El diputado republicano Alejandro Riquelme, su pareja y madre de tres de sus hijos, Susan Chicuy, se encuentran en el centro de una investigación penal abierta por la Fiscalía de Punta Arenas tras la denuncia presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes. El mecanismo utilizado es una perversión de clase: omitir la relación sentimental y patrimonial para calzar en el perfil del “40% más vulnerable” y así acceder a un subsidio habitacional del programa Fondo Solidario de Vivienda (DS49) —un beneficio diseñado para familias en situación crítica—, mientras el parlamentario se desempeñaba como consejero regional y aprobaba el cofinanciamiento del mismo proyecto. El caso es un calco de la hipocresía del “partido del orden”: mientras el gobierno de José Antonio Kast recorta miles de millones de pesos en salud, vivienda y desarrollo social, y persigue a funcionarios públicos de base por presuntas irregularidades, sus propias filas utilizan el erario como botín personal. La respuesta de la derecha no ha sido la autocrítica, sino el silencio y las excusas; una lección más sobre cómo la “mano dura” y la “probidad” son solo un discurso para disciplinar a los de abajo, mientras los de arriba se sirven a sus anchas.
Por Equipo El Despertar
Punta Arenas. La doble moral del discurso de la “mano dura” ha quedado al desnudo en la Región de Magallanes. El Serviu de esa zona ingresó una denuncia ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra dos personas por acceder a un proyecto habitacional del programa Fondo Solidario de Vivienda mediante la modalidad de reemplazo. Una de ellas es Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme Ducci y madre de tres de sus hijos. El propio ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que instruyó al Serviu para que realizara la denuncia respectiva, la cual se materializó el pasado 8 de mayo tras una revisión de antecedentes vinculados al proyecto habitacional “Estepa Austral I”. La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ya decretó las primeras diligencias para esclarecer los hechos.
El mecanismo: la ingeniería del engaño
El corazón de la irregularidad radica en la manipulación del Registro Social de Hogares (RSH). Al momento de la postulación en 2022, Susan Chicuy declaró ser soltera, madre de cuatro hijos y residente junto a su madre en un sector rural de Punta Arenas, bajo condiciones de déficit habitacional alto y hacinamiento. Lo que omitió fue su vínculo con el entonces consejero regional Alejandro Riquelme, padre de tres de los menores declarados, así como la existencia de sociedades comerciales compartidas. Además, cuando las viviendas fueron entregadas en 2023, Riquelme ejercía como consejero regional, organismo que había participado en la aprobación del financiamiento complementario del proyecto. El oficio del Serviu señala que “de haberse declarado la información de forma fidedigna, no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles, según su declaración de patrimonio”. En otras palabras, la pareja del diputado nunca debió estar en la lista de espera de las familias más pobres; su sitio correspondía a los escalones más altos de la pirámide social. El mismo mecanismo de reemplazo fue empleado por Julia López, pareja del anterior director del Serviu regional, Dubalio Pérez, quien estuvo en el cargo hasta marzo de 2022.
Las redes empresariales del diputado
Los tentáculos del caso se extienden al ámbito comercial. Diversos registros oficiales vinculan a Riquelme y Chicuy en tres sociedades anónimas: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA, todas domiciliadas en una vivienda cercana a la Plaza Sampaio. Una de estas empresas, Magallania Asesorías, solo en 2026 se ha adjudicado contratos por más de 18 millones de pesos con el Estado, aprovechando la red de contactos que la cercanía al poder proporciona. Este entramado empresarial pone en evidencia que no se trata de un error administrativo aislado, sino de la utilización sistemática de los recursos públicos para beneficio personal.
La reacción de la derecha: negación y cortinas de humo
Lejos de asumir responsabilidades, el diputado Riquelme salió al paso con una declaración que busca desviar la atención: negó estar siendo investigado por algún delito y sostuvo que la derivación de información “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”. En una maniobra que intenta instalar la narrativa de la “persecución política”, afirmó que “llama profundamente la atención que este tipo de filtraciones aparezcan precisamente cuando hemos intensificado la fiscalización sobre irregularidades relacionadas con la compra de terrenos y construcción de viviendas en Magallanes”. El Partido Republicano, por su parte, optó por el silencio. Ninguna voz de la bancada oficialista se ha levantado para cuestionar al parlamentario o exigir su suspensión. La promesa de “mano dura” contra la corrupción que tanto pregonaron en campaña se desvanece cuando los acusados usan sus mismos colores políticos.
La hipocresía del ajuste fiscal y la corrupción de clase
La paradoja es brutal. El gobierno de José Antonio Kast, que hace apenas dos semanas anunció un recorte de más de 200 mil millones de pesos en subsidios habitacionales para el 2026 —reduciendo drásticamente los cupos del mismo programa DS49 y dejando a más de 20 mil familias vulnerables sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna—, ahora descubre que sus propias filas desangran el erario mediante el engaño. La investigación cobra una relevancia política mayúscula. La diputada republicana y futura ministra de Bienes Nacionales, Claudia Pérez, fue clara durante la tramitación presupuestaria: “Los recursos no alcanzan para todo, hay que priorizar”. Hoy, esas palabras se vuelven un boomerang. Se prioriza el ajuste para los campamentos y la sobrerrepresentación para los operadores políticos. Mientras el ministro Poduje se ufana de haber ordenado la denuncia, la derecha se escuda en el “principio de inocencia” para proteger a uno de los suyos.
Epílogo: la justicia de clase
La clase trabajadora debe entender la lección: el Estado, bajo el gobierno de Kast, no es un ente neutral. Cuando se trata de perseguir a un dirigente social o desfinanciar un programa de salud, la maquinaria funciona a toda máquina. Cuando se trata de indagar a los propios, la maquinaria se atasca, los plazos se dilatan y los acusados se escudan en tecnicismos. La investigación penal que hoy indaga a Riquelme y a la ex jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales que propuso los nombres deberá demostrar si hubo dolo o solo “omisiones”. Pero tras bambalinas ya se teje la defensa corporativa: el error fue de la funcionaria de carrera, la irregularidad fue “solo una omisión administrativa”, el diputado no firmó personalmente la resolución. La bicicleta sigue girando, y los de siempre vuelven a salvarse. La corrupción de la élite no se combate con comisiones parlamentarias, sino con la organización de los trabajadores para arrebatarle el control de los recursos al poder político. Mientras eso no ocurra, los Riquelme de este país seguirán durmiendo tranquilos en sus casas, mientras las familias pobres de Magallanes esperan la vivienda que les fue robada.