La jueza federal Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó este viernes que la suspensión de visados para ciudadanos de 75 países impuesta por la administración Trump es “manifiestamente ilegal” y excede la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio . En un fallo de 61 páginas, la magistrada desmonta el argumento xenófobo de la Casa Blanca, que justificaba la medida bajo el pretexto de evitar que los inmigrantes se convirtieran en una “carga pública” . La decisión, que anula con carácter retroactivo las denegaciones de visado basadas exclusivamente en esta política , supone un nuevo revés para el presidente Trump a menos de tres meses de las elecciones de medio término, en un momento en que su popularidad se desploma y su agenda antiinmigrante se estrella contra los muros de la legalidad. Mientras el magnate intenta desesperadamente distraer a la clase trabajadora estadounidense de su fracaso económico con el fantasma del migrante, la justicia le recuerda que incluso el imperio tiene límites cuando la ley se interpone en su camino.
Por Equipo El Despertar
Washington D.C. / Nueva York. La maquinaria propagandística del trumpismo se ha vuelto a estrellar contra la realidad. Lo que el Departamento de Estado presentó en enero como una medida “necesaria” para proteger al pueblo estadounidense de una supuesta “invasión” de inmigrantes que “recibirían asistencia social y beneficios públicos” , ha sido desenmascarado como lo que realmente es: una política discriminatoria, ilegal y racista que viola la ley federal de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visados .
La jueza Jeannette Vargas, nominada por el expresidente Joe Biden , fue contundente en su fallo. Señaló que la política de la administración Trump, que afectaba a casi el 40% de los países del mundo , “es contraria a la ley” y excede la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio . La magistrada cuestionó la justificación oficial, recordando que la ley federal otorga la potestad de aprobar los visados a los funcionarios consulares en las respectivas embajadas, no al secretario de Estado . Y fue más allá: un cable que Rubio envió a todas las misiones diplomáticas ordenaba a los funcionarios que rechazaran a los solicitantes incluso cuando alguien “presentara pruebas adicionales que demostraran que superaba la objeción por ser considerado carga pública” . “El resultado está predeterminado”, escribió Vargas. “La visa será denegada” .
La lista de la vergüenza: los países que Trump quiso borrar del mapa migratorio
La medida, que suspendió los visados de residencia permanente para personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en EE.UU. , incluía una lista de países que abarcaba desde América Latina y el Caribe hasta África, Asia y Oriente Medio. Entre los países afectados se encontraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay . También estaban en la lista Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen .
El Departamento de Estado dibujó su lista basándose en datos del Consejo de Asesores Económicos, apuntando a naciones donde más del 30% de los hogares de inmigrantes recibían alguna forma de asistencia pública . Pero la jueza Vargas determinó que, en la práctica, los funcionarios estadounidenses tenían la orden de rechazar las visas de los solicitantes, incluso de aquellos que podían mantenerse por sí mismos, basándose únicamente en el país de origen .
La hipocresía del discurso de la “carga pública”
La administración Trump justificó la medida bajo el argumento de que los inmigrantes de esos países representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos . Sin embargo, como señaló la jueza, las normas exigen evaluaciones individualizadas de cada caso . La ley federal es clara: un inmigrante solo puede ser rechazado por ser una posible “carga pública” después de que un funcionario consular evalúe las finanzas, la edad, la salud, las habilidades y la situación familiar de esa persona . La administración Trump, sin embargo, decidió ignorar la ley y aplicar un veto generalizado basado en la nacionalidad, una práctica que la jueza calificó como “patentemente ilegal” .
Las víctimas del veto: familias rotas y sueños frustrados
La demanda para anular la medida fue presentada, entre otros, en nombre de cinco profesionales de Colombia a los que se les denegó la autorización de viaje con el argumento de la nueva política . También reclamaban seis estadounidenses que denunciaron que el veto había perjudicado a miembros de sus familias en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía .
El fallo de la jueza Vargas anula con carácter retroactivo las denegaciones de visado que se basaron en este veto , lo que abre la puerta a la revisión de miles de solicitudes previamente rechazadas . “Esta decisión representa una importante victoria para los cientos de miles de familias en todo el país y en todo el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a una prohibición de visados ilegal y discriminatoria”, afirmó Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center . “El tribunal dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación” .
La función de clase de la xenofobia trumpista
Desde una perspectiva marxista, el veto migratorio de Trump a 75 países no es una medida de “seguridad nacional”, sino un instrumento de dominación de clase. La xenofobia no es un accidente en la política trumpista; es su esencia. El magnate necesita un chivo expiatorio para desviar la atención de la crisis que su propia administración ha generado: el desempleo que no cesa, la inflación que devora los salarios de los trabajadores, la guerra que drena los recursos del imperio y la desigualdad que no deja de crecer.
La narrativa del “inmigrante que viene a robar los beneficios públicos” es una de las mentiras más viejas del capitalismo. Los trabajadores inmigrantes no son una carga para el Estado; son la fuerza que sostiene la economía, que realiza los trabajos más duros y peor pagados, que paga impuestos y que contribuye al sistema de seguridad social del que luego la derecha quiere excluirlos. Al criminalizar a los inmigrantes, Trump no está defendiendo a la clase trabajadora estadounidense; está dividiéndola. Está creando un enemigo ficticio para ocultar al enemigo real: el capital que explota a los trabajadores de todas las nacionalidades.
El nuevo revés de Trump: la justicia como último dique
El fallo de la jueza Vargas es el último de una serie de reveses judiciales que ha sufrido la administración Trump en su cruzada antiinmigrante . Se produce a menos de tres meses de las elecciones de medio término, en un momento en que la popularidad del presidente se desploma y su agenda se estrella contra los muros de la legalidad. La misma administración que se jacta de la “ley y el orden” ha sido sorprendida una vez más violando la ley.
Pero la clase trabajadora no debe confundir este fallo con un triunfo de la justicia. Es, en el mejor de los casos, un respiro. El sistema que permite que un presidente intente prohibir la entrada a ciudadanos de 75 países sigue intacto. La maquinaria de odio que Trump ha puesto en marcha no se detendrá con un fallo judicial. Mientras el capital necesite dividir a los trabajadores, la xenofobia seguirá siendo una herramienta política.
Epílogo: la lucha de los de abajo
La anulación del veto migratorio a 75 países es una victoria para los inmigrantes y sus familias, pero es apenas una batalla en una guerra más larga. La clase trabajadora, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, debe entender que la xenofobia no es un problema de “malos políticos”, sino una característica del sistema capitalista. El capital necesita un ejército de reserva de trabajadores desesperados para mantener los salarios bajos y la disciplina laboral. Y para mantener ese ejército de reserva, necesita mantener a los trabajadores divididos.
El fallo de la jueza Vargas no es el fin de la historia, sino su continuación. Mientras Trump y sus aliados sigan utilizando el miedo al inmigrante como herramienta política, la clase trabajadora debe organizarse para defender a sus hermanos y hermanas sin importar su nacionalidad. Porque la lucha contra el racismo y la xenofobia es la lucha contra el capital. Y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.