien localizada, conectada y equipada.
La experiencia de Recoleta demostró además algo particularmente importante. La vivienda social no tiene por qué significar periferia, segregación ni mala calidad. Justicia Social 1 fue construido en una zona consolidada de la comuna, cercana al transporte público y a los servicios esenciales. Esa decisión respondía a una concepción de ciudad. Las familias trabajadoras tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otra familia a vivir cerca de los servicios, del trabajo, de la educación, de la cultura y del transporte.
Por eso me parece profundamente regresiva la decisión del gobierno de Kast. No porque la propiedad sea indeseable. Todo lo contrario. Debemos ampliar todas las posibilidades que permitan a las familias acceder a ella cuando así lo deseen. La regresión consiste en eliminar una alternativa que ya existía y que había demostrado ser útil para quienes el mercado simplemente había dejado fuera.
El verdadero dilema nunca fue propietarios contra arrendatarios. El verdadero dilema es derechos contra mercado. Es decidir si la política habitacional se construye desde las necesidades concretas de las familias o desde una concepción ideológica que considera que todos deben recorrer exactamente el mismo camino.
Cuando creamos la Farmacia Popular nos dijeron que era imposible y hasta el dia de hoy funcionan y salvan vidas de aquellos que sin ellas tendrian que escoger entre copmer y tratarse una enfermedad. Cuando construimos la Óptica Popular dijeron lo mismo y hasta el día de hoy miles de personas resuelven esa necesidad sin tener que renunciar a otras. Cuando impulsamos la Inmobiliaria Popular volvieron a decirnos que los municipios no estaban para aquello.
Después muchas de esas experiencias fueron replicadas porque demostraron algo muy sencillo, cuando existe voluntad política, el Estado puede intervenir allí donde el mercado abusa y puede hacerlo mejor, más barato y pensando primero en las personas.
Por eso el Arriendo a Precio Justo no debe ser defendido como una obra de una administración municipal ni como el legado de una persona. Eso sería empequeñecerlo. Debe ser defendido porque representa una idea de enorme actualidad para Chile, la necesidad de construir un parque permanente de vivienda pública que conviva con las políticas destinadas a la vivienda propia.
Podrán terminar un programa. Podrán cambiarle el nombre. Podrán incluso vender las viviendas que estaban destinadas a constituir ese patrimonio público. Lo que difícilmente podrán borrar es la experiencia que demostró que otra política habitacional es posible. En Recoleta lo hicimos. Y si fue posible en una comuna con recursos limitados, también es posible hacerlo en todo Chile.
La vivienda digna puede ser un derecho y dejar de ser solamente una mercancía. Lo que falta nunca ha sido capacidad técnica. Lo que falta, demasiadas veces, es voluntad política para enfrentar los intereses que se benefician de que siga siendo un negocio.