El Ministerio de Vivienda, encabezado por Iván Poduje, retiró silenciosamente de la Contraloría el decreto que buscaba reformar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) para facilitar el negocio inmobiliario a costa de los barrios, las comunidades y la planificación urbana. La decisión, confirmada por la propia cartera este martes, implica un revés para el ministro más comentado del gabinete de José Antonio Kast, quien había impulsado la medida para “reactivar la economía” y “bajar el precio de la vivienda” mediante una desregulación que, según alcaldes y urbanistas, solo abría la puerta a los “guetos verticales” y la densificación desordenada. El retiro del decreto —que el Minvu justifica como un mero “ajuste de precisiones” — se produce tras una arremetida de los municipios, que presentaron denuncias ante la Contraloría y advirtieron que el Ejecutivo estaba legislando por decreto para saltarse el control del Congreso. La clase trabajadora asiste, una vez más, a un nuevo capítulo de la misma historia: mientras el gobierno de los patrones intenta regalar el suelo urbano al capital, la resistencia de los municipios y las comunidades populares logra frenar el embate, aunque sea temporalmente.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un balde de agua fría en los pasillos del Ministerio de Vivienda y entre los gremios inmobiliarios que esperaban ansiosos la luz verde para un nuevo ciclo de negocios a costa de los barrios. El pasado viernes 4 de septiembre, y de manera sigilosa, el Minvu retiró de la Contraloría General de la República la propuesta de modificación a la OGUC. La medida, que el gobierno había anunciado a principios de abril como una “revolución urbanística” para “bajar el precio de la vivienda”, terminó en el cajón de los fracasos anunciados, al menos por ahora.
La propia cartera de Iván Poduje intentó bajarle el perfil al traspié. Según respondió el Minvu a La Tercera, el reglamento fue retirado para hacer “algunas precisiones” y volverá a ser ingresado “en los próximos días”. Sin embargo, la maniobra no logra ocultar la magnitud del revés para el ministro que llegó prometiendo “desregulación” y “liberalización del suelo” para reactivar el negocio inmobiliario, pero que se ha topado con la férrea resistencia de los municipios y de la propia Contraloría .
El decreto que no pudo ser: la desregulación que beneficiaba al capital, no a la gente
El decreto retirado, que había sido ingresado a Contraloría a fines de julio, contenía cambios que, en los hechos, habrían entregado la planificación urbana al mercado. Entre los principales aspectos de la propuesta, que el sector inmobiliario había recibido con beneplácito, se encontraba una rebaja en la densidad residencial y una reducción en la condición de dimensión para conjuntos armónicos, lo que en la práctica permitiría aumentar la construcción en altura y la cantidad de departamentos por edificio.
El documento que el gobierno puso a disposición de la Contraloría, pero que luego retiró, establecía una reducción de la densidad residencial de 4 habitantes por vivienda a 2,8, y disminuía la condición de conjuntos armónicos de 5.000 a 2.500 metros cuadrados . Es decir, se facilitaba la construcción de edificios de gran altura sin considerar la capacidad de los barrios, el impacto en el transporte público, el acceso a servicios básicos o la opinión de las comunidades que ya habitaban esos territorios.
Desde el sector de la construcción, se mantenían expectantes, pues el decreto significaba una caída en los valores de los terrenos que podrían haber reactivado un negocio inmobiliario que, según el propio gobierno, atraviesa una contracción. Para el capital, la medida era una oportunidad de oro; para la clase trabajadora, una amenaza de ser desplazada a la periferia o de vivir en condiciones de hacinamiento.
La resistencia de los municipios: el grito de los barrios que frenó a los patrones
El retiro del decreto no fue una decisión voluntaria del ministro Poduje, sino el resultado de una férrea resistencia de los alcaldes, que se unieron para frenar lo que calificaron como una vulneración flagrante de sus atribuciones. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, presentó una denuncia en la Contraloría a finales de julio, acusando la ilegalidad del decreto al afectar las atribuciones propias de los Planes Reguladores Comunales.
“Creemos que se están excediendo las atribuciones que tiene, en este caso, el Ejecutivo, como para poder dictaminar este tipo de modificaciones sin pasar antes por el Congreso. Está legislando por decreto”, afirmó el alcalde . Su par de Providencia, Jaime Bellolio, sumó su voz a la crítica, advirtiendo que la densificación desordenada “nos convertirá en lugar de paso”, y que la identidad de su comuna, como la de tantas otras, estaba en riesgo .
El rechazo de los municipios no fue un capricho, sino la defensa de las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de una planificación urbana al servicio del capital. El propio alcalde Muñoz advirtió que el decreto podía “generar situaciones de hacinamiento y colapso”, como ya ocurre en su comuna, donde la densificación descontrolada ha saturado los servicios públicos y precarizado la vida de los trabajadores.
La hipocresía del “ajuste de precisiones”: una derrota disfrazada de prórroga
La explicación oficial del Minvu —que el decreto fue retirado para hacer “precisiones” y que volverá a ser ingresado— no convence a nadie. El retiro se produce después de que el ministerio ya hubiera postergado en dos ocasiones la fecha para responder a las observaciones de su propuesta, y después de que la propia página donde se publicarían las respuestas se mantuviera caída durante el fin de semana.
El ministro Poduje, que había sido el principal impulsor de la medida, ahora intenta maquillar la derrota. Pero el revés es evidente: el gobierno se ha visto obligado a retirar un decreto que había presentado como una de sus principales banderas para reactivar la economía, y lo ha hecho después de que los municipios, las exautoridades y los especialistas se unieran en contra de una medida que, en los hechos, entregaba el suelo urbano al capital inmobiliario.
Epílogo: el “ajuste” que no engaña a nadie
La retirada del decreto que modificaba la OGUC no es un mero “ajuste de precisiones”, como pretende hacer creer el Minvu. Es una derrota para el ministro Poduje y para el modelo de desregulación que el gobierno de Kast intenta imponer. Es la prueba de que, cuando los municipios y las comunidades se organizan, pueden frenar los embates del capital.
Sin embargo, la batalla no está ganada. El Minvu ha anunciado que volverá a ingresar el decreto en los próximos días. La clase trabajadora no debe bajar la guardia. El gobierno de los patrones no se rinde; solo se repliega para reorganizar sus fuerzas. La defensa de los barrios, de los planes reguladores comunales y de una planificación urbana al servicio de las personas y no del mercado es una tarea que recién comienza.
Mientras Poduje ajusta sus “precisiones”, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La ciudad no es un negocio; es el espacio donde vivimos, donde criamos a nuestros hijos y donde construimos nuestras vidas. Y esa vida, los patrones no la van a decidir por decreto.