El gobierno de José Antonio Kast decretó el fin del programa “Arriendo a Precio Justo”, una política habitacional impulsada en 2022 que permitía a familias vulnerables acceder a viviendas fiscales pagando un arriendo que no superaba el 25% de sus ingresos. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, justificó la medida argumentando que el programa “no era justo” y que “el nombre estaba muy mal puesto” porque querían un país de propietarios no de arrendatarios. Las viviendas del programa serán entregadas en propiedad a casos críticos como víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Por Equiupo El Despertar
Mientras el gobierno termina con este mecanismo de acceso a la vivienda para los sectores populares, una investigación periodística reveló que al menos 98 jueces con sueldos que superan los $7 millones mensuales habitan viviendas fiscales pagando arriendos de entre $120 mil y $150 mil, es decir, apenas el 15% de su sueldo base. Algunos de ellos llevan más de una década ocupando estos inmuebles, en abierta contradicción con el reglamento que fija un plazo máximo de cinco años prorrogables.
El discurso de la “justicia” contra los de abajo
El ministro Poduje fue categórico al anunciar el fin del programa: “No avanza más, porque no era justo”. El argumento del gobierno es que la prioridad debe ser la propiedad, no el arriendo. Sin embargo, la decisión elimina un mecanismo que, aunque imperfecto, permitía a familias en situación de vulnerabilidad acceder a una vivienda digna con un arriendo proporcional a sus ingresos , considerando que un arriendo hoy puede devorar entre el 50 y el 70% del ingreso familiar.
El programa “Arriendo a Precio Justo” fue creado en Recoleta en el 2020 y presentado en 2022 como parte del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno del Presidente Boric y estaba dirigido a familias de dos a cuatro integrantes, inscritas en el Registro Social de Hogares, que no hubieran activado un primer contrato de arriendo y que demostraran un ahorro mínimo. El Serviu se hacía cargo incluso de los gastos comunes. Su fin no es una medida técnica; es una decisión política que cierra una puerta a los sectores populares.
El privilegio de los jueces: la propiedad fiscal como extensión del salario
Mientras el gobierno termina con el arriendo a precio justo para las familias vulnerables, el Poder Judicial es uno de los organismos que más propiedades fiscales administra, beneficiando a 98 jueces con sueldos que superan los $7 millones. En este sector, el arriendo es el 15% del sueldo base, oscilando entre $120 mil y $150 mil. Es decir, un juez que gana $9 millones paga por una vivienda fiscal menos de lo que paga un trabajador por un arriendo de mercado en un barrio popular. la pregunta que Chile se hace es por qué un beneficio del que gozan empleados fiscales no puede ser extendido a las familias de clase media y vulnerables de Chile?
El caso del ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago —investigado por cohecho y soborno— es emblemático: residió en una casa fiscal en Vitacura pagando $480 mil por un departamento cuyo valor de mercado se estima en cerca de $2 millones. Seis de estas viviendas están ubicadas en la comuna de Vitacura, una de las de mayor plusvalía del país.
La ocupación indefinida es otro rasgo de este privilegio. Veinticuatro jueces superan los 10 años de ocupación, incluyendo ministros de Cortes de Apelaciones en Arica, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas, cuyos sueldos superan los $9 millones. La normativa que fija el arriendo como el 10% o 15% del sueldo base convierte el beneficio en un subsidio encubierto que se perpetúa sin límite.
La función de clase del acceso a la vivienda
Desde una perspectiva marxista, el fin del programa “Arriendo a Precio Justo” y el mantenimiento de los arriendos subsidiados para jueces no son dos políticas separadas. Son la expresión de la misma lógica de clase: el Estado chileno administra los recursos públicos para beneficiar a los de arriba y recortar los derechos de los de abajo.
El ministro Poduje dijo que el programa “no era justo”. Pero la injusticia no está en que una familia vulnerable pague un arriendo proporcional a sus ingresos. La injusticia está en que 98 jueces con sueldos millonarios ocupen viviendas fiscales en zonas exclusivas pagando arriendos que no cubren ni el costo de mantenimiento de los inmuebles, mientras el gobierno termina con el único mecanismo que permitía a los sectores populares acceder a una vivienda digna.
La justicia que defiende el gobierno de Kast es la justicia de los patrones: una justicia que recorta derechos a los de abajo y blinda privilegios a los de arriba. La vivienda, como la salud y la educación, es un derecho que el capital solo concede cuando puede obtener una ganancia. El fin del “Arriendo a Precio Justo” y la perpetuación de los arriendos subsidiados para jueces son la prueba de que, en el Chile de los patrones, el derecho a la vivienda no es para todos: es para los que pueden pagarlo, o para los que tienen el poder de mantenerlo.