La desviación y opacidad en el manejo de transferencias fiscales hacia entidades privadas lideradas por socios directos del poder local desvela cómo las corporaciones comunales operan como mecanismos de acumulación privada y reproducción de clase.
Por Equipo El Despertar
El estallido de un nuevo foco de irregularidades financieras que salpica a la alcaldía de Lo Barnechea —donde la figura del jefe comunal aparece entrelazada con socios comerciales e ideológicos que ejercen como tesoreros y administradores de corporaciones que perciben millonarias subvenciones fiscales— excede el marco del simple «delito individual» o la «falta a la probidad». La articulación entre el aparato municipal y entes de derecho privado constituye una estrategia sistemática mediante la cual la burguesía extractora de renta fiscal convierte los recursos generados por la masa trabajadora en capital disponible para el beneficio de redes de influencia locales.
La utilización de corporaciones y organizaciones funcionales para traspasar fondos públicos hacia esferas privadas opera como un refinado mecanismo de desposesión y elusión de fiscalización estatal. Como explicaba Karl Marx en El Capital, «la administración del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa». En el ámbito local de las comunas de mayores ingresos, esta máxima se materializa mediante la creación de estructuras híbridas que eluden la Ley de Compras Públicas y los controles de Contraloría, permitiendo que allegados, socios de negocios y operadores del mismo bloque dominante gestionen y distribuyan el presupuesto público bajo la lógica de la ganancia privada.
La narrativa hegemónica apela habitualmente al concepto de «casos aislados de corrupción» o a fallas en la «eficiencia de la gestión pública», buscando proteger la legitimidad del modelo institucional burgués. Sin embargo, Vladimir Lenin advertía en El Estado y la revolución que «la omnipotencia de la riqueza es más segura en las repúblicas democráticas porque no depende de un mal envoltijo del capitalismo, sino del uso de la máquina estatal para garantizar la hegemonía de clase». El contubernio entre alcaldes, tesoreros y directores de corporaciones privadas que reciben dinero del erario no es un accidente del sistema, sino la consecuencia lógica de la mercantilización de los servicios públicos y la privatización de las funciones del Estado.
Frente a la ilusión de que querellas individuales o reformas cosméticas a la transparencia resolverán el saqueo sistemático de las arcas municipales, la perspectiva de la clase trabajadora demanda la abolición de las corporaciones privadas financiadas con recursos públicos y la instauración de una verdadera gestión democrática y comunal. La superación del extractivismo urbano y de la corrupción enquistada en las comunas ricas exige desmantelar los enclaves donde el capital privado se financia a costa del trabajo socializado, transformando el control de los recursos en una herramienta al servicio de las mayorías populares.