El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del gobierno de José Antonio Kast que buscaba eliminar de la Ley de Reconstrucción el artículo que obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente la luz, el agua y el gas a los hogares y microempresas damnificados por catástrofes, incluso si mantenían deudas previas. El fallo, conocido este martes, constituye una nueva derrota judicial para la administración de la “mano dura”, que intentó justificar su ofensiva legal con un argumento formalista —la “falta de relación con las ideas matrices” del proyecto— para encubrir su verdadera motivación: proteger las ganancias de las grandes empresas de servicios mientras las familias afectadas por los incendios siguen esperando respuestas. La oposición celebró la decisión como un triunfo de la “humanidad” sobre la “lógica del lucro”, mientras la clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de que el gobierno de los patrones siempre está dispuesto a sacrificar a los de abajo en el altar de los negocios.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El martes 25 de agosto, el Tribunal Constitucional falló en contra del requerimiento presentado por el gobierno de José Antonio Kast, que buscaba eliminar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional. Dicho artículo, incorporado durante la tramitación en el Congreso, obliga a las empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar gratuitamente a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe, incluso cuando el corte de suministro se hubiera producido por falta de pago antes de la emergencia.
El Ejecutivo había impugnado la norma argumentando que fue incorporada al proyecto mediante una indicación parlamentaria sin relación directa con las ideas matrices de la iniciativa, vulnerando el artículo 69 de la Constitución. Sin embargo, el TC no acogió este argumento formalista y ratificó la constitucionalidad de la medida, asestando un nuevo revés a una administración que ha acumulado derrotas en el tribunal de garantías desde el inicio de su mandato.
La decisión del TC, que se conoció en la tarde de este martes, fue celebrada por la oposición como un triunfo de la “humanidad” y la “justicia social” frente a la “lógica del lucro” que guía al gobierno. La diputada Karol Cariola (PC) acusó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de incumplir su palabra al intentar eliminar una medida que protege a las familias más vulnerables. La senadora Yasna Provoste (DC) denunció la “falta de humanidad” del gobierno y recordó que la norma era una conquista de la oposición para garantizar que los damnificados no quedaran sin servicios básicos en medio de una emergencia.
La lógica de clase del intento de eliminación
Detrás del argumento formalista esgrimido por el gobierno se esconde una motivación de clase. Lo que Kast y su equipo buscaban era proteger las ganancias de las grandes empresas de servicios básicos, que no querían asumir los costos de reconectar a los damnificados que ya habían sido cortados por deudas previas. La norma, impulsada por la oposición durante la tramitación del proyecto, establecía plazos perentorios: 48 horas para reponer electricidad y gas, y 24 horas para el agua potable y el alcantarillado. Además, prohibía explícitamente cobrar por reconexión y contemplaba compensaciones en caso de incumplimiento.
El gobierno, al intentar eliminar esta obligación, estaba pidiendo que las concesionarias mantuvieran la facultad de no entregar el servicio por deudas o falta de pago en medio de una emergencia. En otras palabras: que las familias que ya habían perdido sus viviendas y fuentes de trabajo quedaran además sin luz, agua y gas por no poder pagar sus cuentas. La hipocresía es monumental: la misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, dijo necesitar eliminar esta norma para “acelerar” la reconstrucción.
El precedente de las catástrofes y la complicidad con el capital
La decisión del TC adquiere una relevancia aún mayor cuando se considera el contexto de los incendios que asolaron las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío en enero de 2026. La norma cuestionada por el gobierno fue precisamente una respuesta a esa tragedia, y su eliminación habría significado que miles de familias damnificadas quedaran sin acceso a servicios básicos en medio de la emergencia.
El gobierno de Kast, al intentar impugnar esta medida, demostró una vez más su alineamiento con los intereses de los grupos económicos. Las asociaciones de empresas eléctricas, sanitarias y de gas apoyaron la ofensiva legal del Ejecutivo, revelando la alianza entre el poder político y el capital para transferir los costos de la crisis a los sectores más vulnerables. La catástrofe, como ha señalado la izquierda, no puede explicarse solamente como un fenómeno natural: también es consecuencia de decisiones económicas y políticas que durante décadas han privilegiado la rentabilidad empresarial por sobre la protección de los territorios y las comunidades.
Epílogo: la derrota de los patrones
El fallo del Tribunal Constitucional es una derrota para el gobierno de Kast, pero no es el fin de la ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora. La misma lógica que guió el intento de eliminar la reconexión gratuita es la que ha guiado todas las políticas de esta administración: priorizar las ganancias del capital por sobre la vida de los de abajo.
La clase trabajadora no debe dejar que el alivio por esta victoria parcial la distraiga. El gobierno de Kast seguirá buscando mecanismos para transferir los costos de la crisis a los sectores populares, y las empresas de servicios básicos seguirán presionando para aumentar sus márgenes de ganancia a costa de los damnificados. La lucha por un Estado que realmente proteja a los más vulnerables no se gana con un fallo del TC; se gana con organización, movilización y conciencia de clase. Por ahora, al menos, los damnificados podrán contar con que, en medio de la catástrofe, la justicia de clase también tiene límites