En una resolución que constituye el primer revés constitucional de calibre para el gobierno de José Antonio Kast, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales cuatro de las disposiciones más represivas del proyecto de “Escuelas Protegidas”. La sentencia, emitida la noche del martes, echó por tierra el intento del Ejecutivo de instaurar una suerte de “estado de excepción” en los patios escolares, al invalidar la facultad policial para revisar mochilas y vestimentas sin orden judicial, la criminalización de las protestas estudiantiles y, en un golpe directo al corazón de la derecha, la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados. Mientras el gobierno de Kast, desconcertado, se limita a balbucear que “veremos cómo corregimos lo objetado”, la clase trabajadora celebra una victoria de la institucionalidad pinochetista sobre su gobierno más cercano y sobre la lógica del patrón de fundo que pretendía convertir las aulas en cuarteles y el derecho a la educación en un privilegio condicionado por la “buena conducta”. La batalla por las escuelas no ha terminado, pero la toga del Tribunal Constitucional ha puesto un freno al intento de la derecha de disciplinar a los hijos de los pobres con el garrote de la ley.**
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del martes 23 de junio, el Tribunal Constitucional asestó un golpe demoledor a una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de José Antonio Kast. Con un comunicado emitido pasadas las 22:00 horas, el pleno del TC, convocado tras un requerimiento de parlamentarios de oposición, declaró inconstitucionales cuatro disposiciones centrales del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. La noticia cayó como un balde de agua fría en La Moneda, que veía en esta iniciativa el pilar de su cruzada contra la violencia escolar y la “falta de autoridad” en las aulas.
Las normas que cayeron y el fin de la “mano dura” en los colegios
La sentencia del TC no fue una poda menor, sino un verdadero desmantelamiento del núcleo punitivo del proyecto. Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales se encuentran:
- La inhabilitación para la gratuidad universitaria: El proyecto establecía que ningún estudiante condenado por delitos graves contra la vida, la propiedad o la infraestructura pública podría acceder a la gratuidad en la educación superior. El TC declaró esta medida contraria a la Carta Fundamental, devolviendo el derecho a la educación a los hijos de la clase trabajadora, que son los principales beneficiarios de la gratuidad y los más vulnerables a ser criminalizados por el sistema.
- La revisión policial sin orden judicial: La iniciativa facultaba a Carabineros y a la PDI para revisar mochilas, bolsos y vestimentas de los estudiantes dentro de los establecimientos educacionales sin necesidad de una orden del Ministerio Público, bastando un mero “indicio”. El TC consideró que esta medida atentaba contra las garantías constitucionales, estableciendo que cualquier registro debe contar con la autorización de un fiscal.
- La criminalización de la protesta estudiantil: El proyecto calificaba como una “afectación grave a la convivencia escolar” cualquier acto estudiantil que interrumpiera el normal desarrollo de las clases. Esta disposición, que apuntaba directamente a penalizar las históricas tomas y movilizaciones del movimiento estudiantil, fue declarada inconstitucional.
- El aviso obligatorio a las policías: Se eliminó la norma que obligaba a los sostenedores de los colegios a informar a Carabineros o a la PDI cuando un apoderado no acudiera al establecimiento tras la negativa de un estudiante a ser revisado, cerrando así la puerta a que las escuelas se convirtieran en extensiones del aparato represivo.
“Veremos cómo corregimos”: la desconcertada reacción del gobierno
La respuesta del gobierno fue un intento torpe y desesperado por bajar el perfil al descalabro. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, evitó reconocer la derrota y se limitó a señalar que “veremos en el camino cómo se puede corregir” lo objetado, en una declaración que revela el carácter improvisado y autoritario del proyecto original. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confesó la ingenuidad de su enfoque al afirmar que “creíamos que era buena idea que hubieran mayores atribuciones para la revisión de mochilas”, ignorando que las garantías constitucionales no son un obstáculo para la “seguridad”, sino un escudo contra el abuso de poder. La ministra de Educación, María Paz Arzola, intentó una estrategia de contención, asegurando que el gobierno aún espera conocer los fundamentos de la sentencia y que la ley mantiene otras herramientas vigentes. Sin embargo, sus palabras sonaron a un intento vano de maquillar lo que, en los hechos, es un revés mayúsculo.
La voz de la oposición y la reivindicación de los derechos
El fallo del TC fue celebrado con alivio por la oposición, que había advertido durante todo el debate parlamentario sobre el carácter autoritario del proyecto. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó la resolución como un “gran fracaso” para el Ejecutivo, mientras que su par del Partido Comunista, Luis Cuello, sostuvo que el TC había puesto un “freno” a una ley de “inspiración autoritaria”. La senadora Yasna Provoste (DC) fue categórica al afirmar que el fallo ratifica lo que se dijo durante la discusión: “No podemos transformar las escuelas en espacios de control policial, ni establecer castigos que afecten al derecho a la educación”. Provoste recordó que la clave para abordar la violencia escolar no está en la represión, sino en “la salud mental, en programas de convivencia”, un enfoque que el gobierno de Kast se negó sistemáticamente a considerar porque no encaja con su lógica de mano dura.
La lucha de clases en el aula: ¿disciplina o derecho?
Desde una perspectiva marxista, el proyecto “Escuelas Protegidas” no era una iniciativa para proteger a los estudiantes, sino un intento de la clase dominante por extender su control disciplinario a los espacios educativos. Al amenazar con quitar la gratuidad a los estudiantes “conflictivos”, el gobierno de Kast buscaba condicionar el acceso a la educación superior a la sumisión y la obediencia, creando un ejército de jóvenes atemorizados que no se atrevieran a cuestionar el orden establecido. La facultad de revisar mochilas y vestimentas sin orden judicial no era más que la puerta de entrada para la criminalización de la juventud pobre, estigmatizando a los estudiantes de los liceos públicos como delincuentes potenciales.
El fallo del Tribunal Constitucional, en este sentido, ha sido un dique de contención contra esta ofensiva de clase. Al declarar inconstitucionales estas medidas, el TC ha recordado al Ejecutivo que la Constitución no es un papel mojado, y que los derechos de los hijos de los trabajadores no pueden ser arrebatados por un decreto. La lucha no ha terminado; el gobierno de Kast ha anunciado que buscará fórmulas para reponer las normas caídas. Pero la clase trabajadora ha obtenido una victoria parcial que demuestra que la resistencia organizada, a través de los mecanismos institucionales y la movilización social, puede frenar los embates más brutales del poder. La batalla por la educación pública y la gratuidad sigue abierta, pero el fallo del TC ha dejado claro que no será la derecha quien la cierre a golpe de decreto.