El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto anotó un alza del 0,6%, duplicando las expectativas del mercado y elevando la inflación anual al 4,1%. Mientras el gobierno de José Antonio Kast atribuye el fenómeno al conflicto en Medio Oriente y a los temporales, la clase trabajadora chilena enfrenta la cruda realidad: los alimentos subieron 1,4%, la carne de vacuno 3,9%, las papas un brutal 17,8% y el transporte aéreo internacional un 32,6%. La inflación, lejos de ser un fenómeno natural, es el espejo de un modelo que privilegia el ajuste fiscal y la entrega de 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, mientras los salarios se estancan y el bolsillo de los trabajadores se desangra.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó este martes cayó como un baldazo de agua fría sobre las ya golpeadas finanzas de la clase trabajadora. El IPC de agosto registró una variación mensual del 0,6%, una cifra que duplicó las expectativas del mercado. La inflación acumulada en 2026 alcanzó el 3,6%, y la variación a doce meses escaló al 4,1%, rompiendo la tendencia moderada que se había observado en julio, cuando el IPC fue de apenas 0,1%. El alza de agosto fue la tercera más alta del año, solo superada por los meses de marzo (1,0%) y abril (1,3%).
El ministro de Economía, Daniel Mas, salió al paso con una declaración que condensa la lógica de clase del gobierno de Kast: atribuyó el salto inflacionario al conflicto en Medio Oriente y a los sistemas frontales, factores que, según sus palabras, “no dependen directamente de nuestra política económica”. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sumó su voz al coro de las excusas, señalando que “subieron hortalizas principalmente papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo”, y que la carne subió porque “la mitad de la carne en Chile aproximadamente es importada y tuvimos el paso de libertadores cerrado por 35 días”.
Pero la letra chica de las cifras desmiente la coartada oficial. El alza de los alimentos, con un incremento de 1,4% en el mes, no es un fenómeno meteorológico; es el reflejo de una economía que depende de las importaciones y que ha entregado su soberanía alimentaria al mercado global. Que la carne de vacuno haya subido 3,9%, que las papas se hayan encarecido un 17,8%, que el transporte aéreo internacional haya escalado un 32,6%, no es culpa de la lluvia ni de los misiles; es la consecuencia de un modelo que convierte los bienes básicos en mercancías sujetas a la especulación internacional.
La hipocresía de la “inflación externa”
La narrativa del gobierno es un intento desesperado por desviar la atención de su propia responsabilidad. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que autorizó un aumento del 14,4% en los sueldos de los consejeros del Banco Central, ahora dice que la inflación es culpa de la guerra en Medio Oriente. La hipocresía es monumental: cuando los precios suben, la culpa es de los factores externos; cuando las ganancias crecen, el mérito es de las políticas del gobierno.
El equipo económico del gobierno destacó que, sacando los volátiles, la inflación subyacente avanzó “solo” un 0,1%. Pero la inflación subyacente es una abstracción que no llega a la mesa de los trabajadores. Lo que llega a la mesa es el precio de la carne, de las papas, del pan, del transporte. Lo que llega al bolsillo es la pérdida de poder adquisitivo, la imposibilidad de llegar a fin de mes, la angustia de no poder alimentar a los hijos.
La clase trabajadora paga la factura
El ministro de Hacienda reconoció que el alza del diésel es preocupante, pero aseguró que el gobierno ha logrado “ir generando alzas más acotadas” en el valor de los hidrocarburos. La declaración es una confesión involuntaria: el gobierno no tiene un plan para contener la inflación, solo para administrar el dolor. Los trabajadores, que ya enfrentan un desempleo del 9,4% y salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, son los primeros en sentir el impacto de un modelo que prioriza el pago de la deuda y la acumulación del capital por sobre el bienestar de las mayorías.
La propuesta de aumento del salario mínimo, que el gobierno presentó al Congreso con un incremento de apenas 2,7% —equivalente a $14.553 pesos—, es una burla a la inteligencia de los trabajadores. Con una inflación acumulada de 3,6% en el año y proyectada al alza, el poder adquisitivo del salario mínimo no solo no aumenta, sino que se reduce. La CUT ha advertido que el salario mínimo no alcanza para cubrir el costo de la vida. Pero para el gobierno de Kast, el salario mínimo es un costo que hay que contener, no un derecho que hay que garantizar.
Epílogo: la inflación de los de arriba y el hambre de los de abajo
El IPC de agosto es un termómetro de la desigualdad. Mientras los consejeros del Banco Central reciben aumentos de 14,4%, los trabajadores ven cómo el precio de las papas sube 17,8% y la carne de vacuno 3,9%. Mientras el gobierno atribuye la inflación a factores externos, la clase trabajadora sabe que la verdadera causa es un modelo que ha convertido la economía en un casino y los derechos en mercancías.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “inflación externa”. La verdadera inflación es la del capital: la inflación de los precios, de la deuda, de la explotación. Mientras el gobierno de Kast siga priorizando el ajuste fiscal y la entrega de recursos a las grandes empresas, la inflación seguirá golpeando a los de abajo. La única salida no es esperar que los precios bajen, sino organizarse para construir un modelo económico que ponga las necesidades de las mayorías por encima de las ganancias de las minorías. La factura de la guerra de los patrones la pagan los trabajadores. Y la historia, como siempre, la escribirán los que resisten.