La sorpresiva integración de Chile al pacto militar impulsado por la administración estadounidense enmascara, tras el discurso del “combate al crimen organizado”, el alineamiento irrestricto a la hegemonía del capital transnacional y la apertura del territorio nacional al despojo de sus minerales críticos.
Por Equipo El Despertar
El anuncio oficial emitido desde Nueva York por el gobierno de José Antonio Kast respecto a la adhesión de Chile al llamado “Escudo de las Américas” —mecanismo de seguridad e inteligencia promovido bajo la doctrina hemisférica de la administración de Donald Trump— ha sido presentado por el aparato propagandístico hegemónico como un “triunfo diplomático” en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. Sin embargo, la premura de la decisión y la deliberada opacidad con la que se ha eludido al Congreso Nacional responden a una estrategia de ocultamiento sistemático: el relato de la “seguridad ciudadana” es utilizado como cobertura ideológica para consumar una subordinación geopolítica y económica que compromete directamente la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
Lejos de constituir un mero acuerdo de cooperación técnica entre policías o agencias de inteligencia, la integración a esta arquitectura de seguridad de inspiración neomontroana persigue afianzar el dominio del imperialismo norteamericano en la cuenca del Pacífico Sur. En un contexto signado por la agudización de la disputa intercapitalista por la hegemonía global —donde la República Popular China se erige como el principal socio comercial de la economía chilena y destino mayoritario de sus exportaciones mineras—, la maniobra del Ejecutivo busca forzar el reordenamiento del comercio exterior local al servicio del capital estadounidense. El ocultamiento de los verdaderos alcances de esta alianza pretende esquivar el debate público sobre cómo el alineamiento político-militar pone en riesgo la estabilidad del modelo agroexportador y minero dependiente.
Desde una perspectiva materialista histórica, el concepto de “seguridad militarizada” promovido por la burguesía comprador responde a las exigencias de valorización del capital en momentos de crisis o desaceleración económica. Al catalogar amenazas internas e internacionales bajo rótulos amplios de “seguridad nacional”, la iniciativa allana el terreno para la tutela externa sobre la infraestructura crítica del Estado —como los puertos, las redes de telecomunicaciones y el acceso a los yacimientos de litio y cobre—. Como advertía Vladimir Lenin en su análisis sobre la fase imperialista del capitalismo: “El capital financiero no quiere la libertad, sino la dominación”. Bajo la aparente lucha contra la delincuencia transnacional, lo que el gobierno de Kast ha firmado tras bambalinas es la garantía de protección y prioridad extractiva para los monopolios occidentales.
La insistencia del Ejecutivo en calificar este pacto como un “mecanismo de coordinación informal” no es casualidad; constituye una estratagema legal para eludir la fiscalización parlamentaria y encubrir la transferencia indirecta de recursos públicos hacia la logística de defensa estadounidense. Frente a esto, pretender que la alineación estratégica con Washington traerá paz social o soberanía es una ilusión burguesa. La entrada al “Escudo de las Américas” consolida el rol del Estado chileno como guardián de los intereses geopolíticos del imperio, sometiendo la economía nacional y el trabajo acumulado del pueblo a las necesidades de defensa de la metrópoli.