La crisis social y política más grave que ha vivido Bolivia en la última década cumplió este miércoles seis semanas consecutivas, con el país paralizado por bloqueos de carreteras, desabastecimiento de alimentos y combustibles, y una polarización que amenaza con derivar en una crisis humanitaria de proporciones. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos, mineros y sectores populares exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, el gobierno de derecha ha respondido con la aprobación de una ley que le permite declarar el “estado de excepción” por hasta 90 días, allanando el camino para la militarización del conflicto y la represión de las movilizaciones. La clase trabajadora boliviana, que ya soportaba los coletazos de una crisis económica heredada, se enfrenta ahora a una ofensiva abierta del capital: mientras los sectores populares se juegan la vida en las rutas para evitar más hambre, el gobierno de Paz, alineado con los intereses de la oligarquía, prepara las herramientas legales para criminalizar la protesta y proteger los privilegios de una élite que no está dispuesta a ceder ni un ápice de su poder.
Por Equipo El Despertar
La Paz. El reloj corre en contra del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. A 49 días del inicio de las movilizaciones [2†L40-L41], Bolivia se encuentra sumida en una crisis de gobernabilidad que ya ha dejado al menos siete muertos —la mayoría por falta de atención médica debido a los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos [9†L40-L41]. La cifra de arrestos, según datos de la Defensoría del Pueblo, ascendió a 365 personas hasta el 15 de junio, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas [13†L20-L22].
Lo que comenzó el 1 de mayo como una declaratoria de paro indefinido de la COB [2†L43-L44], impulsada inicialmente por demandas sectoriales de aumento salarial y la eliminación de los subsidios a los combustibles [5†L29-L30], se ha transformado en un movimiento que exige la renuncia del mandatario [0†L10-L11]. Los manifestantes pasaron de reclamos sectoriales a la solicitud de renuncia presidencial, frente a la reacción de sectores económicos y sociales que denuncian pérdidas millonarias y dificultades para acceder a productos básicos [7†L28-L31]. La demanda de la COB es clara y no admite matices: “Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, afirmó el dirigente Severo Marca [9†L24-L26].
El cerco de los de abajo: bloqueos que paralizan al país
La magnitud de la movilización popular es inédita desde la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales [9†L16-L17]. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país ha registrado hasta 94 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, con Cochabamba como epicentro de los cortes de ruta, concentrando 30 puntos, seguida por La Paz con 22 bloqueos [11†L23-L26].
La paralización del transporte terrestre ha generado un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos en las principales ciudades [3†L33-L35]. La situación es especialmente crítica en La Paz, sede del gobierno, que lleva más de 30 días aislada del resto del país con escaso suministro de alimentos y combustible y reservas mínimas de oxígeno en los hospitales [9†L11-L13]. La emergencia humanitaria se ha cobrado víctimas fatales: pacientes que no pudieron recibir atención médica por la imposibilidad de transportar oxígeno, medicinas y alimentos [0†L26-L29]. El ministro de Desarrollo Económico, Oscar Justiniano, anunció la firma de un acuerdo con sindicatos para habilitar un corredor humanitario que abastezca a La Paz [9†L33-L34], pero las medidas han sido insuficientes ante la magnitud de la crisis.
La respuesta del capital: estado de excepción y militarización
Frente a la embestida popular, el gobierno de Paz ha optado por la vía represiva. El 7 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que regula los estados de excepción, estableciendo un marco jurídico para la declaración y aplicación de medidas extraordinarias en casos de conmoción interna o peligro para la seguridad del Estado [8†L6-L13]. Con la promulgación de la norma, el gobierno cuenta con base legal para declarar estados de excepción por un período de hasta 90 días, ampliable con autorización legislativa, aunque la medida deberá ser sometida a consideración de la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su emisión [0†L15-L18].
La discusión sobre el “estado de excepción” se intensificó tras los recientes enfrentamientos durante operativos de desbloqueo y las advertencias sobre una escalada del conflicto [7†L15-L17]. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó que el Ejecutivo revisa la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias, aunque advirtió que su eventual aplicación requiere una evaluación integral de factores políticos, económicos y operativos [7†L13-L19].
Analistas advierten que un eventual “estado de excepción” tiene dos salidas: profundizar la crisis con bajas lamentables o contribuir a restablecer la tranquilidad sin resolver las causas de la crisis [0†L6-L7]. La prolongación del conflicto, sin embargo, no es un accidente: es impulsada por la COB, campesinos, mineros, profesores rurales y otros sectores sociales que han sido empujados al límite por un modelo económico que los excluye [7†L27-L29].
El diálogo como farsa: cuando la paz se negocia con los de abajo
El 17 de junio, el presidente Paz instaló una mesa de diálogo con la COB en el Banco Central de Bolivia, en lo que constituyó el primer acercamiento formal entre el gobierno y la principal organización sindical del país tras casi siete semanas de confrontación [10†L5-L12]. “Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación”, dijo Paz al inaugurar el encuentro [10†L14-L15].
Sin embargo, el diálogo se ha topado con un obstáculo insalvable: la exigencia de la COB de la liberación de los manifestantes detenidos. “No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, condicionó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo [13†L9-L10]. El encuentro, que duró poco más de dos horas, cerró con la conformación de una comisión jurídica para evaluar la situación de los detenidos, mientras los bloqueos continuaban [13†L4-L8]. Argollo fue tajante: “Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido” [13†L17-L20].
La función de clase de la crisis: el capital contra el pueblo
Desde una perspectiva marxista, la crisis boliviana no es un accidente ni un exabrupto de la conflictividad social, sino la manifestación más brutal de la lucha de clases en un país donde el ajuste neoliberal ha profundizado la desigualdad y la exclusión. El origen de la crisis se remonta a la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional que disparó los precios y golpeó directamente el bolsillo de los trabajadores [0†L39-L42].
El presidente Paz, que asumió el poder hace apenas siete meses [8†L8-L9], ha demostrado con creces su alineamiento con los intereses de la oligarquía. Su respuesta a la movilización popular no ha sido la negociación de fondo ni la reparación de las injusticias estructurales, sino la preparación del terreno para la represión. La ley de estados de excepción es el instrumento legal que permitirá al gobierno criminalizar la protesta y desplegar a las Fuerzas Armadas contra su propio pueblo.
La reciente renuncia de los ministros de Defensa y Educación en medio de las protestas [6†L27-L29] revela las fisuras internas del gabinete, pero también la determinación del núcleo duro del gobierno de no ceder ante las demandas populares. El propio Paz ha rechazado negociar su renuncia, la principal demanda de las organizaciones sindicales y campesinas [6†L12-L16]. La única salida que el gobierno ofrece es el diálogo sin garantías, mientras las balas y los gases lacrimógenos siguen siendo la respuesta a quienes exigen justicia.
Epílogo: la resistencia no se rinde
A pesar del desgaste y las pérdidas, la movilización popular no ha cedido. La COB y la Federación de Campesinos de La Paz “Túpac Katari” han flexibilizado su posición y determinado dialogar con el gobierno en base a listados de demandas que incluyen la liberación de los detenidos, la abrogación de decretos considerados inconstitucionales y el cumplimiento de promesas electorales [13†L35-L38]. Sin embargo, los cocaleros del bastión político del expresidente Evo Morales han descartado su repliegue y ratificado la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca [13†L42-L44].
La clase trabajadora boliviana ha demostrado que, cuando el hambre aprieta y la dignidad se pisotea, la resistencia no se negocia. El gobierno de Paz puede tener el poder de las armas y las leyes de excepción, pero no tiene la capacidad de doblegar la voluntad de un pueblo que ha decidido levantarse. La crisis boliviana es un espejo de lo que ocurre en toda América Latina: el ajuste neoliberal, la represión y la criminalización de la protesta son las herramientas de una clase dominante que se niega a perder sus privilegios. Pero la historia ha demostrado que, cuando los de abajo se organizan, los de arriba tiemblan. Y en Bolivia, el temblor ya se siente.