El goteo calculado de filtraciones expone la existencia de un entramado orgánico entre el poder judicial, la política profesional y el gran capital, mientras el Ministerio Público recurre a la división del mega-proceso para desactivar el peligro de una crisis política de régimen.
Por Equipo El Despertar
Las recientes declaraciones y registros del abogado Luis Hermosilla han desatado un revuelo mediático que la prensa hegemónica insiste en catalogar como un “escándalo de corrupción individual”, una “falta a la ética profesional” o una serie de “manzanas podridas” dentro del sistema penal. Sin embargo, el análisis desde el materialismo histórico exige trascender la moralina burguesa para examinar el verdadero contenido de clase de estas revelaciones. Lejos de constituir hechos aislados, la trama que emerge de las conversaciones de Hermosilla configura la estructura típica de una asociación ilícita, donde el tráfico de influencias, el cohecho y la manipulación de nombramientos judiciales no son excesos marginales, sino la forma cotidiana y orgánica en que la burguesía nacional y sus operadores políticos administran el Estado para blindar sus intereses económicos.
La tipificación legal de la asociación ilícita exige la existencia de una organización permanente orientada a la comisión de delitos. En el plano de la economía política marxista, esto no es más que la cristalización institucional del bloque de poder. A través de bufetes de abogados influyentes, directores de empresas, fiscales y jueces de las Altas Cortes, el gran capital construyó un circuito clandestino de impunidad garantizada. En El Manifiesto Comunista, Karl Marx y Friedrich Engels sintetizaron esta relación de manera tajante:
“El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”
El “Caso Hermosilla” expone en tiempo real cómo funciona esa “junta administrativa”: los fallos judiciales, las investigaciones penales y las designaciones en el aparato de justicia se compraban, vendían o negociaban en función de proteger la tasa de ganancia de los grupos económicos y de asegurar la impunidad de los políticos que les sirven.
Ante la magnitud de un escándalo que amenazaba con arrastrar a figuras centrales de todo el espectro político patronal y a la propia cúpula del Poder Judicial, la respuesta estratégica de la Fiscalía Nacional ha sido la fragmentación de las causas. Presentada bajo la coartada técnica de la “eficiencia procesal” y la “especialización de las investigaciones”, la división del expediente en pequeñas piezas inconexas opera en realidad como un mecanismo de contención política. Al aislar cada delito, cada chat o cada imputado en carpetas separadas, el Ministerio Público diluye el carácter sistémico del entramado, impidiendo que se configure judicialmente la figura de asociación ilícita, la cual exigiría juzgar la trama en su conjunto como una conspiración orgánica de la clase dominante.
Esta táctica de aislamiento no es nueva; forma parte del repertorio histórico de la justicia burguesa cuando se enfrenta a sus propias contradicciones. La fragmentación procesal persigue un triple objetivo ideológico y político: amortiguar el impacto en la opinión pública mediante un goteo judicial interminable, ofrecer “chivos expiatorios” de perfil secundario para calmar el descontento popular y, sobre todo, blindar a los verdaderos beneficiarios del esquema: las grandes corporaciones y las cúpulas del poder económico. Mientras la ley penal se aplica con implacable rigor punitivo contra la clase trabajadora por delitos contra la propiedad privada, el aparato judicial demuestra una flexibilidad infinita para reconducir, atenuar y finalmente archivar los crímenes de cuello y corbata commetidos desde las alturas del Estado.
Frente al discurso hegemónico que promete “reformas a las designaciones judiciales” y confía en la “autotutela de las instituciones”, la perspectiva marxista sostiene que la corrupción no es una anomalía del capitalismo, sino su modo de funcionamiento natural cuando el poder económico se fusiona con el poder estatal. La separación de las causas por parte de la Fiscalía desvela que el derecho burgués no fue diseñado para impartir justicia universal, sino para garantizar la continuidad de la dominación de clase. La única impugnación real a esta red de impunidad no vendrá de los pasillos de los tribunales ni de los acuerdos parlamentarios, sino de la movilización autónoma del pueblo trabajador contra un régimen político concebido por y para el capital.