El conductor que fue sorprendido circulando a 264 km/h en la Costanera Norte —más del doble del límite permitido— y que quedó en libertad, manteniendo su licencia y con su identidad resguardada por orden judicial, es primo directo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. La revelación, realizada por Fast Check y confirmada por diversos medios, ha encendido todas las alarmas sobre el doble rasero de un sistema judicial que, mientras persigue con saña a los pobladores de la periferia ya los enemigos del sistema, aplica una vara distinta cuando el infractor está conectado con las altas esferas del poder. El silencio del ministerio ante la consulta de la prensa es la confesión de una corporación que blinda a los suyos. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la confirmación de una verdad incómoda: la ley, en el Chile de los patrones, se doblega ante los apellidos y el poder económico. Mientras un manifestante es condenado con todo el peso de la justicia, un integrante de la élite puede poner en riesgo la vida de cientos de personas y salir del tribunal conduciendo su propio vehículo. Esa es la justicia de clase que la derecha se empeña en negar.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El domingo 21 de junio, Carabineros de la 32° Comisaría de Tránsito detectó un vehículo BMW circulando a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, donde el límite máximo es de 100 km/h. El conductor, un hombre de 38 años, fue detenido por conducción temeraria, un delito que, según la fiscal Andrea Contreras, es “particularmente gravoso y peligroso” porque pone en riesgo a las familias que circulan por la vía.
El Ministerio Público, consciente de la gravedad del hecho y de los antecedentes del imputado —quien registra una condena previa por conducir en estado de ebriedad y antecedentes por infracción a la Ley de Drogas—, solicitó al tribunal la medida cautelar de arresto domiciliario total. La jueza Ximena Rivera Salinas, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, no solo rechazó la petición de la fiscalía, sino que decretó medidas cautelares de mínima entidad: firma mensual y arraigo nacional. Ni siquiera le suspendieron la licencia de conducir. El imputado salió del Centro de Justicia con la posibilidad de seguir conduciendo.
El árbol genealógico del privilegio
Pero la historia no termina ahí. Este miércoles, Fast Check reveló que el conductor de los 264 km/h es primo directo de Luz María Izquierdo Irarrázaval, esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. El vínculo familiar se establece porque el padre de la cónyuge del ministro y el padre del imputado son hermanos. Además, ambos forman parte del Grupo Izquierdo Menéndez, un conglomerado familiar con participación en diversas sociedades empresariales.
El ministro Arrau, la máxima autoridad del país en materia de seguridad, fue consultado por la prensa sobre el conflicto de interés que este parentesco genera. Desde el Ministerio de Seguridad descartaron referirse al tema. El silencio, en este caso, es más elocuente que cualquier declaración.
La farsa de la “identidad protegida”
Para rematar el escándalo, la jueza Rivera decretó la prohibición de divulgar la identidad del imputado y cualquier antecedente que permita su individualización. La medida, que busca “proteger” al conductor, ha sido duramente criticada incluso por figuras del mundo judicial. El exfiscal Carlos Gajardo fue lapidario: “No tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación”. El abogado Claudio Valdivia calificó la decisión como insólita y espera que la Corte de Apelaciones rectifique “la falta de sentido común en términos de no estimar que una persona que maneja a 260 kilómetros por hora y con antecedentes con manejo en estado de ebriedad, hoy tenga la posibilidad de manejar”.
La función de clase de la toga
El caso del conductor de los 264 km/h no es una anomalía, sino la expresión de una lógica de clase que impregna todo el sistema judicial chileno. El abogado y panelista de Tu Día, Claudio Valdivia, resumió la indignación general: “A esa persona no le quitaron la licencia, podría haberse ido manejando del Centro de Justicia. No quedó con ninguna medida cautelar gravosa”. Mientras los hijos de la clase trabajadora son criminalizados por una toma estudiantil o una protesta social, los miembros de la élite económica, protegidos por sus apellidos y sus contactos, pueden circular a 264 km/h poniendo en riesgo la vida de decenas de personas y salir del tribunal con la misma libertad con la que entraron. La justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. El gobierno de Kast, que se llena la boca con discursos de “mano dura”, guarda silencio cuando la mano dura golpea la puerta de su propia familia política. La clase trabajadora no debe olvidar esta lección: en el Chile del capital, la ley se dobla, pero nunca se rompe. Solo se aplica con saña a los de abajo, y con benevolencia a los de arriba.