Lo que debía ser una protesta pacífica para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast —exigiendo el pago de una deuda de $21.800 millones que el Estado mantiene con la atención primaria— terminó con carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas, gas pimienta y al menos once trabajadores de la salud detenidos. Los funcionarios de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) no llegaron a tomarse el palacio: llegaron a entregar un documento y a reclamar por recursos que el gobierno ya les debe desde hace seis meses. La respuesta del Estado fue la fuerza bruta, la misma lógica de clase que utiliza el gobierno de Kast para acallar a quienes defienden la salud pública, mientras los grupos económicos celebran las rebajas tributarias millonarias que el propio Ejecutivo les ha concedido.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile, 8 de julio de 2026. Cerca de las 10:30 de la mañana, más de seiscientos dirigentes y dirigentas de la Confusam se congregaron en la Plaza de la Constitución para iniciar una marcha pacífica hacia el Palacio de La Moneda. Su objetivo no era la confrontación, sino la entrega de una carta al Presidente José Antonio Kast para exigir el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado con la salud municipalizada. La deuda asciende a más de $21.800 millones, correspondientes al reajuste del per cápita de salud que financia la atención primaria en todo el país. Esa plata, que debía haber llegado hace seis meses, sigue represada en los escritorios de Contraloría y Hacienda.
Pero la respuesta del gobierno no fue el diálogo. Apenas los manifestantes ocuparon la calzada norte de la Alameda, a la altura de Teatinos, bloqueando el tránsito durante más de una hora, personal del Control de Orden Público de Carabineros intervino con todo el arsenal represivo del Estado.
La “brutal” represión de una protesta legal
Carabineros utilizó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores. La dirigenta nacional de Confusam, Makarena Albornoz, denunció una “gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”. La presidenta del gremio, Gabriela Flores, fue aún más explícita: los funcionarios fueron “reprimidos con bombas lacrimógenas, gas pimienta y una agresión brutal”. El saldo fue de al menos once detenidos, entre ellos el dirigente nacional Atilio Herrera.
Mientras tanto, el Palacio de La Moneda realizaba actividades abiertas al público por la conmemoración del Bicentenario de la Presidencia, que debieron ser interrumpidas por los incidentes. La ironía es brutal: mientras el gobierno celebraba sus dos siglos de existencia, reprimía a quienes le reclamaban el cumplimiento de sus obligaciones más básicas.
La Confusam no llegó a La Moneda a tomarse un palacio: llegó a entregar una carta. Pero la lógica de clase del Estado chileno no distingue entre una protesta pacífica y una insurrección. Para el gobierno de Kast, cualquier manifestación de los trabajadores es una amenaza al orden que debe ser aplastada con la fuerza bruta.
La deuda que el gobierno prefiere no pagar
La protesta de la Confusam no es un capricho gremial. Los trabajadores de la salud municipalizada exigen el pago de una deuda que el Estado ya les debe: más de $21.800 millones correspondientes al reajuste del per cápita de salud. Esta deuda afecta directamente el funcionamiento de los consultorios y centros de salud familiar en todo el país, que dependen de estos recursos para cubrir sueldos, insumos y prestaciones.
Pero la situación es aún más grave. La Dirección de Presupuestos (Dipres) ya ha anunciado que más de 40 programas de atención primaria serán descontinuados a partir de 2027. El Ministerio de Salud, por su parte, ha recortado 2.8 billones de pesos a la salud pública durante el actual período presidencial. Y el alza del diésel ha encarecido los traslados, afectando especialmente a las zonas rurales.
La Confusam ha sido clara: “Ahorrar en prevención, salud mental o cuidados paliativos no reduce la demanda de salud, solo la traslada a etapas más graves, más caras y más difíciles de resolver”. Pero el gobierno de Kast no escucha argumentos técnicos. Su respuesta es la represión.
Epílogo: la hipocresía de la “mano dura”
La brutal represión contra la Confusam no es un hecho aislado. Es la continuación de la misma lógica de clase que ha guiado al gobierno de Kast desde su llegada a La Moneda. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora responde con gases lacrimógenos a quienes le reclaman el cumplimiento de sus obligaciones más básicas.
La Confusam ha llamado al Ejecutivo a rectificar este camino de desmantelamiento. Pero la rectificación no vendrá de un gobierno que ha hecho de la represión su respuesta predilecta. La clase trabajadora de la salud, que ha sido la primera línea de defensa de la vida durante la pandemia y que hoy sostiene la atención primaria del país entero, merece algo más que gases y detenciones. Merece el pago de lo que se le debe y el respeto que el gobierno se niega a conceder.
Mientras el Estado siga respondiendo con represión a las demandas justas de los trabajadores, la lucha de la Confusam no será solo una lucha gremial, sino parte de la resistencia de los de abajo contra un sistema que los explota, los precariza y, cuando se atreven a alzar la voz, los reprime sin piedad.