El desplome del respaldo al gobierno derechista, que perfora el piso del 27% de aprobación mientras la desaprobación roza el 64%, confirma que la demagogia autoritaria es incapaz de contener el deterioro de las condiciones materiales de vida de las mayorías populares.
Por Equipo El Despertar
Los últimos sondeos de opinión emitidos por las consultoras de la plaza política local —encabezados por los reportes de Criteria y Cadem— han registrado un deterioro acelerado en la valoración pública del Presidente José Antonio Kast y su gabinete. La narrativa hegemónica, difundida por la prensa corporativa y los analistas de la plaza financiera, ha buscado encuadrar este retroceso en categorías de “desgaste comunicacional”, “problemas de gestión en seguridad” o “expectativas ciudadanas desmedidas”. Esta interpretación de coyuntura pretende ocultar la contradicción de fondo: el quiebre de la ilusión electoral frente a la aplicación sistemática de un programa económico diseñado para profundizar la precarización salarial y garantizar las ganancias del gran capital.
Desde la perspectiva del materialismo histórico y la crítica de la economía política, la caída en las encuestas no constituye un simple vaivén de la demoscopia burguesa, sino el síntoma del agotamiento del consenso punitivo y la política de austeridad fiscal. La contención del gasto social, el anunciado recorte de personal en la administración pública y las políticas de restricción del crédito han impactado directamente en el consumo de los hogares obreros, mientras la inflación residual y el estancamiento del empleo formal pulverizan el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. La retórica de la “disciplina económica” revela así su verdadera naturaleza: un mecanismo para transferir los costos de la desaceleración directamente sobre las espaldas del proletariado.
En sus comunicados frente a la coyuntura, organizaciones sindicales y delegados de base han subrayado el trasfondo de este descontento, señalando que “la desilusión masiva con el gobierno no responde a errores de vocería, sino a la constatación cotidiana de que el programa oficial prioriza las exenciones fiscales para el empresariado y el endeudamiento de las familias mientras recorta las ayudas sociales y precariza los servicios públicos”. Esta declaración desmantela la pretensión de la extrema derecha de presentarse como un bloque “populista y transversal”, dejando en evidencia que su gestión es la prolongación orgánica de los intereses de la oligarquía y el capital transnacional.
El dato de que una abrumadora mayoría de los encuestados considere que la gestión estatal ha estado “por debajo de las expectativas” —alcanzando incluso a importantes sectores que respaldaron su candidatura— expone la brecha insalvable entre el discurso del orden y la realidad del modelo de acumulación. La crisis de aprobación del Ejecutivo demuestra que la coacción policial y el endurecimiento punitivo no pueden suplir la falta de pan, trabajo y vivienda. Para la clase trabajadora, el escenario que se abre exige superar la sola resignación electoral y avanzar en la organización de una alternativa propia que dispute el rumbo económico en las calles y los lugares de trabajo.