El gobierno de José Antonio Kast nombró al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, en un movimiento que la izquierda y los trabajadores del cobre han interpretado como la antesala de una privatización encubierta de la principal empresa estatal del país. Mientras el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descarta formalmente la venta de la cuprífera, el nuevo timonel de la estatal llega con un discurso de “mano firme” y “transparencia” que oculta el verdadero objetivo: allanar el camino para que el capital privado se haga de los activos más rentables de la compañía, tal como lo han sugerido el propio Presidente Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La clase trabajadora chilena, dueña histórica del cobre, asiste a una nueva embestida de la derecha contra el patrimonio nacional, disfrazada de “modernización” y “eficiencia”.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La batalla por el cobre chileno ha entrado en una nueva fase. El pasado 27 de mayo, Bernardo Fontaine Talavera asumió como presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), tras ser designado por el Presidente José Antonio Kast. El nombramiento, que releva a Máximo Pacheco, ocurre en un contexto de fuerte cuestionamiento del Ejecutivo a la gestión de la estatal, a la que acusan de tener “problemas de gobernanza” y de arrastrar una deuda que creció en más de 5 mil millones de dólares en los últimos cinco años.
Pero la llegada de Fontaine, un economista de vasta trayectoria en el mundo empresarial y cercano a los círculos del poder económico, no es un cambio de mera gestión. Es el primer paso de una estrategia que busca instalar la idea de que Codelco es una empresa inviable en su forma actual, para justificar su entrega al capital privado. La misma estrategia que la derecha chilena ha ensayado con otras empresas públicas: desprestigiar la gestión, inflar el endeudamiento y presentar la “inyección de capital privado” como la única salida.
El discurso de la “eficiencia” y la realidad del saqueo
El biministro Daniel Mas ha sido enfático en descartar una privatización lisa y llana: “No estamos hablando de privatizar, sino de trabajar con privados”. La frase además de hipócrita, es la coartada perfecta. El gobierno no necesita vender Codelco para entregársela a los privados; le basta con abrir la puerta a la inversión privada en sus activos más rentables, mientras la empresa estatal se queda con la deuda y los proyectos estructurales más complejos.
Fontaine ha sido claro en sus prioridades: “seguridad, seguridad y seguridad”, “maximizar los aportes al Estado sin endeudar más a la compañía” y “ordenar la casa con mano firme”. Lo que el nuevo presidente no dice es que la “maximización de aportes” al Estado es incompatible con el desendeudamiento, a menos que se recurra a la venta de activos. La contradicción es insalvable, y solo se resuelve con la transferencia de los yacimientos más atractivos a consorcios privados.
El propio Presidente Kast ya había abierto la puerta a esta posibilidad al afirmar que había que “abrir el debate” sobre la privatización. Y el ministro Quiroz, en una intervención en la junta de accionistas de Codelco, fue más allá al afirmar que la propiedad de la cuprífera está en la Constitución y que “cualquier tema que pudiese llegar el día de mañana a plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos”, una forma de allanar el camino para futuras modificaciones legales.
La hipocresía del “salvataje” y la realidad de la deuda
El gobierno de Kast ha instalado la narrativa de que Codelco está en una situación crítica, que requiere una “operación salvataje”. La producción de la estatal cayó cerca de un 20% en los últimos años, y las utilidades han disminuido drásticamente. Sin embargo, la realidad es más compleja. El estancamiento productivo de Codelco no es un fracaso de la gestión pública, sino el resultado de décadas de políticas que priorizaron la extracción a corto plazo sobre la exploración y la inversión de largo plazo.
La deuda de Codelco, que el gobierno esgrime como prueba de su “crisis”, es en gran parte el resultado de las exigencias fiscales que la propia Ley Reservada del Cobre impone a la empresa. Como señaló el exministro Pacheco, la estatal ha enfrentado “décadas de subinversión” y las “obligaciones financieras de la empresa, incluyendo la entrega de utilidades y el 10% de sus ingresos al Estado”. La derecha no menciona que la “crisis” de Codelco es, en buena medida, producto de un Estado que la ha vaciado para financiar sus gastos corrientes.
La función de clase del “debate” sobre Codelco
Desde una perspectiva marxista, la ofensiva del gobierno de Kast contra Codelco no es un asunto de gestión técnica, sino de lucha de clases. El cobre es el principal recurso estratégico de Chile, y Codelco es la herramienta que el Estado tiene para capturar la renta minera en beneficio de la nación. Privatizar Codelco, o incluso abrirla a la inversión privada en sus activos más valiosos, es transferir al capital privado una parte central de la riqueza que la clase trabajadora ha producido durante décadas.
La derecha chilena ha utilizado el mismo argumento en todas sus ofensivas contra el Estado: ineficiencia, déficit, necesidad de inversión privada. Lo que siempre oculta es que la “eficiencia” del sector privado no se traduce en beneficios para el pueblo, sino en mayores ganancias para los grandes grupos económicos, en menores ingresos fiscales y en una mayor dependencia del capital extranjero.
El diputado de Renovación Nacional Daniel Valenzuela, fiel a la línea oficial, ha descartado una privatización en el corto plazo. Pero el “no hay espacio para hablar de privatizar” es una cortina de humo. La derecha no necesita un debate frontal sobre la privatización; necesita instalar la idea de que Codelco es un problema que solo el capital privado puede resolver. Y para eso, ha puesto a un hombre de confianza al mando de la empresa.
Epílogo: la defensa del cobre es la defensa del pueblo
La clase trabajadora chilena no puede permitir que la derecha repita la historia. La privatización de las empresas públicas no ha traído más que desempleo, precarización y fuga de capitales. El cobre, como el litio, debe seguir siendo un recurso al servicio del desarrollo nacional, no un botín para los grupos económicos.
El debate sobre Codelco es el debate sobre el modelo de país. La derecha quiere un Chile donde los recursos naturales estén en manos de unos pocos, donde el Estado se reduzca a un mero administrador de los intereses del capital. La izquierda y los trabajadores debemos defender la propiedad estatal del cobre, no como un dogma, sino como una herramienta para construir una sociedad más justa y soberana. La batalla recién comienza.