La discusión del Presupuesto 2027, que comenzará formalmente el 30 de septiembre con la presentación del proyecto de ley por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desarrollará en el peor escenario económico desde la pandemia: dos trimestres consecutivos de contracción del PIB —una recesión técnica que el gobierno se empeñó en negar hasta el último momento—, una tasa de desempleo que supera el 9,4%, su nivel más alto en cinco años, y un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones y afectar a 142 programas estatales.. El gobierno de José Antonio Kast, que celebró como un “triunfo” su megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, enfrenta ahora una realidad que no puede maquillar: su modelo de “crecimiento” no genera crecimiento, su “austeridad” recorta derechos y su “certeza” no convence ni a los inversionistas. Mientras los grupos económicos celebran las rebajas tributarias y el capital huye del país, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el ajuste fiscal que se avecina no es una necesidad técnica, sino una decisión de clase que pone el costo de la crisis sobre los hombros de los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La discusión del Presupuesto 2027, la primera del gobierno de José Antonio Kast, arrancará el próximo 30 de septiembre en el Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anticipado un escenario de “estrechez fiscal” con un crecimiento del gasto público de entre 0% y 1%. Pero detrás del lenguaje técnico se esconde una realidad brutal: la economía chilena ha entrado en recesión técnica, el desempleo se mantiene en su nivel más alto en cinco años y el gobierno se prepara para ejecutar el ajuste más severo de las últimas décadas.
La recesión que no quisieron ver
El Producto Interno Bruto de Chile cayó un 0,2% en el segundo trimestre de 2026, encadenando dos trimestres consecutivos de contracción tras el desplome del 0,3% del primer trimestre. La noticia que el ministro Quiroz se empeñó en negar hasta el último momento —“No, no hay recesión (técnica)”— es ahora un hecho consumado. La minería, el sector estrella del extractivismo chileno, se desplomó un 6,4%; la inversión se estancó; el consumo se debilitó; y el desempleo ya supera el 9,4%, su nivel más alto en cinco años.
La paradoja es brutal. El mismo gobierno que celebró como un “triunfo” su megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas ahora enfrenta una economía que no puede generar crecimiento ni siquiera para sostener la miseria. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar el erario al capital, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y que prepara una reforma al mercado de capitales, dice ahora no tener más remedio que ajustar el gasto público.
El ajuste que viene: 142 programas en la mira
El oficio N°16 del Ministerio de Hacienda, que establece las directrices para la elaboración del Presupuesto 2027, fija un ajuste que contempla un recorte del 3% en los ministerios. El ajuste proyectado tendría un carácter permanente y podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027, afectando a 142 programas estatales. Salud es la cartera donde se sugiere avanzar con mayores recortes, con 25 programas a descontinuar. En Educación, el oficio considera descontinuar, entre otros, el Plan Nacional de Lectura y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
La “austeridad” que pregona la derecha es, como siempre, selectiva. Se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas dice ahora no tener plata para mantener programas de lectura o apoyo a la educación pública.
La presión del capital: Fitch y la deuda como amenaza
La agencia calificadora Fitch Ratings ha advertido que el Presupuesto 2027 será una señal clave para evaluar la trayectoria fiscal de Chile. La agencia estima que la relación entre deuda y PIB podría llegar al 45% en 2029, un nivel que el propio gobierno ha definido como el límite superior de una trayectoria prudente. Fitch mantiene dudas respecto de que las rebajas tributarias puedan autofinanciarse mediante un mayor crecimiento económico. “Eso rara vez sucede y diría que dudamos que ocurra en Chile”, sostuvo Todd Martínez, codirector de calificaciones soberanas de Fitch.
La advertencia de Fitch es una confesión de la lógica de clase que gobierna la política económica del gobierno de Kast. La misma administración que regaló 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas ahora debe ajustar el gasto público para evitar que la deuda supere el 45% del PIB. Es decir: los trabajadores pagan dos veces. Primero, con la pérdida de ingresos fiscales que el gobierno decidió no recaudar. Segundo, con los recortes en salud, educación y servicios públicos que el ajuste fiscal impone.
La guerra interna por los recursos
El escenario de estrechez fiscal ya ha comenzado a generar tensiones dentro del propio gobierno. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó un incremento de 23,9% para su cartera. El Presidente José Antonio Kast, consultado por la forma en que se han planteado públicamente algunas demandas presupuestarias, remarcó que la decisión final sobre el proyecto le corresponde a él: “El que firma la ley de Presupuestos, soy yo”.
Pero más allá de las disputas internas, la clase trabajadora debe entender que el Presupuesto 2027 no es una discusión técnica, sino una batalla de clase. El gobierno de Kast, que se llena la boca con discursos de “orden” y “seguridad”, está a punto de consumar el ajuste más brutal de las últimas décadas. Los ministerios de Salud y Educación, que ya han sido golpeados por los recortes de este año, enfrentan ahora la amenaza de nuevas reducciones. La atención primaria, los programas de alimentación escolar y el apoyo a la educación pública están en la mira.
Epílogo: el costo del saqueo
La discusión del Presupuesto 2027 no es un ejercicio técnico. Es la confirmación de que el gobierno de Kast ha decidido poner el costo de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. La misma administración que celebró como un “triunfo” su megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas enfrenta ahora una economía en recesión, un desempleo récord y un ajuste fiscal que recortará derechos.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, los trabajadores de la salud esperan que sus servicios no se vean afectados, los estudiantes temen por la continuidad de sus programas y las familias de los barrios populares enfrentan un futuro incierto. La receta de la derecha para salir de la crisis no es otra cosa que más de lo mismo: vender los activos del Estado, profundizar el ajuste y seguir transfiriendo recursos de los de abajo hacia los de arriba. El Presupuesto 2027 no es el fin de la historia, sino su continuación. Y la resistencia, como siempre, la libran los de abajo.