Frente a los relatos oficiales de la sociología burguesa que diagnostican «paradojas culturales», las cifras del sondeo revelan el agotamiento del individualismo subsidiario, el alza en la percepción del conflicto capital-trabajo y la insostenibilidad de la vida bajo el régimen de mercado.
Por Equipo El Despertar
La reciente divulgación de los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2026 constituye la expresión concreta del agotamiento de la matriz neoliberal y la toma de conciencia popular sobre la agudización de las contradicciones de clase en el Chile contemporáneo.
El hallazgo más significativo del estudio es el histórico viraje respecto de la función del Estado y las aspiraciones de igualdad social. Por primera vez en la serie del instrumento, la preferencia por que el bienestar recaiga en la responsabilidad personal se desploma al 23%, mientras que la exigencia de que el Estado asuma la responsabilidad directa sube drásticamente al 43%. Al mismo tiempo, un 57% de la población antepone la igualdad social por sobre el crecimiento económico (22%), y un abrumador 90% considera improbable que un trabajador alcance una pensión digna bajo el actual sistema privatizado. Desde una perspectiva del materialismo histórico, este desplazamiento desmonta el mito de la «subjetividad empresarial» y la Concordia Mercantilis analizadas por Álvaro Ramis, donde el orden de mercado intenta imponerse como una inevitabilidad natural. La experiencia cotidiana del despojo y la precarización ha terminado por quebrar el dogma del mérito individual, reinstalando la demanda por derechos universales en el corazón de las clases trabajadoras.
Esta demanda social choca de frente con la deslegitimación absoluta de las instituciones del Estado burgués encargadas de administrar el orden dominante. La encuesta registra un desplome histórico en la confianza hacia los partidos políticos y el Congreso (3%), los Tribunales de Justicia (10%) y el propio Gobierno (12%). La sociología liberal cataloga esta brecha como un «desafío de legitimidad para las políticas públicas»; sin embargo, la crítica teórica desentraña su verdadera naturaleza: el pueblo trabajador reconoce que la institucionalidad política y la judicatura actúan como un brazo condicionado por la dominación de clase y la impunidad de las élites. Como sostiene Fernando Monsalve Arias al desmitificar la neutralidad estatal, «las cortes, los tribunales, el Ministerio Público y los organismos reguladores actúan de manera condicionada por la correlación de fuerzas políticas y la salvaguarda de los privilegios económicos». El descrédito institucional no es apatía, sino el registro explícito de que el aparato público funciona como una junta de administración de los intereses corporativos.
Asimismo, las cifras del estudio desmienten las campañas de la extrema derecha que buscan desviar el malestar popular hacia el chivo expiatorio de la migración. Mientras la percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes cae diez puntos (del 77% al 67%) y el respaldo a que los migrantes regularizados accedan a derechos fundamentales en igualdad de condiciones sube al 71%, la tensión entre los actores del modo de producción se dispara: el conflicto entre ricos y pobres asciende al 65% y el choque directo entre trabajadores y empresarios alcanza el 59%. La narrativa hegemónica intenta tapar estas grietas con discursos punitivos o espectáculos securitarios; pero la realidad empírica demuestra que el antagonismo principal en la sociedad chilena no es horizontal ni identitario, sino la grieta estructural entre el capital y el trabajo.
La Encuesta Bicentenario UC 2026 deja al desnudo un país donde la brecha entre las aspiraciones de dignidad de las mayorías y las estructuras del modelo dominante se ha vuelto insalvable. Pretender resolver esta crisis mediante arreglos tecnocráticos o un mayor disciplinamiento autoritario es obviar la lección central de los datos: cuando el costo de la vida rompe las certezas de la reproducción social y la impunidad de la élite queda al descubierto, la necesidad de refundar las instituciones sobre bases verdaderamente populares y democráticas deja de ser un debate abstracto para convertirse en un imperativo impostergable.
