El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a pagar una multa de $246.918.500 y a cuatro años de libertad vigilada intensiva por los delitos de incremento patrimonial injustificado y lavado de activos. El fallo, que además decretó el comiso de una propiedad en La Reina y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es presentado por la Fiscalía como un “castigo intenso” al enriquecimiento ilícito. Pero la letra chica de la sentencia revela la verdadera naturaleza de clase del sistema judicial chileno: Aguilera no pisará la cárcel, el delito de cohecho pasivo fue declarado prescrito, y el exedil, que durante años saqueó el municipio, cumplirá su condena en libertad vigilada. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: la ley, en el Chile de los patrones, se aplica con saña a los de abajo y con benevolencia a los de arriba. Mientras un poblador puede ser condenado a prisión efectiva por un delito menor, un exalcalde que desvió millones de pesos de los recursos públicos seguirá durmiendo en su casa, condenado a una vigilancia que ningún sistema de control podrá garantizar.
Por Equipo El Despertar
El saqueo del municipio: un patrimonio construido sobre el sudor de los trabajadores
La historia de Miguel Ángel Aguilera es la historia de cómo el poder político se convierte en una máquina de acumulación para la élite. Durante su gestión como alcalde de San Ramón, entre 2013 y 2017, el exedil incrementó su patrimonio en más de **$268 millones sin justificación**. La Fiscalía Metropolitana Sur lo acusó de haber recibido millonarios pagos en efectivo durante su calidad de edil, montos que se acercan a los $283 millones. El tribunal dio por acreditado que Aguilera, empleado público y durante el ejercicio de su cargo, cometió los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.
Pero el verdadero escándalo no es solo el monto desviado, sino la hipocresía de un sistema que permite que un exalcalde condenado por corrupción cumpla su pena en libertad. El tribunal aplicó las reglas generales del derecho penal y sustituyó la pena privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva. El fiscal Víctor Núñez defendió la decisión argumentando que “ante una pena de cuatro años se aplicó una medida sustitutiva de libertad vigilada intensiva”. Pero la clase trabajadora sabe que esta “pena sustitutiva” no es más que una puerta trasera para que los poderosos eludan la cárcel.
La prescripción del cohecho: la impunidad como política de Estado
La sentencia absolvió a Aguilera del delito de cohecho pasivo reiterado porque la acción penal se encontraba prescrita. El último delito se acreditó en enero de 2016, y su formalización se realizó en 2021. La prescripción no es un accidente técnico; es la confirmación de que el sistema judicial chileno está diseñado para proteger a los poderosos. Los procesos se dilatan, los plazos se estiran y, cuando finalmente llega la condena, los delitos ya han prescrito. La impunidad no es una falla del sistema; es su característica central.
El fiscal Núñez celebró la sentencia como un “castigo intenso” porque “se pierde todo lo que eventualmente pudieron haber ganado en razón de esta actividad ilícita”. Pero la clase trabajadora sabe que la multa de $246 millones y el comiso de una propiedad en La Reina no reparan el daño causado a los habitantes de San Ramón, ni devuelven los recursos que fueron desviados de la educación, la salud y la vivienda de los sectores populares.
La función de clase de la justicia: la ley para los de abajo, la impunidad para los de arriba
Desde una perspectiva marxista, el caso de Miguel Ángel Aguilera no es una anomalía del sistema judicial, sino su expresión más pura. La ley, en el Chile del capitalismo neoliberal, no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. El mismo sistema que persigue con saña a los pobladores por una toma de terreno, que encarcela a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, es el que permite a un exalcalde condenado por corrupción cumplir su pena en libertad vigilada.
Mientras los de abajo son condenados con todo el peso de la ley, los de arriba disfrutan de un estatuto de excepción que les permite dilatar procesos, prescribir delitos y, en última instancia, salir impunes. La condena a Aguilera es un recordatorio de que la justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción. La verdadera corrupción no está en los sobres que recibió Aguilera, sino en un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo.
Epílogo: la deuda del sistema con los de abajo
La condena al exalcalde de San Ramón es un paso adelante en la búsqueda de justicia, pero no es suficiente. Los $246 millones de multa no repararán el daño causado a los habitantes de la comuna. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no devolverá los recursos que fueron desviados de la educación, la salud y la vivienda de los sectores populares. Y la libertad vigilada no garantiza que Aguilera no vuelva a cometer los mismos delitos.
El caso de Aguilera es un espejo de la podredumbre del sistema político chileno. Un exalcalde que saqueó el municipio durante años es condenado, pero cumple su pena en libertad. Un delito de cohecho prescribe porque el proceso se dilató. Una multa millonaria se paga con el patrimonio ilícito que el propio delito generó. La justicia, en el Chile de los patrones, no es un instrumento de reparación, sino un mecanismo de legitimación del poder.
La clase trabajadora debe entender que este caso no es una excepción, sino la regla. Mientras el sistema judicial siga siendo un instrumento al servicio del capital, la impunidad de los poderosos seguirá siendo la norma. La única salida no es esperar que los tribunales hagan justicia, sino organizarse para construir un sistema que realmente castigue a los corruptos y repare a las víctimas. Mientras los de arriba sigan durmiendo en sus casas, los de abajo seguirán esperando justicia.