El gobierno de José Antonio Kast confirmó que el Presidente sostuvo una reunión en La Moneda con Peter Thiel, cofundador de PayPal y de la gigante de inteligencia artificial y vigilancia Palantir Technologies, pero se negó a revelar el contenido del encuentro bajo el argumento de la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas” del Mandatario. La confirmación llegó tras un oficio del diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), quien exigió saber qué conversó el jefe de Estado con uno de los empresarios más influyentes del mundo en materia de datos, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia. Mientras La Moneda califica la cita de “breve y meramente protocolar”, la visita de Thiel a Chile, que incluyó reuniones con Johannes Kaiser y José Piñera, coincide con la ofensiva del gobierno de Kast por instalar una agenda de “seguridad digital” que incluye vigilancia masiva, inteligencia artificial predictiva y un registro de “vándalos”. La clase trabajadora asiste, una vez más, al espectáculo de un poder que se reúne a puertas cerradas con los dueños del capital tecnológico global, mientras la transparencia y el interés público son sacrificados en el altar de los negocios y la vigilancia.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Durante semanas, la pregunta recorrió los pasillos del Congreso y las redes sociales: ¿se reunió realmente el Presidente José Antonio Kast con el magnate tecnológico Peter Thiel? La respuesta llegó el 8 de junio, cuando el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, firmó el oficio ordinario N°850, confirmando que la cita efectivamente se realizó en el Palacio de La Moneda. Pero la confirmación vino acompañada de un muro de opacidad: el gobierno se negó a revelar los temas abordados, argumentando que se trata de “asuntos del Presidente de la República, que se encuentran amparadas por la garantía constitucional del artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República, que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”.
El diputado Gonzalo Winter (FA), quien impulsó el oficio, fue categórico en su crítica: “Es oficial: el presidente Kast SÍ se juntó con Peter Thiel en La Moneda. Sin embargo, se negaron a transparentar lo más importante: ¿por qué se reunieron y qué temas se conversaron?”. Winter había advertido previamente que “lo que esta persona puede conversar con un jefe de Estado es tremendamente importante, porque hablamos de alguien que controla sistemas de datos y vigilancia utilizados en contratos con distintos Estados”.
El “breve y protocolar” encuentro que nadie quiere explicar
La respuesta oficial del Ejecutivo no solo invocó la inviolabilidad de las comunicaciones del Presidente, sino que también recordó que el Mandatario “no es sujeto pasivo de lobby al encontrarse expresamente excluido de la Ley N°20.730 que regula el Lobby”. En otras palabras: el Presidente puede reunirse con quien quiera, sin rendir cuentas, sin registro público, sin transparencia.
La justificación es, desde una perspectiva de clase, la consagración de un doble estándar. Mientras los funcionarios públicos de menor rango deben rendir cuentas, registrar sus reuniones y someterse al escrutinio de la ley, el jefe del Ejecutivo se coloca por encima de esas exigencias, blindado por una interpretación de la Constitución que protege los intereses del poder antes que los de la ciudadanía. Como señala una columna de El Mostrador, “que el Ejecutivo use garantías constitucionales diseñadas para proteger a la ciudadanía frente al poder estatal para blindar la opacidad de una reunión presidencial con el dueño de la mayor empresa de vigilancia de datos del planeta, es alarmante y lesiona los principios de transparencia democrática”.
Peter Thiel: el “tecnofeudal” que cree que libertad y democracia son incompatibles
Thiel no es un inversionista cualquiera. Es cofundador de Palantir Technologies, una empresa que provee infraestructura de análisis de datos e inteligencia artificial a los principales ejércitos y agencias de espionaje del mundo. Su CEO, Alex Karp, publicó en 2025 un manifiesto que reivindica el “poder duro” y el rol de Silicon Valley en construir armas informáticas de IA, reforzando el poder estadounidense. Thiel, por su parte, ha declarado públicamente, en un ensayo de 2009, que “ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.
La visita de Thiel a Chile no fue un evento aislado. Entre abril y mayo de 2026, el magnate se reunió con el presidente Milei en Buenos Aires, con el presidente Peña en Asunción, y con figuras como José Piñera y Johannes Kaiser en Santiago. Fue el propio Kaiser quien reveló posteriormente que Thiel manifestó interés en explorar inversiones ligadas a la minería en Chile y Argentina. La reunión con Kast, sin embargo, fue la única que el gobierno mantuvo en secreto hasta que un oficio parlamentario la obligó a reconocerla.
La huella de Palantir en la región: el negocio de la vigilancia
El encuentro no es una curiosidad política. Palantir ya tiene presencia concreta en la región. En mayo de 2025, el gobierno de Ecuador firmó un contrato con la empresa cuyo contenido fue declarado confidencial, sin licitación pública ni transparencia ciudadana. En Argentina, el último día de 2025, se reformó vía decreto la Ley de Inteligencia, creando una agencia de ciberinteligencia y habilitando el cruce masivo de bases de datos personales.
El gobierno de Kast, por su parte, ha convertido la “seguridad digital” en una prioridad, con el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros y una agenda de vigilancia que incluye un “registro de vándalos” y el uso predictivo de IA con fines de seguridad pública. En este contexto, la reunión con el dueño de la mayor empresa de vigilancia de datos del planeta adquiere una dimensión que trasciende lo “protocolar”.
La función de clase del secretismo
Desde una perspectiva marxista, la opacidad que rodea el encuentro entre Kast y Thiel no es un accidente ni una falla del sistema. Es la expresión de una lógica de clase: el poder político y el poder económico se reúnen a puertas cerradas para decidir el destino de la sociedad, mientras la ciudadanía es excluida del debate. El blindaje constitucional que invoca el gobierno no es más que la coartada legal para ocultar la entrega de soberanía digital a una corporación que construye armas de información al servicio del imperio.
La pregunta que el diputado Winter dejó planteada sigue sin respuesta: “¿qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”. La clase trabajadora chilena debe preguntarse también: ¿qué tipo de “seguridad” nos espera cuando los datos de los ciudadanos, sus movimientos, sus comunicaciones y sus vidas sean procesados por los algoritmos de una empresa que no rinde cuentas al pueblo? La respuesta está en el secretismo: mientras los poderosos negocian a puertas cerradas, los de abajo seguimos pagando el precio de un sistema que nos vigila sin que podamos siquiera saber quién nos vigila.