A 40 años del crimen de Estado que conmocionó al mundo, el 40 aniversario del “Caso Quemados” encuentra a Chile en una encrucijada: mientras la memoria de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana se mantiene viva en las calles y las exposiciones, el avance de la ultraderecha, el negacionismo y la impunidad parcial amenazan con enterrar las lecciones de la dictadura. La madre de Rodrigo, Verónica de Negri, ha vuelto a alzar la voz para recordar que “el Ejército sigue ejerciendo el terrorismo con su pacto de silencio”, mientras Carmen Gloria Quintana confiesa su decepción: “pensaba que Chile había aprendido un poco de lo que sucedió en dictadura” . La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la misma historia: el Estado que quemó vivos a dos jóvenes sigue siendo el mismo que, 40 años después, protege a los responsables y permite que el negacionismo avance como parte de la ofensiva de la derecha contra los derechos humanos.
Por Daniel Jadue
El 2 de julio de 1986, una patrulla militar detuvo a dos jóvenes en la población Los Nogales, en la comuna de Estación Central, durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. Los golpearon, los rociaron con combustible y les prendieron fuego. Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo de 19 años que había regresado del exilio para retratar la resistencia, agonizó durante cuatro días y murió el 6 de julio en la Posta Central. Carmen Gloria Quintana sobrevivió con quemaduras de segundo y tercer grado en el 62% de su cuerpo. Fueron abandonados en un sitio rural de Quilicura, como si fueran desechos.
Cuatro décadas después, el “Caso Quemados” sigue siendo un símbolo de la barbarie del terrorismo de Estado. Pero también es un recordatorio de la impunidad que ha caracterizado a la transición chilena. Recién en enero de 2024, la Corte Suprema confirmó condenas de 20 años de prisión para cuatro responsables del crimen, gracias al testimonio de un conscripto que rompió los pactos de silencio del Ejército . Uno de los condenados, Iván Humberto Figueroa Canobra, sigue prófugo .
La memoria como resistencia
A pesar de la tardanza de la justicia, la memoria de Rodrigo Rojas se mantiene viva. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acoge hasta el 17 de agosto la exposición “Diásporas del exilio”, con algunas de las últimas imágenes tomadas por el joven fotógrafo en la población Los Nogales. En abril de 2024, la calle Hernán Yungue —donde fue detenido— fue rebautizada con su nombre.
La madre de Rodrigo, Verónica de Negri, ha dedicado su vida a la lucha por la justicia. En una entrevista con Prensa Latina, recordó los últimos momentos de su hijo: “A él lo llevaron para el sexto piso del hospital y cuando lo vi casi me morí. Estaba desnudo, lleno de jeringas, transfusión de sangre, sueros y fue muy doloroso para mí”. Verónica fue detenida y torturada por la dictadura, y su hijo creció en el exilio en Estados Unidos, donde se formó como fotógrafo junto a otro exiliado chileno, Marcelo Montecino.
La decepción de Carmen Gloria Quintana
Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió al ataque y continuó su lucha desde el exilio en Canadá, ha sido una de las voces más críticas del estado actual de los derechos humanos en Chile. A 40 años del crimen, declaró a Radio Universidad de Chile: “Estoy decepcionada, porque pensaba que Chile había aprendido un poco de lo que sucedió en dictadura, y siento que en esta etapa, en estas últimas elecciones que hubo, hay una marcada regresión en cuanto al compromiso del Estado con los derechos humanos”.
Sus palabras resuenan con especial fuerza en el contexto actual. El avance de la ultraderecha, la militarización de la vida social, la criminalización de la protesta y el negacionismo que crece en sectores del poder político y económico son un recordatorio de que la dictadura no terminó en 1990: se transformó. Como ha señalado la propia Verónica de Negri, “el Ejército sigue ejerciendo el terrorismo con su pacto de silencio”.
La función de clase de la impunidad
Desde una perspectiva marxista, el “Caso Quemados” no es un hecho aislado de la historia, sino la expresión más brutal de la lógica de clase que ha gobernado Chile durante décadas. La dictadura de Pinochet no fue un accidente; fue el instrumento de la burguesía chilena para imponer un modelo económico que concentra la riqueza en manos de unos pocos y criminaliza a los que se resisten. El crimen contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana fue un acto de terrorismo de Estado diseñado para aterrorizar al pueblo y disciplinar a los que se atrevían a desafiar el orden establecido.
La impunidad que ha caracterizado la transición no es una falla del sistema, sino su característica central. Los mismos grupos económicos y políticos que financiaron y apoyaron la dictadura siguen controlando el Estado. La justicia tardía y parcial que se ha aplicado a los responsables del crimen es una concesión a la presión social, no una reparación estructural. Mientras el negacionismo avanza y la ultraderecha gana terreno, la clase trabajadora debe recordar que la lucha por los derechos humanos es inseparable de la lucha por la justicia social.