El plan de reorganización interna impulsado por la alta gerencia de la estatal minera busca elevar la tasa de ganancia mediante la precarización laboral, mientras la bancarización de su deuda y las alianzas público-privadas sientan las bases para la enajenación del cobre chileno.
Por Equipo El Despertar
El anuncio de una profunda “reestructuración operativa” y “modernización institucional” al interior de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ha sido celebrado unánimemente por los medios de comunicación hegemónicos y los analistas de la plaza financiera como un paso indispensable para “recuperar la eficiencia”, “reducir costos operacionales” y “optimizar la gobernanza corporativa”. La narrativa dominante procura enmarcar el proceso en un plano estrictamente técnico y de responsabilidad gerencial, silenciando deliberadamente que detrás de la jerga administrativa se despliega un plan sistemático de ajuste que descarga sobre la clase trabajadora el costo de las deudas financieras y la caída en la producción.
Desde la perspectiva del materialismo histórico y la economía política, la reestructuración en curso constituye un embate directo contra la fuerza de trabajo minera. La llamada “optimización de dotaciones” y la renegociación de contratos colectivos no buscan más que incrementar la cuota de plusvalía mediante la intensificación de las jornadas laborales, la externalización masiva de labores permanentes y la reducción de conquistas históricas del movimiento sindical. El capital busca sanear el balance de la empresa estatal transfiriendo los costos de la crisis gerencial y operativa a los hombros de los obreros del cobre, precarizando las condiciones de salud y seguridad en los yacimientos.
Sin embargo, el peligro estratégico más severo —ocultado bajo el ropaje de la “capitalización estatal” y la emisión de bonos en mercados internacionales— radica en la preparación de las condiciones materiales para la privatización encubierta de la principal riqueza nacional. Al asfixiar financieramente a la corporación y forzarla a recurrir al endeudamiento con la banca transnacional o a esquemas de joint-venture y “asociaciones público-privadas” (como se ha configurado en la explotación del litio y en proyectos estructurales de la minería), el Estado burgués pavimenta el camino para la entrada del capital privado en el núcleo del negocio minero. Como explicara Karl Marx al desentrañar la lógica de la acumulación primitiva y el papel del crédito público en El Capital: «La deuda pública se convierte en uno de los palancas más potentes de la acumulación original; el Estado, bajo la presión financiera, entrega los bienes comunes y las empresas públicas a la especulación de los acreedores privados bajo el pretexto de su salvataje económico».
El proceso que hoy atraviesa Codelco demuestra que la propiedad estatal, gestionada bajo la lógica de la rentabilidad capitalista y subordinada a los dictámenes del mercado financiero, no garantiza por sí sola la soberanía nacional ni el bienestar obrero. Para la clase trabajadora minera y el conjunto del pueblo, la defensa de Codelco no pasa por validar la reestructuración patronal ni por ser comparsa del endeudamiento privatizador, sino por la movilización coordinada contra la precarización laboral y por la exigencia de un renacionalización genuina que ponga las rentas del cobre y los minerales críticos al servicio del desarrollo humano y las necesidades populares.