El secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, Alonso Velásquez, presentó este miércoles su renuncia voluntaria al cargo, sumando la baja número 35 de seremis y la número 45 de autoridades en total desde que José Antonio Kast asumió la presidencia el 11 de marzo. La salida de Velásquez, que duró apenas cinco meses en el cargo, es la manifestación de un gobierno que se desangra en sus propias contradicciones, incapaz de retener a sus cuadros y de construir un proyecto político coherente. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el “gobierno de la eficiencia” no es más que un dispositivo de acumulación para los de arriba, mientras los de abajo pagan el costo de su desgobierno.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del jueves 3 de septiembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó lo que ya era un rumor en los pasillos del gobierno regional: el seremi de Vivienda de Tarapacá, Alonso Velásquez, había presentado su renuncia voluntaria el día anterior. La subrogancia del cargo será ejercida por Godeliver Miguelina del Carmen Arriagada González, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urban. Desde la cartera, agradecieron la gestión de Velásquez y le desearon éxito en sus nuevos proyectos, pero no entregaron detalles sobre los motivos de su salida.
Velásquez, que asumió el cargo el pasado 26 de marzo, apenas cinco meses antes de su renuncia, se suma a una lista que ya acumula 45 autoridades que han dejado sus cargos durante los primeros meses de la administración de José Antonio Kast: tres ministras, seis subsecretarios, 35 seremis y un delegado presidencial. La cifra es un indicador de la descomposición de un gobierno que llegó al poder prometiendo “eficiencia” y “orden”, pero que en los hechos ha demostrado ser una máquina de desgaste político.
La rotación de los de arriba y el abandono de los de abajo
La renuncia de Velásquez no es un hecho aislado. Es la continuación de una tendencia que ha marcado la administración de Kast desde sus primeros días. La salida de seremis se ha convertido en una constante: el 27 de julio, renunció el seremi de Vivienda del Maule, Patricio Ponce Arqueros, en una jornada que también vio la salida del seremi de Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas Mundaca. El 1 de septiembre, el gobierno pidió la renuncia del seremi de Transportes de Arica, Patricio Löhr, tras una denuncia por presiones a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La rotación de autoridades no es un problema de “gestión de talento”, como intentan presentarlo los voceros oficiales. Es la expresión de una crisis política profunda: un gobierno que no logra articular un proyecto común, que no puede retener a sus cuadros y que, ante cada escándalo, opta por la salida del funcionario en lugar de abordar las causas estructurales de la podredumbre. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, intentó minimizar la crisis con una declaración que resume la arrogancia de la clase dominante: “Da lo mismo que sean 20, sean 25 o sean 30”. La frase es una confesión involuntaria: para el gobierno de los patrones, las personas son intercambiables, los cargos son botines y la estabilidad del Estado es un concepto que solo se aplica cuando los intereses del capital están en juego.
La hipocresía del “gobierno de la eficiencia”
La contradicción es brutal. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción que restringe derechos fundamentales, ahora no puede ni siquiera mantener a sus propias autoridades. La “eficiencia” que pregona la derecha es, como siempre, selectiva: se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora, y se desvanece cuando se trata de la gestión de sus propias filas.
La renuncia de Velásquez se produce en un contexto en que el Ministerio de Vivienda ha sido uno de los epicentros de la crisis del gobierno. El ministro Iván Poduje ha sido cuestionado por la querella criminal presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura por su rol en la paralización y demolición de viviendas en El Olivar, y por el escándalo del fin del programa “Arriendo a Precio Justo”, que dejó a miles de familias vulnerables sin acceso a una vivienda digna. La salida del seremi de Vivienda de Tarapacá es un nuevo síntoma de una cartera que se desangra en medio de sus propias contradicciones.
La función de clase de la debacle gubernamental
Desde una perspectiva marxista, la debacle del gobierno de Kast no es un accidente ni una crisis de liderazgo. Es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. La clase dominante no necesita un gobierno estable; necesita un gobierno que garantice sus intereses, aunque para ello tenga que sacrificar a decenas de autoridades y desgastar la institucionalidad. La rotación de seremis no es un problema para el capital; es un síntoma de su dominio.
El “gobierno de la eficiencia” no es más que un dispositivo de acumulación para los de arriba. La megareforma, los recortes en salud y educación, la reforma constitucional de seguridad, la criminalización de la protesta: todas estas medidas son eslabones de una misma cadena de dominación. La rotación de autoridades es el costo que el capital está dispuesto a pagar para mantener ese proyecto en marcha. Los seremis que renuncian no son víctimas de la ineficiencia; son piezas intercambiables en una maquinaria que funciona para los de arriba, no para los de abajo.
Epílogo: el desgaste de los patrones
La renuncia del seremi de Vivienda de Tarapacá es la número 45 en la administración de Kast, pero no será la última. Mientras el gobierno siga priorizando los intereses del capital por sobre la estabilidad institucional, las salidas seguirán acumulándose. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una administración que se desangra. La verdadera crisis no es la falta de seremis; es la falta de políticas que beneficien a las mayorías.
Mientras los ministros celebran la megareforma y los consejeros del Banco Central reciben aumentos del 14,4%, los seremis renuncian y los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El desgaste de los patrones no es el fin de la historia; es el principio de una nueva fase de la lucha de clases. La debacle del “gobierno de la eficiencia” no es una derrota del capital; es un recordatorio de que la clase dominante, aunque tenga el poder, no puede gobernar sin la legitimidad de los de abajo. Y esa legitimidad, como demuestra la rotación de 45 autoridades en cinco meses, se está agotando.