El temporal que ha devastado diez regiones desde Atacama hasta Los Lagos ya deja un saldo de 10 fallecidos, 4 desaparecidos, 2.422 damnificados y más de 104 mil personas aisladas, con 76 viviendas destruidas y más de 2.100 con daño mayor. Pero el verdadero desastre no es solo climático: es la respuesta tardía de un gobierno que prioriza el “orden fiscal” por sobre la vida de los de abajo. Mientras los alcaldes y gobernadores exigían desde el fin de semana la declaración de Estado de Catástrofe y la liberación del 2% constitucional —un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares que ya estaba presupuestado—, el Presidente José Antonio Kast se tomó el tiempo para “evaluar”, argumentando que “nuestra institucionalidad opera en base a lo que es Senapred”.
Por Equipo El Despertar
El saldo de la tragedia: una catástrofe anunciada
El sistema frontal que comenzó el 15 de julio no fue una sorpresa. La Dirección Meteorológica había advertido sobre la llegada de un “tren de sistemas frontales” de proporciones inusuales. Sin embargo, cuando la emergencia golpeó, la máquina estatal se movió con la lentitud de un aparato que no está diseñado para proteger a los más vulnerables.
El balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) es elocuente: 10 personas fallecidas, 4 desaparecidas, 17 heridos y 2.422 damnificados. Más de 104 mil personas permanecen aisladas, incomunicadas por el corte de rutas y el desborde de ríos. Las viviendas destruidas o con daños mayores superan las 2.100, y los cortes de energía eléctrica afectaron a más de 590 mil hogares en el peak de la emergencia.
En la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, donde la catástrofe ha sido más devastadora, las lluvias extremas superaron cualquier registro. “Lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora”, declaró el viceministro del Interior, Máximo Pavez. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, describió un panorama desolador: “Hay barrios llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia”.
La demora como política de clase
La respuesta del gobierno ha sido, en el mejor de los casos, tardía. Mientras el temporal devastaba el norte del país, el Ejecutivo se tomó el tiempo para “evaluar” si declaraba el Estado de Catástrofe. El sábado y domingo, el subsecretario del Interior había descartado la medida. Fueron los alcaldes, los gobernadores y hasta los parlamentarios de su propio partido, Renovación Nacional, los que tuvieron que salir a exigir lo que el gobierno se negaba a conceder.
El lunes 20 de julio, Kast finalmente decretó el Estado de Catástrofe para Coquimbo y Huasco, argumentando que la situación había “aumentado en la gravedad por temas de cortes de suministro de agua potable, desplazamiento de tierra, aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica”. Pero la gravedad no aumentó el lunes; ya era crítica el jueves.
La demora no es un error técnico. Es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares contemplado en la Ley de Presupuestos, estaba disponible desde el primer día. No requería de nuevos impuestos ni de endeudamiento adicional. Pero el gobierno se resistió a activarlo. Mientras las familias perdían sus hogares, el dinero seguía congelado en las arcas del Estado.
La hipocresía es brutal. La misma administración que encontró tiempo y recursos para impulsar una rebaja de impuestos a las grandes empresas que le costará al Fisco más de 4.000 millones de dólares anuales, y para aprobar un endeudamiento histórico sin titubear, ahora se tomó el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados.
La autocrítica que nunca llega
Consultado sobre las críticas por la lentitud del despliegue, Kast respondió con evasivas: “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo le diría que más allá del tema de las diferencias que pueden haber en cómo se enfrenta la emergencia, estamos todos desplegados en terreno”. Y remató: “El despliegue fue todo lo que se pudo con las capacidades humanas y técnicas que teníamos”.
La declaración es una confesión involuntaria: el gobierno no tenía las capacidades para enfrentar una emergencia de esta magnitud. Y no las tenía porque ha priorizado el ajuste fiscal y la rebaja de impuestos a las grandes empresas por sobre la inversión en infraestructura, prevención y gestión de riesgos.
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, fue más allá: necesitan “disponer de más tropas del Ejército que estén acá en la región ayudando a despejar los caminos para que los equipos de emergencia puedan llegar donde están las personas aisladas”. Y denunció que “las propias personas están tirándose al agua a rescatar a sus vecinos y eso pone en riesgo sus propias vidas”. Mientras el gobierno demoraba, el pueblo se organizaba para salvarse a sí mismo.
Epílogo: el costo de la indiferencia
El temporal ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. Los 10 muertos, los 4 desaparecidos, los más de 2.400 damnificados y las 104 mil personas aisladas no son solo cifras; son la prueba de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba.
Mientras las familias damnificadas esperan soluciones, el dinero del 2% constitucional sigue atado a la burocracia. La clase trabajadora debe entender que esta demora no es un accidente, sino la confirmación de que, en el Chile de los patrones, la solidaridad siempre llega tarde. Y los que pagan el costo de esa demora son, una vez más, los de abajo.