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El rechazo a Kast evidencia los límites de la «Concordia Mercantilis» y el desgaste del modelo autoritario

Nov 15, 2026

Las recientes mediciones de opinión pública —que sitúan la aprobación del Presidente en un mínimo del 18%— reflejan la creciente desafección de la clase trabajadora frente a una administración que ha concentrado el poder penal mientras precariza las condiciones de vida y desmantela las garantías populares.

La permanente caída en los niveles de aprobación del presidente José Antonio Kast y su gestión gubernamental no constituye un hecho coyuntural ni un mero fenómeno de comunicación política, como pretenden instalar los analistas de la hegemonía neoliberal. La encuesta Agenda Criteria publicada este domingo sitúa la aprobación presidencial en un histórico mínimo del 18% —con una desaprobación que alcanza al 72%—, atribuida por los propios sondeos a la crisis de empleo, el costo de la vida y el profundo rechazo a las rebajas de condenas del Ministerio de Justicia. En lugar de obedecer a «errores de vocería» o a fluctuaciones superficiales del clima de opinión, el masivo repudio popular manifestado en las cifras responde al choque inevitable entre la realidad material de las mayorías sociales y un proyecto político diseñado para blindar la acumulación de capital a costa del sufrimiento de la clase trabajadora.

Desde el materialismo histórico, la desaprobación al Ejecutivo debe leerse como el síntoma del desgaste de una racionalidad que intenta imponer la paz de los mercados mediante el disciplinamiento social. Como advierte Álvaro Ramis al analizar las estrategias del iliberalismo contemporáneo, «la nueva derecha no se ha limitado a ganar elecciones o a imponer políticas, sino que ha reordenado las condiciones mismas bajo las cuales se produce la verdad política», promoviendo una prioridad sistémica de la eficiencia económica por sobre la justicia y los derechos fundamentales. No obstante, cuando las políticas de desregulación tributaria y retroceso social impactan directamente en el costo de la vida y la estabilidad laboral, la construcción retórica del «realismo técnico» colapsa ante la experiencia cotidiana de la precariedad.

El descontento ciudadano desenmascara, asimismo, la falacia de la neutralidad de las instituciones y el uso de la seguridad como espectáculo coercitivo. Frente a un aparato estatal que potencia el brazo penal e intensifica la impunidad de las fuerzas represivas para proteger el orden dominante, el pueblo trabajador comienza a identificar que la retórica de la «mano dura» no resuelve las causas estructurales del abandono social. Tal como sostiene el abogado y analista crítico Fernando Monsalve Arias, «el ordenamiento jurídico y el aparato estatal no habitan un vacío ideológico. Constituyen la cristalización institucional de relaciones históricas de poder y de dominación de clase».

La baja en la aprobación presidencial confirma que la hegemonía no se sostiene de forma indefinida cuando la distancia entre la experiencia concreta de los barrios y las narrativas oficiales se vuelve insalvable. Lejos de las lecturas complacientes que reducen la política a encuestas y marketing, la brecha abierta entre el gobierno autoritario y la mayoría trabajadora reafirma la urgencia de rearticular la organización comunitaria y la palabra colectiva, demostrando que ningún proyecto de subordinación al capital puede clausurar de forma permanente la capacidad de resistencia del movimiento popular.

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