La ex primera ministra peruana Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de “conspiración para la rebelión”, arribó este viernes a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, tras permanecer casi nueve meses asilada en la embajada de México en Lima —primero bajo resguardo directo y luego bajo custodia de la representación brasileña, tras la ruptura de relaciones bilaterales entre Perú y México. La salida de Chávez, facilitada por el gobierno de Keiko Fujimori mediante la entrega de un salvoconducto, viene acompañada del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras la Casa Blanca y los medios hegemónicos celebran la “normalización” de las relaciones bilaterales, la clase trabajadora de ambos países asiste a un nuevo capítulo de la misma historia: la justicia de clase que persigue a los defensores del pueblo y el asilo como única trinchera para quienes se niegan a doblegarse ante el lawfare.
Por Equipo El Despertar
Lima / Ciudad de México. La noche del viernes 7 de agosto de 2026, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en territorio azteca con una pasajera que durante meses fue el centro de una tormenta diplomática y judicial. Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, abandonó Perú tras recibir el salvoconducto del gobierno de Keiko Fujimori. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la llegada y destacó que el acuerdo fue posible gracias al “diálogo de buena voluntad” con el nuevo gobierno peruano, lo que permitirá restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Pero el viaje de Chávez no es un simple traslado de una persona de un país a otro. Es la culminación de una batalla legal y política que comenzó el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso mediante un mensaje televisado. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó a Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en aquel intento, calificándola de coautora del delito de “conspiración para la rebelión”.
La justicia de clase y la “rebelión” de los de abajo
La condena de Chávez no es un hecho aislado, sino la continuación de la ofensiva de la derecha peruana contra los sectores populares. El gobierno de Pedro Castillo, elegido por la clase trabajadora y los pueblos indígenas, fue derrocado no por una rebelión, sino por una alianza de la oligarquía local con el poder judicial y los medios hegemónicos. La “conspiración para la rebelión” que se le imputa a Chávez no es más que la coartada legal para perseguir a quienes defendieron un proyecto de transformación social.
Chávez se refugió en la Embajada de México en Lima en noviembre de 2025, tras dejar de asistir a las sesiones judiciales. México le concedió asilo diplomático, y el gobierno de Claudia Sheinbaum defendió su decisión como un acto de protección a una perseguida política. Pero la respuesta del gobierno peruano fue la ruptura de relaciones diplomáticas con México, una medida que dejó a Chávez bajo el resguardo de la embajada de Brasil durante meses.
La hipocresía de la “institucionalidad” y el lawfare como política de Estado
El canciller peruano, Carlos Espá, justificó la entrega del salvoconducto como un acto de “respeto a las leyes” y “cumplimiento de la Convención de Caracas”. Pero la misma administración que hoy se ufana de su institucionalidad es la que persiguió a Chávez con todas las herramientas del lawfare, la misma que condenó a Castillo y la que mantiene una política de persecución contra los movimientos populares.
La ironía es brutal: mientras la justicia peruana condena a Chávez por “conspiración”, los grandes empresarios que evaden impuestos, los políticos que se enriquecen con el narcotráfico y los jueces que fallan a favor de los poderosos siguen gozando de total impunidad. El lawfare no es una desviación del sistema, sino su característica central: una herramienta de clase para perseguir a los de abajo y proteger a los de arriba.
El asilo como trinchera y la solidaridad de los pueblos
La llegada de Chávez a México no es solo un triunfo diplomático; es una derrota de la derecha peruana y una victoria de la solidaridad entre los pueblos. El gobierno de Sheinbaum, que ha mantenido una postura de defensa de los derechos humanos frente a la ofensiva neoliberal, ha demostrado que el asilo sigue siendo una herramienta de resistencia frente a la persecución política.
Chávez, por su parte, ha dejado claro que su lucha continúa. En su mensaje de Año Nuevo, deseó un “extraordinario año 2026” y destacó valores como “el amor, la lealtad y el respeto”. Pero su lucha no es por valores abstractos, sino por la defensa de un proyecto político que los de arriba intentaron enterrar.
Epílogo: el lawfare no es el fin de la resistencia
La llegada de Betssy Chávez a México no es el fin de la historia, sino su continuación. La derecha peruana ha perdido una batalla, pero la guerra contra los movimientos populares continúa. La clase trabajadora de Perú y de toda América Latina debe entender que el lawfare, la persecución judicial y la criminalización de la protesta son las armas de un sistema que no tolera la disidencia.
Pero la resistencia no se rinde. Chávez ha llegado a México, pero su lucha es la lucha de todos los que se niegan a doblegarse ante la justicia de clase. La solidaridad entre los pueblos es la única respuesta posible al lawfare y la persecución. Mientras el gobierno de Fujimori celebra el “restablecimiento de las relaciones diplomáticas”, la clase trabajadora peruana y mexicana sabe que la verdadera relación que importa es la que se teje entre los de abajo, a través de las fronteras, para construir un mundo donde la justicia no sea un privilegio de los poderosos, sino un derecho de todos.